Heemskerk, 21 de enero de 2016

 

En el día de hoy, en una reunión en los Países Bajos, pequeños agricultores de cannabis, coca y amapola provenientes de 14 países[1] discutieron sus contribuciones a la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGASS) que se llevará a cabo en Nueva York entre el 19 y el 21 de abril de 2016. En la UNGASS se discutirán todos los aspectos de las políticas mundiales de control de drogas, incluyendo la prohibición mundial sobre el cultivo de coca, cannabis y amapola, tema en que demandamos, como Foro Mundial de Agricultores, que nuestra voz sea escuchada y tomada en cuenta.

 

Considerando que:

 

1. Hasta la fecha, los representantes de pequeños agricultores de plantas prohibidas y las comunidades afectadas no han sido tomados en cuenta adecuadamente en los debates internacionales sobre políticas de drogas.

 

2. Existen contradicciones e inconsistencias inherentes en la aplicación del control internacional de drogas, incluidos programas de Desarrollo Alternativo, y los tratados de derechos humanos que priman sobre los tratados en materia de drogas. Las agencias de la ONU y los Estados miembros de la ONU están ligados a cumplir sus obligaciones bajo la Carta de Naciones Unidas para promover “el respeto universal a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos (…) y la efectividad de tales derechos y libertades”.

 

3. El anterior Foro de Agricultores contribuyó a la evaluación de las Naciones Unidas respecto al objetivo perdido de alcanzar un mundo libre de drogas para 2009. La Declaración Política de la ONU adoptada en aquel entonces estableció el 2019 como la nueva fecha meta “para que los Estados eliminen o reduzcan considerable y mensurablemente” los cultivos ilícitos de amapola, coca y cannabis.

 

4. Tomando en consideración los problemas enfrentados por las comunidades donde dichas plantas son cultivadas, el Foro de Agricultores discutió los siguientes puntos:

a) políticas de control de cultivos y erradicación forzosa;

b) usos tradicionales, medicinales y modernos de las plantas controladas;

c) desarrollo rural sostenible;

d) drogas y conflicto.

 

CONCLUSIONES

 

1. La erradicación forzosa – incluida la química, biológica, manual o cualquier otra forma – de los cultivos producidos por pequeños agricultores es contraria a los derechos humanos, causa diversos conflictos, expande la frontera agrícola, genera degradación ambiental, causa inseguridad alimentaria y destruye las estrategias de sobrevivencia de la economía rural. Agrava los problemas sociales – así como los problemas relativos a salud, seguridad interna, incremento de la pobreza –, permite el desplazamiento de poblaciones afectadas, deslegitimiza a las instituciones del Estado, militariza a las comunidades locales y es una forma de intervención no democrática, fuerza a quienes han sido impactados a buscar estrategias de sobrevivencia en otras actividades económicas informales e ilícitas y en algunos casos empuja a la gente a tomar decisiones radicales. Finalmente, la erradicación forzosa es contraproducente con respecto al desarrollo sostenible.

 

2. La inclusión de las tres plantas en los tratados internacionales en materia de drogas impide el reconocimiento de los usos tradicionales y modernos[2], y la habilidad para obtenerlas legalmente. No todas las personas tienen acceso a los usos médicos y el mercado está controlado por la industria farmacéutica. En algunos países, las leyes reconocen los usos tradicionales y usos médicos. Los usos nutricionales y otras formas de industrialización de estas plantas no han sido ampliamente promovidos, a pesar del hecho de existir muchos ejemplos de iniciativas comunales e institucionales que demuestran los beneficios de tales usos. Los usos recreativos de estas plantas están completamente prohibidos a pesar de que un creciente número de países está viendo cómo regular dichos mercados. Los productores, sus dirigentes, usuarios y sus organizaciones continúan siendo estigmatizados, criminalizados y encarcelados.

 

3. Las estrategias de desarrollo rural deben promover la agricultura de pequeña escala. La mayoría de los participantes en el Foro de Agricultores no fueron beneficiarios del Desarrollo Alternativo u otras formas de asistencia. Aquellos que sí han tenido experiencias con programas de Desarrollo Alternativo afirman que los mismos han fracasado ampliamente en mejorar las condiciones de vida de las comunidades afectadas. Los principales problemas han sido la falta de implicación de las comunidades en el diseño, la planificación y ejecución de las intervenciones; marcos de corto plazo; asistencia técnica inadecuada; fomenta la corrupción y los fondos no llegan a los beneficiarios indicados; fallas en tomar en cuenta perspectivas de género; los cultivos usados para el Desarrollo Alternativa afectan de forma negativa al medio ambiente y no promueven la soberanía alimentaria, al centrarse en los monocultivos y fomentar el acaparamiento de tierras para grandes empresas; y la falta de acceso sostenible a la tierra, mercados y tecnologías. El condicionamiento de la asistencia al desarrollo previa erradicación deja a las gentes sin fuentes de ingresos, empujándolas nuevamente hacia la agricultura de cultivos ilícitos. Los actuales programas de Desarrollo Alternativo no incluyen su cultivo para fines lícitos.

 

4. La prohibición de la coca, el cannabis y la amapola genera conflictos, y las personas y comunidades que cultivan son criminalizadas, discriminadas y procesadas penalmente. Los diferentes niveles de conflicto que existen tienen sus orígenes tanto en las políticas de control de drogas como en el mismo mercado de drogas. Los conflictos y la violencia son causados por las intervenciones de autoridades del Estado (fuerzas armadas y policiales), a través de los actos de erradicación u otras intervenciones; la presencia de grupos armados y de guerras internas; divisiones étnicas y disputas territoriales y fronterizas; acceso y control de la tierra; acceso al agua y a otros recursos naturales/bienes comunes; corrupción; migración y desplazamiento; sobrecarga del sistema judicial; tráfico ilegal de armas y precursores, y tala ilícita; y desempleo, entre otros.

 

RECOMENDACIONES

 

1. Rechazamos la guerra contra las drogas y la prohibición.

 

2. Exigimos que se retire la coca, el cannabis y la amapola de las listas y artículos de la Convención Única de 1961 y de la Convención de 1988. Ninguna planta debería ser controlada bajo las Convenciones de las Naciones Unidas ni por las legislaciones nacionales. Demandamos el derecho al cultivo para el uso tradicional y moderno[3] de estas plantas.

 

3. Pedimos la eliminación de todas las formas de erradicación no voluntaria.

 

4. Demandamos que todas las comunidades afectadas estén involucradas en todas las etapas de las políticas de drogas y de desarrollo, desde el diseño a su implementación, monitoreo y evaluación.

 

5. En el caso de que la reducción de cultivos sea deseable y factible, necesita ser gradual y consensuada vía diálogo y acuerdo con las comunidades afectadas, basado en la confianza y el respeto mutuo.

 

6. El condicionamiento de erradicación previa a la asistencia al desarrollo no es aceptable. Las secuencias apropiadas en las intervenciones son fundamentales para su éxito.

 

7. El desarrollo rural integrado y sostenible debe ser la principal intervención para las comunidades que producen dichos cultivos. El desarrollo debe promocionar y proteger la vida de los pequeños agricultores y trabajadores rurales, y garantizar el acceso a la tierra y los bienes comunes naturales, así como el control de estos.

 

8. El Estado y sus instituciones deben asumir responsabilidades para identificar las necesidades de las comunidades involucradas en el cultivo de coca, cannabis y amapola.

 

9. Exigimos el cese del procesamiento penal de los agricultores y sus familias involucrados en el cultivo de coca, cannabis y amapola, y su discriminación.

 

10. La coca, el cannabis y la amapola y su uso en formas naturales no deben ser criminalizados.

 

11. La expansión de mercados lícitos de coca, cannabis y amapola debe llegar a ser parte de las estrategias de desarrollo.

 

12. Apoyamos los procesos de paz en Colombia y Myanmar, que deberían ser incluyentes.