La soberanía alimentaria, objetivo de nuestra alianza, está siendo saboteada por  el crítico acaparamiento y concentración de la propiedad y el uso de la tierra y del agua, y también puesta en riesgo por  la utilización creciente de agrotóxicos, vendidos por las mismas transnacionales que controlan  la producción de semillas híbridas y transgénicas. La mercantilización  de la tierra, la semilla y el agua  están amenazando severamente la producción, la continuidad y la calidad de los alimentos  que construyen la soberanía alimentaria. Nunca antes fueron tan caros los alimentos, que se transan en la bolsa como mercancías. La producción alcanza records pero está destinada en su mayoría a las necesidades de forraje y biocombustibles del norte global, mientras las comunidades de nuestra región que requieren alimentos sanos, cada vez tienen menos acceso a ello.

Asistimos a una merma en la producción de alimentos para las comunidades, dado que cada vez la tierra está menos en manos de productores y más en especuladores financieros, quienes la utilizan  para producir cultivos de exportación y biocombustibles.  Los difusores de los agronegocios son quienes utilizan a los bienes comunes naturales como uno más de los recursos financieros, sin atender a los ritmos biológicos de la naturaleza, a los ciclos y a los flujos naturales que propician la sustentabilidad.

Estos agronegocios  se oponen  a la  producción familiar  para autoconsumo y/o el mercado interno. Encaran una paradoja: cada vez se produce en mayor proporción para exportar y menos para el consumo interno; hay más dinero para los especuladores y más gente pasando hambre o malnutriéndose.

Pero no solo se resiente la producción alimentaria, también el acceso a dichos alimentos,  ya que la escasez, los incrementos de los costos de producción y  la utilización de los alimentos como bienes de especulación, como el petróleo y los minerales, hacen que las alzas de precio los hagan inaccesibles para una franja importante de la población.

La calidad de los alimentos está amenazada por el incremento en la utilización de agrotóxicos, especialmente los plaguicidas altamente peligrosos,  debido a la expansión de los monocultivos, al cambio climático y a la aparición de supermalezas resistentes  a plaguicidas, y también puesta en riesgo por la expansión de cultivos transgénicos como la soja, maíz, canola, berenjena, poroto. La propaganda agroexportadora habla de una elevada calidad formal y trazabilidad de los alimentos  pero nada dice de la calidad real de estos,  con residuos de plaguicidas y material genético que puede producir enfermedades según lo acreditan estudios científicos independientes.

En todo el continente se asiste a un embate de las empresas de semillas, muchas veces amparadas por los mismos gobiernos, quienes buscan la aprobación de leyes que impidan la conservación y utilización de semillas en manos de los productores y a su vez propician el patentamiento de genes, plantas y semillas con la finalidad de incrementar sus ganancias y avanzar en el control de la producción global de alimentos. A la hora de resguardar el patrimonio genético, la biodiversidad y la salud de la población, los gobiernos se muestran negligentes, en contraste con su pronta disposición a proteger los intereses de las transnacionales agroquímicas. Los planteamientos del relator de Naciones Unidas por el Derecho a la Alimentaciòn, Olivier de Schutter respecto de abandonar el paradigma productivista y optar por la agroecología, no han sido escuchados por los gobiernos. Pese a los visibles impactos negativos del modelo agroexportador, los organismos internacionales vinculados a la agricultura y la economía han demorado en rectificar, y en implementar recomendaciones a los gobiernos que les permitan  dar un vuelco y priorizar la agricultura familiar campesina.

Se requieren políticas específicas que alienten la producción de alimentos sanos, sin transgénicos ni plaguicidas para todos los habitantes de nuestros países,  posibilitando el desarrollo de la agricultura familiar campesina y protegiendo el patrimonio genético. Las políticas públicas deben facilitar un real y consecuente acceso a la tierra y al agua en cantidad y calidad suficientes para posibilitar una justa producción y acceso a los alimentos. A su vez debemos propiciar la creación y desarrollo de mercados locales a fin de evitar una intermediación que impide a los productores y consumidores acceder a precios justos para unos y otros. Se requiere desarrollar una mirada crítica a las modalidades actuales de consumo que en definitiva son las que presionan a todo el sistema productivo rural. Las organizaciones de consumidores deben conocer todas las implicancias de salud, sociales y ambientales que genera la actual situación.

Se debe valorizar a  la agroecología como el único modo de producción y relacionamiento entre los seres humanos y con los bienes naturales  que a partir del respeto de la diversidad biológica y cultural garantiza la resiliencia, sustentabilidad y estabilidad de los agroecosistemas y el acceso a una adecuada alimentación. La agroecología es mucho más que un modo de producción, es una filosofía de vida y de relacionamiento respetuoso entre los seres humanos y la naturaleza.   

Los movimientos sociales, las organizaciones de la sociedad civil, los sindicatos, las asociaciones de productores, pescadores, apicultores, pastores, los pueblos originarios, estamos llamados a involucrarnos en los procesos que lleven a la consecución real y el respeto por la soberanía alimentaria. Se requiere generar y compartir información, claridad de objetivos y actuar sobremanera con transparencia en nuestros acuerdos y acciones

Santiago de Chile, Mayo de 2014

Red de Acción en Plaguicidas y Alternativas de cambio de América Latina  RAP-AL

Javier Souza Casadinho

Rivadavia 4097 Marcos Paz, Buenos Aires, Argentina

javierrapal@yahoo.com.ar

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