Desde la Organización de Mujeres Campesinas e Indígenas Conamuri denunciamos que empresarios y corporaciones, en contubernio con funcionarios locales del Indert (Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra), usufructuando el aparato fiscal-policial, perpetran actos de amedrentamiento y amenazas contra pobladoras y pobladores campesinos que, en consecuencia, viven en permanente estado de zozobra.

Se trata del Asentamiento Ko’ê Pyahu, ubicado en el distrito de Juan Manuel Frutos, Pastoreo -departamento de Caaguazú-, donde 120 familias censadas ocupan desde hace tres años 2.300 has. de tierra pertenecientes al INDERT y destinadas a la Reforma Agraria. Años anteriores otros ciudadanos de origen extranjero ingresaron al territorio para provocar deforestación y otros daños ambientales que solo benefician a sus empresas. Esta vez, son menonitas que cultivan pinos y eucaliptos los que pretenden adueñarse de las tierras de las familias campesinas allí asentadas y que se dedican a la agricultura agroecológica.

El INDERT en forma institucional respalda la tramitación de las familias campesinas en su proceso de constitución de asentamiento, ya que, de hecho, se está actualmente en la etapa de designar a un juez para iniciar los trámites de la mensura judicial. Pero, funcionarios locales de esta institución del Estado, son los que permiten que se desenvuelvan situaciones de latente violencia al alquilar las tierras a empresarios del agronegocio. Frecuentemente éstos últimos, acompañados de efectivos policiales y fiscales y bajo tutela de la APER (Agrupación de Protección Ecológica y Rural) van hasta la comunidad para lanzar amenazas de allanamiento y cateo en las viviendas campesinas.

Ya están imputadas alrededor de 40 personas en el último lapso por diferentes acusaciones que, en el marco de la lucha por la tierra, constituyen criminalización de la protesta social: invasión de propiedad ajena, asociación criminal, abigeato. Nada de esto se ha probado. No se puede hablar de invasión cuando la ocupación es pacífica y ha sido adjudicada por el INDERT a las familias campesinas; es inviable hablar de asociación criminal cuando las familias conformaron una Comisión Vecinal Ko’ê Pyahu para presentarse y gestionar ante las instituciones y está plenamente reconocida y habilitada; el abigeato no ha sido probado jamás, por lo que se trata de injurias para provocar la intervención de las autoridades y la aplicación de leyes que castigan la organización social por su contenido ideológico, como la Ley Antiterrorista.

En el asentamiento, las y los pobladores cultivan rubros de autosustento y también para la renta. Viven y quieren seguir viviendo en libertad, y eso es una afrenta para el capitalismo agrario -encarnado en esta ocasión por los empresarios menonitas- que no concibe la idea de que una comunidad crezca desde la autogestión y desarrolle su forma de vida y su sistema de producción a través de mecanismos propios y dignos. Rodeados de cultivos extensivos de soja, plantaciones de eucalipto y pino, pastura para la gran ganadería, la comunidad Ko’ê Pyahu sigue los principios de la Agroecología para producir alimentos sanos con los que se surten los mercados de Caaguazú y Alto Paraná.

Responsabilizamos desde Conamuri cualquier hecho de violencia contra esta comunidad de Pastoreo a los empresarios menonitas que disputan estas tierras con argumentos que no tienen asidero alguno; a los corruptos funcionarios locales del INDERT y a los policías y fiscales que se prestan para perpetrar estas acciones que están totalmente fuera de la ley.

Tierra para la Vida

¡Reforma Agraria, urgente y necesaria!