Para solucionar la actual crisis social y económica del Catatumbo exigimos:

 

1. Que la interlocución entre el campesinado movilizado y la institucionalidad estatal se realice a través de de la Mesa de Interlocución y Acuerdo- MÍA. Que esta convoque a las autoridades competentes (ver lista al final)

 

2. La declaración inmediata de la Zona de Reserva Campesina del Catatumbo, esto en el marco del cumplimiento de las obligaciones legales que tiene el Incoder en virtud del artículo 81 de la Ley 160 de 1994 y del Decreto 1777 de 1996; así como de los acuerdos suscritos entre la Asociación Campesina del Catatumbo y la institucionalidad local y departamental.

 

3. Definir claramente la ruta de financiación e iniciar la ejecución inmediata de los proyectos priorizados del Plan de Desarrollo Sostenible de la Zona de Reserva Campesina.

 

4. Suspensión inmediata de las erradicaciones forzosas de cultivos de coca y ejecución de un programa de sustitución gradual y concertada de los cultivos de uso ilícito en el marco de la propuesta productiva del PDS-ZRC.

 

5. Recogiendo la propuesta del gobernador, señor Edgar de Jesús Díaz Contreras, se exige mitigar la crisis alimentaria producida por las erradicaciones forzadas de los cultivos de coca mediante el otorgamiento de subsidios de un millón quinientos mil pesos (1.500.000) mensuales a las familias afectadas; para tal efecto es necesario elaborar un diagnóstico que dimensione el número de familias beneficiarias. El subsidio debe prorrogarse por mínimo dos años, o hasta que la implementación de los proyectos productivos del PDS-ZRC garanticen la soberanía alimentaria del campesinado en la región.

 

6. Suspensión de los proyectos de la locomotora minera y la política del plan de consolidación en el territorio de la Zona de Reserva Campesina. Reconocimiento del derecho constitucional de las comunidades campesinas a ser consultadas y a participar en todas las decisiones que puedan afectarles.

 

7. Frente a la situación de derechos humanos en la región:

 

• Se exige un reconocimiento público por parte del presidente de la república, del ministro del interior, del ministro de defensa y del comandante de las fuerzas militares; donde se reconozca el carácter civil del campesinado organizado en la Asociación Campesina del Catatumbo.

• Se exige el impulso de las investigaciones judiciales por violaciones de derechos humanos por parte del Estado, como una forma de superar la crisis generalizada de Derechos Humanos en la región.

• Se exige que se cree una comisión de verificación que revise: violaciones de Derechos Humanos, las infracciones al DIH, las capturas originadas por montajes judiciales relacionados con la aplicación de la Ley 30 y supuestos casos de rebelión; los seguimientos ilegales, la persecución y estigmatización en contra de la Asociación Campesina del Catatumbo.

• El problema de la coca debe tratarse como un problema económico, social y político y no como un problema criminal.

 

* Convocados a la Mesa de Interlocución y Acuerdo - MIA:

o Alcaldes, Concejos Municipales y Personeros de los 7 municipios

o Gobernador, señor Edgar Díaz.

o Ministros de:

1. Agricultura: De manera especial se convoca al ministro Francisco Estupiñan.

2. Interior

3. Minas

4. Defensa

5. Ambiente

o Gerente General del INCODER

o Vicepresidencia de la República

o Departamento para la Prosperidad Social

o Planeación Nacional

o Agencia Presidencial para la Cooperación

o Representantes de campesinos presos víctimas de montajes judiciales (por presuntos de ley 30 y rebelión)

o Defensoría del Pueblo

o Corponor

o Parques Nacionales Naturales

o Procuraduría

o Obispo de Tibú, monseñor Omar Sánchez