Con la disposición permanente de hacer sentir su voz desde el Congreso de la República para denunciar los actos que atentan contra la seguridad y la permanencia ancestral de los Pueblos Indígenas en sus territorios, el senador Luís Evelis Andrade Casamá lamentó, condenó y radicó constancia ante la plenaria del Senado por las muertes y actos violentos que han dejado luto y dolor en diversas regiones de Colombia.

Andrade Casamá rechazó de manera tajante los ataques ocurridos en días pasados, situaciones donde se han vulnerado derechos de carácter fundamental, además de propiciar que surjan estigmatizaciones, persecuciones, amenazas y desplazamientos para las familias de los líderes indígenas asesinados en diversos hechos.

De manera reciente, el sábado nueve de mayo se conoció la muerte del líder y médico tradicional Gustavo Bañol Rodríguez y su hijo Edwin Bañol Álvarez, miembros del pueblo Embera Chamí quienes fueron asesinados cuando regresaban de un trabajo ceremonial. Los hechos sucedieron en la vereda El Carmelo, municipio de Anserma, departamento de Caldas.

Anteriormente, el martes 14 de abril en la vereda Agua Bonita, corregimiento Los Robles, Resguardo Cerro Tijeras, cinco indígenas del Cauca fueron sacados a la fuerza de sus casas, y posteriormente asesinados con disparos en la cabeza por parte de un grupo de hombres armados sin identificar. Primero fueron encontrados los cuerpos sin vida de los hermanos Berney y Wilson Trochez; Cristian David Trochez, Belisario Trochez Ordoñez y Mario Germán Valencia.

De manera previa se había denunciado el caso de otro hermano indígena que fue silenciado por el Escuadrón Móvil Antidisturbios – ESMAD. Siberston Guillermo Pavi, quien se dio a conocer por sus contundentes luchas en el seno del Movimiento Juvenil Álvaro Ulcué y en la Guardia Indígena Nacional. Unido al caso anterior, también se ha denunciado el caso del coordinador de la Guardia Indígena Nacional, Luís Alfredo Acosta, quien en horas de la noche del viernes 17 de abril fue víctima de seguimiento por parte de hombres encapuchados y armados que merodeaban su sitio de residencia.

También fueron denunciados los asesinatos de José Joaquín Pinzón Mestizo, miembro del Resguardo Triunfo Cristal Páez, ultimado a bala por actores armados sin identificar; del líder indígena del Resguardo Cañamomo – Lomaprieta Fernando Salazar Calvo, quien actuaba como representante legal de la Asociación de Mineros Indígenas de La Unión, y a su vez era directivo de la Asociación de Mineros Indígenas del Resguardo de Cañamomo – Lomaprieta, ASOMICARS.

En lo que respecta al ataque sistemático contra el Pueblo Indígena Nasa, se denunció el asesinato de los jóvenes Brayan Mesa y Armando Soto, de 19 y 20 años, quienes se desempeñaban como comuneros del Resguardo de Tóez, reportados inicialmente como desaparecidos a finales del mes de abril, pero encontrados sus cadáveres días después con señales de tortura y en parte incinerados, en zona rural del municipio de Toribio.

De acuerdo a una alerta emitida por la Consejería de Derechos Humanos de la ONIC, el nivel de impunidad en muertes de indígenas supera el 98%, y las autoridades encargadas de investigar penal y disciplinariamente las circunstancias que envuelven los hechos descritos guardan absoluto silencio.

Luís Evelis Andrade recordó que la Corte Constitucional, mediante Auto 04 de 2009, declaró que se debe superar el estado de cosas inconstitucionales por la violación de derechos de los Pueblos Indígenas, no obstante, los hechos de violencia que vienen ocurriendo dejan ver que el Gobierno Nacional no ha adoptado las medidas pertinentes.

Por tal razón, solicitó a la Mesa Directiva del Congreso que remita la constancia presentada al presidente Juan Manuel Santos, para que ordene la protección inmediata de los líderes amenazados; al Fiscal General y al Procurador General de la Nación para que adelanten de forma inmediata las investigaciones y acciones del caso, para así evitar los hechos de violencia y el exterminio físico y cultural de los 102 Pueblos Indígenas de Colombia.