Colombia - Cauca: violencia estatal y paramilitarismo
Desde hace tres meses en el norte del departamento del Cauca, se vienen presentando arduas confrontaciones entre el Escuadrón Móvil Antidisturbios, Esmad, y las comunidades indígenas que alegan el no cumplimiento de los acuerdos firmados con el gobierno nacional en 1991; acuerdos que tenían como propósito devolver a estas comunidades las tierras que fueron quitadas en el marco de la masacre del Nilo, por los desplazamientos forzados, la violencia paramilitar y la apropiación por terratenientes.
Tierras que en este momento se encuentran en manos de las principales azucareras del Cauca, según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Debido a los extensos cultivos de caña de azúcar y pino que se vienen produciendo allí, las pocas zonas fértiles del departamento en la zona norte, han ido perdiendo su productividad.
Estas disputas que vienen de años atrás han dejado hasta hoy dos indígenas muertos y más de 70 personas heridas a manos de la represión policial. Voceros del gobierno nacional, han querido mostrar a los reclamantes indígenas y campesinos como invasoras de propiedad privada, roba tierras y violentos.
Cristóbal Guamanga, líder de la región, habló con el semanario VOZ y nos relató la situación. “Los indígenas vienen taponando la Panamericana por el sector de La Agustina entre Santander y Mondomo, al norte del departamento del Cauca, como manera de protesta por los incumplimientos. El trabajo de la recuperación de la Madre Tierra inició desde hace tres meses en las haciendas Miraflores y Granadita en el municipio de Corinto, principalmente. La realidad en esta parte, de la región es de tensión, la zona esta acordonada por el Ejército, los antimotines de la policía, muchos de ellos vestidos de civil. Se ha declarado la ley seca, hay toque de queda, se les ha prohibido a los menores caminar después de las tres de la tarde, y se les ha amenazado con ser detenidos si ´violan esa ley´”.
El sur del Cauca
La situación de tensión y violación de los derechos humanos, en el Departamento del Cauca no solo se refleja en la zona norte; en el sur, han sido denunciadas múltiples violaciones por parte de la fuerza pública.
En la vereda La Aplanada, corregimiento La Mesa en el Municipio de Patía, fueron detenidos por el Ejército Nacional el día primero de marzo, dos campesinos, entre ellos, un menor de edad. Cristóbal nos relata que: “bajan dos campesinos en una motocicleta, y la tropa del Ejército allí, les echa mano, luego se los llevaron y les toman las fotografías con artefactos explosivos, llaman los helicópteros y transportan a los campesinos para Popayán, acusándolos de todo”. La comunidad alega que estas acciones hacen parte de una práctica que ha venido realizando el Ejército Nacional con comunidades campesinas, indígenas y afros, y se ubican en los mal llamados “falsos positivos judiciales” de la región.
El canje humanitario
“La comunidad está en la juega”, dice Cristóbal Guamanga. La experiencia en estas situaciones y la necesidad de exigir el reconocimiento de los derechos ante el Estado y ante los organismos internacionales, ha hecho que las comunidades se organicen y sean veedoras de los mismos. Cristóbal menciona que “ellos, -la comunidad del Patía- vieron que se le llevaron dos campesinos, y reaccionaron ante la injusticia que se estaba cometiendo, y como están organizados en juntas comunales, se reunieron con los militares, alegaron la libertad de los campesinos, pero como los militares hicieron caso omiso, la comunidad detuvo a once de ellos y dos policías de civil. El Ejército simuló una balacera y la comunidad asustada dejó libre a los once militares, pero se llevaron a los dos policías de civil”.
Ante estos hechos se producen las denuncias a los organismos de derechos humanos, a la Red de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes, Naciones Unidas, Gobernación del Cauca, con quienes se adelanta un proceso de canje entre los policías retenidos y los dos campesinos del Patía retenidos ilegalmente. VOZ obtuvo el acta del canje, donde se acuerda bajo diálogo, la materialización del mismo. Mientras tanto el proceso de investigación continuará, dado que la comunidad insiste en que estos hechos son parte de una continua creación de montajes judiciales por parte de la fuerza pública.
Grupos paramilitares arremeten
Dos días después del denominado canje humanitario, esa misma comunidad del Patía, es amenazada mediante panfleto firmado por “las águilas Negras”. Lizeth Montero, a nombre de la Red de Derechos Humanos Isaías Cifuentes, atendió el llamado de la comunidad de la vereda La Aplanada, donde se produjo la detención de los dos campesinos. Cristobal Guamanga denuncia que “esa situación se suma a las denuncias que se han presentado desde los pobladores rurales: hablamos de la existencia de retenes de grupos paramilitares que se vienen presentando a tan solo cinco minutos del puesto de control de la Fuerza de Tarea Conjunta Apolo y su base militar”. Igualmente menciona: “el patrullaje continuo de hombres armados, presuntos paramilitares en las haciendas La Emperatriz y en el municipio de Caloto. Y el asesinato de dos campesinos a mediados del mes de febrero los cuales había sido desaparecidos presuntamente por paramilitares”.
Por otra parte, el lunes 23 de febrero en el municipio de Suárez, corregimiento Los Robles, vereda Comedulce, cerca de las cuatro de la tarde, se denunció que dos militares de la Brigada Móvil No. 17 de la Fuerza de Tarea Conjunta Apolo, orgánica de la III División del Ejército Colombiano, quienes se encontraban acampando en estos linderos, iniciaron una ráfaga de disparos contra la humanidad del señor Eutiquio Censio, habitante y agricultor de estas tierras, en medio de su jornada diaria. Eutiquio Censio, se resguarda en la maleza y gracias a sus vecinos quienes intervinieron, lograron salvar su vida.
Finalmente voceros de la Comisión de Verificación del cese unilateral del fuego del Frente Amplio, en el Cauca, el pasado 2 de marzo, mostraron su preocupación por esta compleja situación, en la que la población civil, se presenta como la principal víctima.
Mientras por un lado se denuncia una fuerte presencia de Ejército, Policía y ESMAD que condicionan a la población con horas tránsito, formas de vestir etc., en zonas conocidas como Miraflores, Granadita, Quebrada Seca y García Arriba, se denuncia la circulación de panfletos emitidos por grupos paramilitares – Rastrojos y Águilas Negras – anunciando limpieza social y amenazando de manera directa a organizaciones y dirigentes. Quienes tildan a la comunidad y sus dirigentes de “roba tierras”.