La Campaña Global para Reivindicar la Soberanía de los Pueblos, Desmantelar el Poder Corporativo, y Poner Fin a la Impunidad (“Campaña Global”), coalición que reúne más de 200 movimientos sociales, organizaciones de la sociedad civil, sindicatos y comunidades afectadas en todo el planeta por las actividades de las empresas transnacionales (ETNs), se declara en estado de alerta ante el reciente laudo arbitral que reafirma la impunidad de los crímenes corporativos cometidos por Chevron en Ecuador.

 

El 7 de septiembre de 2018, se hizo público el laudo en favor de la empresa transnacional Chevron y su filial Texaco, dictado por un tribunal arbitral administrado por la Corte Permanente de Arbitraje.

 

Texaco, el predecesor de Chevron, realizó operaciones petroleras en Ecuador durante 26 años (1964-1992). Durante ese período, la empresa vertió al menos 1.500 millones de galones de agua tóxica que envenenó el medio ambiente y afectó a las comunidades y pueblos indígenas. En otros términos, las operaciones de la transnacional causaron uno de los peores hechos de violación de los derechos humanos en el Ecuador. En 1993, en uso de sus derechos Constitucionales y humanos, las personas y comunidades afectadas iniciaron el litigio contra Texaco. Después de 20 años de litigio en cortes nacionales y extranjeras, Chevron/Texaco fue encontrada culpable por las cortes en Ecuador (ratificada por la Corte Suprema de Justicia) de daño ambiental y condenada judicialmente a pagar 9.521 millones de dólares estadounidenses, destinada a un fideicomiso para la reparación ambiental, social y cultural. En 2018 la Corte Constitucional de Ecuador volvió a validar la sentencia.

 

Chevron demandó a Ecuador en 2009 ante tribunales internacionales argumentando que el Gobierno de Ecuador debería haber frenado el juicio de las comunidades y pueblos indígenas, conocido como "Lago Agrio". Argumentó que la empresa había sido liberada de sus responsabilidades de limpieza medioambiental por un acuerdo firmado con el gobierno de Sixto Durán Ballén en 1995. La empresa invocó, de manera retroactiva, el Tratado de promoción y protección recíproca de inversiones (TBI) entre Estados Unidos y Ecuador que entró en vigor en 1997, a pesar de que la empresa se retiró del país en 1992.

 

Si bien aún no se conoce el monto que Ecuador deberá pagar a Chevron, las consecuencias del laudo son muy graves:

1.  El laudo desestima la histórica sentencia dictada contra la petrolera en 2011, que la condenó por los crímenes causados por las operaciones de Texaco.

2.  El laudo atenta contra la separación de poderes del Estado. El tribunal demanda que el gobierno de Ecuador impida la aplicabilidad de la sentencia en el caso Lago Agrio.

3.  Tres árbitros privados, que responden a intereses comerciales, tiran por tierra una reclamación justa de 20 años de un amplio conjunto de demandantes conformado por las personas pertenecientes a las comunidades y pueblos indígenas afectados por los vertidos tóxicos.

4.  Los árbitros han tejido un manto de impunidad, permitiendo no sólo que esta transnacional petrolera incumpla la sentencia y no indemnice a las miles de víctimas sino que, además, obtenga una enorme cantidad de los fondos públicos ecuatorianos en concepto de compensación.

 

Este caso demuestra una vez más que el arbitraje de diferencias inversor-estado (mecanismo ISDS por sus siglas en inglés), asienta un derecho mercantil que prioriza la protección de los beneficios del capital sobre el derecho a la vida. Este laudo es una prueba más de la impunidad jurídica que los tratados de comercio e inversión otorgan a las empresas transnacionales, permitiéndoles: violar los derechos humanos y destruir el medio ambiente sin pagar las consecuencias, desconocer el poder judicial de Estados soberanos, y actuar contra las arcas públicas de los Estados. Al respecto, es importante recordar que Ecuador hizo historia al incluir el artículo 422 de su Constitución de 2008, el cual prohíbe la cesión de jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional, en controversias contractuales o de índole comercial, entre el Estado y personas naturales o jurídicas privadas.

 

Ecuador auspició y ha venido sosteniendo el proceso del Tratado Vinculante en Naciones Unidas, presidiendo el Grupo de Trabajo Intergubernamental de composición abierta sobre las empresas transnacionales (ETN) y otras empresas con respecto a los derechos humanos (OEIGWG). Este proceso obedece a la Resolución 26/9 de 2014 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, e implica el mandato de elaborar un instrumento jurídicamente vinculante para regular las actividades de las empresas transnacionales y otras empresas en el Derecho Internacional de los derechos humanos.

 

Activa desde el inicio en este proceso, la Campaña Global no ha cesado de insistir en que el Tratado Vinculante debe incluir medidas para precisamente evitar situaciones como las que enfrentan lo/as afectados/as por Chevron en Ecuador hoy, y que constituyen un peligroso precedente a nivel internacional. De acuerdo con la propuesta de Tratado elaborada por la Campaña Global en 2017, bajo ninguna circunstancia, los Estados deben aceptar tratados que puedan desembocar en demandas de las ETNs que afecten a las obligaciones de los Estados de respetar, proteger y aplicar los Derechos Humanos. En una reciente Carta Abierta a todos los Estados, la Campaña Global ha demostrado preocupación por la reciente publicación del “Borrador Cero” presentado por Ecuador y que será objeto de negociación durante la 4ta Reunión de OEIGWG del 15 al 19 de octubre de 2018 en Ginebra. En ese sentido, la Campaña hace un llamado a todos los Estados para que se involucren en el proceso y se consiga un Tratado Vinculante que permita responder debidamente a las expectativas de justicia de los Pueblos afectados por las actividades de las ETNs.

 

La Campaña Global apela a denunciar y rechazar esta nueva aplicación del sistema arbitraje de diferencias inversor-estado (ISDS) que sitúa a los intereses de las empresas transnacionales por encima de los derechos humanos. La Campaña Global exhorta también al Estado ecuatoriano a que garantice el respeto de los derechos humanos y constitucionales de las más de 30.000 personas afectadas agrupadas en UDAPT, así como su inalienable derecho al acceso a la justicia. Demanda que justicia sea hecha en favor de las víctimas de Chevron y se aplique la resolución de la sentencia de la Corte de Justicia de Ecuador de 2012 contra la transnacional. Finalmente, este caso ha generado desde hace años una importante movilización internacional, cristalizada en la solidaridad internacional con las comunidades afectadas. Hoy más que nunca, la Campaña llama a extender y reforzar la solidaridad internacional con la Unión de Afectado/as por Chevron en Ecuador (UDAPT).

12 de septiembre de 2018