Hoy se cumplen 23 meses del asesinato de la lideresa indígena Berta Cáceres y estamos a punto de cumplir el 2do. aniversario de su siembra. En estas fechas se recuerda a la compañera y muchas personas tienen la inquietud de qué tanto se ha avanzado en el caso a casi dos años de su asesinato y qué es lo que en Honduras ha cambiado con el develamiento de numerosas violaciones a los DDHH por parte de las empresas extractivas y las que lucran con la producción de energía.

 

Al día de hoy el COPINH sigue librando la lucha por la justicia integral proponiéndose como un primer paso el romper el cerco mediático alrededor de su caso y afrontar las sendas irregularidades que permean el proceso.

 

En mayo de este año se vence* la prisión preventiva de las 8 personas que fueron detenidas en el 2016 como autores materiales y algunas intermedios entre los que destacan un empleado de la empresa DESA, Sergio Rodríguez y un mayor de las fuerzas armadas que coordinó la ejecución del asesinato, Mariano Díaz que además fungía como instructor de la Policía Militar de Orden Público.

 

A estas alturas el Ministerio Público hondureño y las autoridades de justicia empiezan a dar “manotadas de ahogado” para avanzar en el caso y cerrarlo con la culminación de la sentencia de ya detenidos. Se estima que para mediados de año se realice el debate final del caso. Sin embargo la organización, el pueblo de Honduras y la comunidad internacional siguen insatisfechas por la nulidad de acciones para capturar a los autores intelectuales que vinculan a la poderosa e intocable oligarquía hondureña.

 

Hay que destacar que el día de hoy se celebra una audiencia de juramentación de dos peritos propuestas por el Ministerio Público para hacer análisis de extracciones telefónicas y de información financiera en el Tribunal de Sentencias de jurisdicción Nacional en el cual el caso se mantendrá hasta el cierre.

 

Sobre el segundo punto de lo que ha cambiado en Honduras luego de su muerte puede decirse que muy poco. La concesión sigue en manos de la represa hidroeléctrica ferozmente defendida no solo por la empresa privada, sino que también por los productores de energías renovables que siguen sembrando el odio contra las organizaciones que desafían la instalación de un sin número de proyectos de muerte y les arruinan el lucrativo negocio.

 

El gobierno pretende resolver la inseguridad de las empresa nacionales y transnacionales de invertir en este negocio aprobando una tramposa Ley que reglamente el derecho de Consulta Previa, Libre e Informada de los Pueblos Indígenas (CPLI) pero no se atreve a dar el paso final luego del fuerte cuestionamiento nacional e internacional.

 

Las estructuras de poder que protegen el proyecto de muerte contra el que luchó Berta Cáceres se reafirman con el fraude electoral realizado para el continuismo de los mismo y la protección de los intereses económicos privados.

 

Lo que Berta Cáceres le aportó al ahora de Honduras es el levantamiento popular nacional que sigue sin darse por vencido para pensar lo que Berta Cáceres estaría pensando ahora: la refundación de Honduras que no la hará ningún presidente, sino que la hará el pueblo, el mismo que no se rindió en las calles aun enfrentando la violencia militar y sus armas asesinas y que será el único camino de cambio profundo para Honduras.

 

Mientras tanto el COPINH convoca al Encuentro “25 años por la Vida y la Justicia” para este 22, 23 y 24 de marzo y profundizar sobre el caso de los compañeros Berta y Gustavo y hablar del recorrido de lucha y del futuro del proyecto de Berta en un país que lo amerita más que nunca.

 

 

*La prisión preventiva puede ser prorrogada una única vez a 6 meses más, lo que daría como límite noviembre de este año.

 

23 MESES SIN JUSTICIA PARA #BERTACACERES #JusticiaParaBerta #DesaAsesina

#23MesesSinJusticia #DondeEstanLosAutoresIntelectuales #bertavive