Mientras el gobierno argentino aguarda la respuesta de los especuladores a su propuesta de canje, anuncia un nuevo endeudamiento con el BID y se confirma el pago - esta misma semana - de otros 320 millones de dólares en intereses al FMI.  Desde Diálogo 2000 y todas las organizaciones y movimientos que integramos la Autoconvocatoria por la Suspensión del Pago e Investigación de la Deuda, seguimos planteando que existen alternativas para privilegiar la Vida, la soberanía y nuestros derechos, dejando atrás la dominación de la deuda.

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La disyuntiva no es si se llega, o no, a un acuerdo con los especuladores extranjeros y nativos ahora o más adelante, o si entra en default o no. Sobre todo, frente al hambre y el desempleo, las urgencias en materia de agua y salud, que son nuestra realidad hoy.

Porque acuerde lo que acuerde, el Gobierno tiene razón cuando afirma que la deuda es impagable. Es la esencia del sistema de deuda perpetua, como bien lo explicaba Eduardo Galeano: más pagamos, más debemos y menos tenemos.  Y efectivamente, en los primeros meses de la nueva administración, y aún antes de la pandemia, la deuda pública nacional no dejó de crecer -, pese al pago de 5 mil millones de dólares comprometiendo las reservas, recortando jubilaciones de miseria y manteniendo los presupuestos ajustados por el FMI.

El gobierno ha justificado esos pagos como una muestra de “buena fe”, una señal de la voluntad del Gobierno a pagar a los especuladores, si solo pudiera...  ¿Cómo le llamará el pago de otros 320 millones de dólares en intereses, esta semana, al FMI?  O el pago que todavía negocia con el Club de Países Prestamistas de París, para seguir abonando intereses sobre intereses sobre intereses sobre deudas contraídas directamente por empresas privadas que, durante la dictadura, pasaron sus pasivos al Estado para que los paguemos nosotres.

Pagando, no hay manera de salir de la atadura. Sea hoy o dentro de 3 años.  No hay como vencerles a los prestamistas con su propio juego. Porque se paga con más ajuste y nuevos préstamos, como el “Bono Centenario” que dice tener como fin el pago de intereses sobre deudas anteriores, pero compromete a ésta y las próximas generaciones a pagar durante un siglo entero, un usurario 7% de interés, en dólares – cuando el máximo que conseguían los grandes bancos que lo gestionaron, en los mercados “normales” de capitales, era más cercano al 2%. Encima, cobran cada 28 de diciembre… Que valga la inocencia, ¿de quiénes?

El Gobierno ha reconocido que desde 2018, Argentina no tiene acceso a los mercados de capital internacionales. Con acuerdo o con default, afirma que tampoco lo tendrá durante mucho tiempo más. Los “mercados” son así de ingratos parece; o será que efectivamente, los capitales, el capitalismo, nacieron sin corazón. Hay que ir a fondo.

Es bueno recordar que las tasas de crecimiento más importante de la economía argentina, se dieron en época del default anunciado en diciembre 2001 por Rodríguez Saa. Justamente porque el No Pago sobre la mitad de la deuda pública nacional (se mantenía siempre al día con el FMI, el Banco Mundial) permitía que mucho más de la riqueza generada se quedara dentro del país, amén de que la tasa de ganancia empresarial recogió todos los beneficios de la supresión salarial.

La prioridad, hoy como mañana, tiene que ser la salud, garantizar los derechos fundamentales de la población al agua, a una alimentación sana y suficiente, a una vivienda digna y empleo, salarios y jubilaciones adecuadas; proteger en especial a les niñes y adultos mayores, los pueblos originarios, las mujeres y otros grupos que sufren desproporcionadamente la violencia económica y ecológica. 

Negociar para seguir pagando, aunque sea después, no solo no resuelve la vigencia de estos derechos, el drama de la deuda ni de la reactivación económica, sino que implica seguir reconociendo una deuda que el pueblo no debe. Significa continuar atando la economía a un modelo de muerte, de extractivismo, especulación y explotación, en vez de plantear su reestructuración al servicio de la vida, de los derechos y las necesidades del pueblo.

El Gobierno está aún a tiempo para asumir con fuerza el derecho soberano de tomar medidas unilaterales para proteger al pueblo de la estafa y la rapiña, más aún en situaciones de profunda crisis e incertidumbre como las que hoy vivimos. Por eso insistimos al Gobierno, al Congreso, al Poder Judicial, que es imprescindible suspender todos los pagos hasta completar una auditoría de lo que se pretende que nosotres paguemos. Una investigación integral, independiente y participativa, para traer a la luz sus orígenes, sus términos y condiciones, sus usos y consecuencias; para separar lo ilegítimo, lo ilegal, lo fraudulento. 

El derecho internacional otorga primacía a los Derechos Humanos y reconoce que ante situaciones de grave necesidad y de cambios radicales en las circunstancias – “Fuerza Mayor” – los Estados tienen derecho y hasta la obligación de tomar medidas unilaterales. 

Son muchos los ejemplos de otros caminos para enfrentar al sistema de deuda perpetua. EE.UU. invocó la doctrina de deuda odiosa para que Cuba no pagara la deuda del régimen colonial, a fines del siglo IXX. Costa Rica también se quitó a sus pretendidos acreedores, argumentando que una deuda hecha en contra de la voluntad e intereses del pueblo, era odiosa y por ende nula. En Brasil, el gobierno eliminó un 30% de la deuda reclamada al realizar una Auditoría en los años ‘30. Ecuador hizo una auditoria con participación social más recientemente, permitiendo enfrentar las exigencias de los especuladores. Desde el año 2012, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU recomienda a Argentina y a todos los Estados, realizar auditorías para que los pueblos no sigamos pagando lo que no debemos.

Desde tiempos de la dictadura sabemos que la deuda reclamada a la Argentina es una deuda ensangrentada; una deuda profundamente ilegítima, fraudulenta, odiosa. Gran parte fue generada a beneficio de los mismos grupos económicos que hoy reclaman a gritos menos impuestos – o que les “honremos” las deudas. A través de la Causa Olmos, hace ya 20 años que el Poder Judicial constató, además, 477 arbitrariedades en su contratación – sin que hasta la fecha se haya declarado la correspondiente nulidad o sancionado a los responsables. Ni hablar del remate del país para pagar la deuda en los años ’90, el colapso en 2001 o el canje para convertirnos en “pagadores seriales” y presas de los fondos buitre.

Tenemos que saber quiénes se beneficiaron con el Bono a 100 años y con todo el festival de especulación y deuda que impulsó el gobierno Macri. Sabemos que sirvió para fugar capitales y traer de regreso al FMI, duplicando la deuda externa del país y sometiendo a la población y la naturaleza a sus condiciones de explotación y miseria planificadas. Porque los responsables de todo este terrorismo económico deben ser sancionados, y sus deudas anuladas, en vez de “servidas”. Para lograr que repatríen y restituyen esos fondos al pueblo, o que en todo caso paguen ellos la estafa. 

Es tiempo de cambiar la lógica, de suspender los pagos e investigar. Buscar apoyo entre los pueblos de América latina y el Caribe, los pueblos del Sur, para avanzar en la construcción de economías al servicio de la vida, los derechos humanos. Porque la deuda es con el pueblo y la naturaleza; somos nosotres les Acreedores.

8 de mayo de 2020