Durante la década de los años 90, el ensayo neoliberal se pronunció con la mayor voracidad, y encontró en la industria cultural aquella herramienta con la cual desplegar por todo el planeta la ideología del consumo. Se consideró al conflicto como un elemento de la experiencia histórica, mientras se rendía culto a la centralidad absoluta del mercado global. Fueron decretados la muerte del sujeto, el fin de las ideologías, el anuncio de que la historia estaba clausurada y que se había logrado conjugar —ahora sí virtuosamente— mercado, mercancía, globalización, democracia liberal. La historia, en suma, estaba cerrada. Se pretendía naturalizar así una época del mundo, sancionando la transformación de intereses particulares en intereses universales. Fue un momento histórico en el que el capitalismo alcanzó los mayores niveles de concentración económica en pocas manos, y se produjo en nuestro continente un desguace de los aparatos estatales y su curso viró hacia el eje financiero-especulativo. Ese momento de transformación económico-material fue, de manera inseparable, un momento simbólico-cultural. La década neoliberal no fue sólo un proceso histórico de transformación de las condiciones materiales de producción, sino también la construcción sistemática de una representación del mundo, de nuevos imaginarios culturales, de nuevas formas de subjetividad.

Los medios de comunicación cumplieron, para afirmar esa pretensión del más oscuro conservadurismo, un papel fundamental: magnas máquinas, pero también sutiles dispositivos de producir sentido, efectos, de construcción de opiniones públicas, de generación de condiciones de representación de la realidad. Educaron, transfigurándolos, nuestros lenguajes, alteraron nuestra percepción, taladraron nuestra sensibilidad, forjaron condiciones de modificación de los modos a través de los cuales miramos la sociedad y nos relacionamos con los otros. Esa pretensión totalizante y totalitaria expandió sus alcances a lo largo de todo el planeta. El rol de los medios masivos de comunicación fue fundamental para ese proceso cultural y global, expresión de uno de los puntos más notables de su capacidad de expandir dominio, ideología, y sometimiento.

La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, fruto de un debate inédito en la historia legislativa argentina, vino a reemplazar a una ley impuesta en la pesada noche de la dictadura saldando así una deuda inmensa de la historia democrática argentina, recuperando la idea de que la comunicación es un derecho humano y la información un servicio social, decisiva para hacer visibles a los invisibles de la historia, para dejar que los muchos que no suelen tener voz para expresar públicamente lo que sufren y lo que necesitan, tengan la oportunidad de entrar a una disputa que les fue negada: por el sentido, por el lenguaje, por la cultura.

Nuestra tradición democrática y popular, nos impide ser cómplices del chantaje de las corporaciones mediáticas, y de una alianza que reúne a los dueños de la tierra, de las corporaciones económicas, y a una cierta corporación política que hoy opera en el interior de la política como correa de transmisión de las grandes concentraciones económico-mediáticas.

El proyecto político que conduce Cristina Fernández ha eliminado las figuras de calumnias e injurias para garantizar un ejercicio del periodismo despojado de las amenazas judiciales, mientras que, paradojalmente, los monopolios mediáticos han elegido instituirse en figuras inquisidoras que persiguen las disidencias, judicializando a periodistas que combaten la persistencia de sus privilegios, difamando a funcionarios, socavando los pilares de la construcción democrática. El elemento jurídico es una nueva etapa de un ataque que se ha valido de las peores armas de la discursividad mafiosa: las operaciones, los silencios y, fundamentalmente, las mentiras. La judicialización es la expresión de una alianza nueva y temible, puesto que la horadación del sistema viene tramada entre uno de sus poderes fundamentales y una concentración económico-mediática que sienten amenazados intereses demasiado tiempo intocados.

La Universidad Nacional de Avellaneda, reafirmando un compromiso constituyente de su identidad como universidad estatal, pública, gratuita, autónoma y popular, cual es el de intervenir en el debate público acerca de los asuntos sustanciales de la vida social, política, económica y cultural del pueblo del que hace parte, expresa su posición respecto de la importancia institucional de la plena vigencia de la Ley 26522 de Servicios de Comunicación Audiovisual por su importancia decisiva a los fines de propiciar la universalización de las tecnologías de la información para la igualdad de oportunidades, alcanzar niveles más elevados de desarrollo económico y procurar la efectiva vigencia de la igualdad jurídica. 

Avellaneda, 27 de agosto de 2013