I. Que entendemos por Reforma Agraria.

Se entiende por Reforma Agraria un proyecto de transformación político – económico y social a gran escala cuyo objetivo es un cambio rápido y radical de la estructura y régimen de la propiedad y explotación de la tierra. La reforma agraria implica la transformación de una amplia gama de relaciones que girando en torno al acceso – mantenimiento y explotación de la tierra genera fuerzas encontradas a favor y en contra que hacen de todo proceso de reforma agraria un proceso dialéctico. A partir de un proceso de reforma agraria real las fuerzas sociales se reubican en el espacio económico no volviendo a ser nada como antes.

La reivindicación de la reforma agraria se apoya sobre un segundo concepto importante que es la llamada cuestión agraria referida a la prevalencia de una situación desventajosa para el campesinado dominicano con relación al resto de los sectores productivos.

La nueva reforma agraria que las organizaciones campesinas dominicanas queremos debe reconocer la función socio-ambiental de la tierra, y los recursos naturales en el contexto de la soberanía alimentaria, lo que debe comprometer la más alta voluntad de los Estados. Comprendemos que la soberanía alimentaria implica: políticas de redistribución, acceso y control justo y equitativo a los recursos naturales y productivos (crédito, tecnología apropiada, etc.) por parte de campesinas/os, políticas de desarrollo rural basadas en estrategias agroecológicas centradas en la agricultura campesina y familiar y políticas de comercio en contra del dumping y a favor de la producción campesina para mercados locales, nacionales e internacionales; y políticas públicas complementarias como de salud, educación e infraestructura para el campo

II. Cuestiones preliminares para el desarrollo de una verdadera reforma agraria.

1. La Reforma Agraria debe ser una cuestión de Estado. Un tema de prioridad nacional para poder eliminar progresivamente la pobreza en el campo dominicano y la desigualdad existentes desde siglos. La Reforma Agraria debe ser prioritaria a la hora de la asignación presupuestaria y a la hora de desarrollar otras acciones que son necesarias para que la reforma agraria sea efectiva.

2. El Desarrollo de la Reforma Agraria no es posible si su esfuerzo no se enmarca dentro del desarrollo de una nueva Política Agraria para República Dominicana que proteja, apoye y promueva a la pequeña y mediana agricultura campesina nacional. Esta nueva Política Agraria debe desarrollarse bajo los principios políticos de la soberanía alimentaria. El desarrollo de esta política agraria para República Dominicana exige la priorización del mercado nacional frente al internacional y la necesidad de estructurar un sistema de apoyos y subsidios a la pequeña y mediana agricultura.

3. Defender la eficiencia de la explotación familiar campesina. Es necesario enfrentar la idea generalizada e impuesta desde la agroindustria y desde los organismos internacionales de que el modelo de explotación campesina es ineficiente. La explotación familiar campesina es la que da trabajo y mantiene en el campo a cientos de miles de familias dominicanas y es la que abastece de más del 60% de los alimentos cotidianos. La explotación familiar campesina mantiene un tejido social y económico activo en el medio rural, y conserva la biodiversidad y el medio ambiente en la República Dominicana. La gran agroindustria genera desiertos verdes donde la población acaba siendo solo asalariada eliminando la biodiversidad agrícola

4. La Reforma Agraria que queremos necesita de igual manera una política de precios que garantice un rendimiento justo por el trabajo realizado valorando no solo la producción de alimentos sino el resto de las funciones sociales y ambientales que los y las campsinas aportan al desarrollo nacional como son la conservación del medio ambiente o la valorización del patrimonio cultural. INESPRE (Instituto de estabilización de precios) debe recuperar su papel de control a través del desarrollo de políticas activas dirigidas o centradas en aquellos rubros sensibles tanto para el campo dominicano, como para las familias urbanas consumidoras. Reducir los costos de producción de los insumos agrícolas debe ser una medida activa básica.

5. Es necesaria por parte de la Secretaría de Estado de Comercio desarrolle una política de mejora, modernización y estructuración del mercado nacional agropecuario. Favoreciendo la estructuración de la red local donde los campesinos puedan vender fácil y directamente sus producciones. De la misma forma es necesario una política de abastecimiento alimentario de los grandes centros urbanos del país donde los productos nacionales puedan llegar de manera adecuada y por redes de distribución accesibles.

6. La Reforma Agraria debe desarrollarse en el marco de una Política de Desarrollo Rural Integral que permita que el espacio rural, las comunidades rurales, los campos de Dominicana sean espacios de vida y de futuro dignos para las familias campesinas. Esto requiere una redistribución territorial hacia el medio rural del gasto público en inversiones, educación, salud, electrificación, cultura y el resto de los ámbitos de la vida puesto que hasta ahora las grandes inversiones han estado dirigida a los grandes centros urbanos.

7. De la misma manera que se ha desarrollado un marco jurídico y una práctica para la aplicación de la reforma agraria en zonas de llanura, las zonas de montaña también requieren de una verdadera reforma agraria. Es necesario que el IAD contemple de manera específica estos ecosistemas agrícolas enormemente valiosos tanto desde el punto de vista productivo, como ambiental, pero que arrastran deficiencias estructurales más acusadas que en la llanura. Es necesario que el desarrollo de la Ley de Reforma Agraria contemple un capítulo dedicado a la protección de la agricultura de montaña.

8. Es necesario integrar la reforma agraria dentro de una verdadera Política Amiebiental que proteja la biodiversidad y ponga la sostenibilidad ambiental en el centro de los objetivos de desarrollo. Entendemos que la política ambiental debe abandonar conceptos conservacionistas de principios de siglo y entender que han sido los campesinos y campesinas los que con sus prácticas han permitido la conservación del patrimonio natural y que por lo tanto son estas comunidades las principales protagonistas y no las grandes empresas inversoras extranjeras con sus megaproyectos turísticos. Es necesario implementar la ley de bioseguridad y las adecuaciones legales necesarias para el cumplimiento de los Convenios Internacionales de Biodiversidad y el Protocolo de Cartagena. Es necesario que las instituciones públicas encargadas del tema como PROSEMA desarrollen un trabajo de rescate, revalorización conservación y reproducción libre de las semillas tradicionales y de las razas autóctonas como protección de nuestro patrimonio genético. Es necesario establecer mecanismos de control frente a la privatización y mercantilización de los recursos naturales, especialmente las semillas y el resto del material genético. Es necesario que Dominicana apruebe y aplique una moratoria sobre los cultivos transgénicos tanto sobre la producción para investigación, como para la alimentación animal y humana.

9. Es necesario retomar la formación vocacional en materias agropecuaria de los y las jóvenes desarrollando nuevas especialidades técnicas que hoy son requeridas por las organizaciones campesinas y que pueden suponer nuevos alicientes para la juventud que desee continuar viviendo en sus pueblos y campos. Es necesario una formación vocacional agraria y una educación rural que devuelva la dignidad a nuestros jóvenes y que les haga sentirse orgullosos y valorar su cultura y su medio. Solo de esta manera será efectivo el freno del éxodo rural.

10. El Agua es un recurso fundamental para el desarrollo de una verdadera política de Reforma Agraria. El Agua es un bien público que no debe ser sometido a las leyes del mercado libre. Es necesario un desarrollo legal del derecho al agua que lo contemple como bien público de uso social y que garantice los diversos usos sometiéndolos a concesiones administrativas y clarifique los derechos así como la participación efectiva de los campesinos y campesinas en los órganos de control. El INRHI junto con el resto de instituciones competentes debería de desarrollar una nuevo Plan de Desarrollo y Gestión de las aguas de regadío sobre la base de una nueva cultura del agua que permita un uso racional, justo y equitativo entre todas las regiones buscando la aplicación de nuevas tecnologías adecuadas para las zonas más áridas de nuestro país. Es necesario establecer tarifas acordes con la realidad económica del campesinado. Es necesario enfrentar con un Plan adecuado el problema de salinización por falta de drenaje y por la deforestación

11. El crédito agrícola debe ser un instrumento al alcance de todos los sectores productivos del país y no solo de los más poderosos. Es necesario el restablecimiento de las funciones del Banco Agrícola de manera adecuada generando nuevas líneas diversificadas y acordes a cada una de las realidades de manera que sea accesible para los pequeños y pequeñas campesinas. Es necesario que el Banco Agrícola flexibilice en sus distintas líneas de crédito los requisitos de acceso al mismo diseñando y aplicando instrumentos que se saben han sido exitosos en otros contextos como es el caso de las microcréditos.

III. Respecto a la Misión y Visión del IAD como institución encargada de la reforma agraria, su marco normativo y su estructura y funcionamiento.

Consideramos que el IAD NO HA CUMPLIDO con su cometido de impulsar seriamente el desarrollo de la reforma agraria encomendada. El IAD ha estado sometido siempre al partidismo de quien gobierna generando relaciones clientelistas con los beneficiarios y beneficiarias. Para el cumplimiento de la ley el IAD, debería garantizar su independencia de todo el entorno partidista garantizando la continuidad del estado en el cumplimiento de los compromisos.

Pese a lo anterior el desarrollo de la acción del IAD y las luchas y reivindicaciones de las organizaciones campesinas, han permitido que hoy en día miles de familias cuenten con un pedazo de tierra.

1. Es necesario que el IAD cuente con la disponibilidad presupuestaria suficiente para desarrollar los fines y objetivos de la reforma agraria. La reforma agraria es prioritaria para el desarrollo del campo dominicano y para enfrentar la pobreza rural. Si es así, la reforma agraria debe estar entre las políticas prioritarias para los gobiernos de la República Dominicana. Entendemos que la dotación presupuestaria del IAD debe proceder de los presupuestos generales de la nación y no de acciones de venta o arrendamientos de bienes públicos que lo único que provocan en la despatrimonialización del estado dominicano

2. Es necesario que se desarrolle y actualice la legislación en materia de reforma agraria, y el funcionamiento de las instituciones encargadas de aplicar la normativa existente de manera que se de resolución definitiva a los cientos de casos que en este momento se encuentran paralizados afectando a miles de familias dominicanas. Es necesario que el IAD asuma la necesidad de una modernización institucional pero no para el abandono de su función como actor público en la reforma agraria, sino para ganar en eficacia en su lucha contra el latifundio y la pobreza rural tal y como lo establece la constitución en su art 8 y 11. En concreto es necesario revisar los mecanismos de ejecución previstos en la legislación agraria para que el IAD tenga instrumentos eficaces de cumplimiento de la ley.

3. Respecto a la estructura. El IAD debe ser una institución ágil en su funcionamiento, eficaz y con una capacidad de respuesta rápida a los reclamos de las y los campesinos. El IAD debe mantener relaciones de coordinación eficaz y ágiles con el resto de instituciones que trabajan en el ámbito agropecuario, así como con el Tribunal de Tierras. Es necesario agilizar la estructura del IAD para que pueda cumplir con su cometido.

4. El Directorio del IAD debe contar con una participación campesina que represente al menos el 50% de los delegados. El mecanismos de elección de los delegados y delegadas al Directorio debe ser democrático y desarrollarse con arreglo a un sistema electoral entre las organizaciones campesinas calificadas. La participación de las organizaciones campesinas no debe circunscribirse solo al Directorio Nacional, sino que debe reproducirse en cada una de las oficinas territoriales.

5. Debe desarrollarse un plan de capacitación, evaluación, seguimiento y depuración del funcionariado del IAD que no siempre han cumplido diligentemente su labora al servicio del campesinado pobre del país, sino que en muchas ocasiones han servido de puente para la entrada de grandes propietarios y latifundistas que se han beneficiado de la reforma agraria endiente el fraude de ley.

IV. Sobre el Mercado e Tierras.

1. Nos oponemos radicalmente al planteamiento velado que aparece en la actual propuesta del IAD de que el mercado sea el mecanismo de distribución de la tierra de la reforma agraria. Consideramos en base a las experiencias aplicadas en otros países de la región y que han sido evaluadas por numerosos estudios que la política de reforma agraria vía mercado que impulsa el Banco Mundial y el Banco Interamericano del Desarrollo acaba por expulsar a los pequeños y pequeñas campesinas acelerando de nuevo un proceso de reconcentración de la propiedad de la tierra en manos de los latifundistas, especuladores y grandes inversionistas. La flexibilización del mercado de la tierra es el objetivo de los grandes inversores y no favorece a los pequeños y pequeñas campesinas sin tierra que quieren acceder a la misma para vivir. Esta reforma solo trae consigo el aumento del precio de la tierra y el endeudamiento de las familias campesinas que acabarán por vender sus parcelas.

2. Nos oponemos a todas las propuestas que existen de reforma del marco legal encaminadas a esta flexibilización del mercado de la tierra. Consideramos al contrario, que es necesario aglutinar esta legislación, revisar los mecanismos de seguimiento y ejecución que permitan perseguir el fraude de ley y que se establezca de manera ágil un sistema para la reversión de las situaciones ya existentes de manera que la tierra vendida de la reforma agraria vuelva a manos del IAD para ser de nuevo redistribuida.

3. La tierra debe ser un bien público de uso privado y por lo tanto no puede estar sometida a los mecanismos ni leyes del mercado. Es el sustento de la vida y base del desarrollo humano, económico y ambiental.

4. De igual manera nos oponemos a que se permita de manera generalizada la venta por parte del IAD de las tierras de vocación minera, ambiental, turística o de uso inmobiliario. Consideramos que en este momento no existen garantías suficientes del uso adecuado de los fondos obtenidos con estas transacciones y por otro lado consideramos que el estado no se puede despatrimonializar entregando precisamente aquella tierra que tiene un mayor valor ecológico, o vendiendo a empresas privadas la tierra que puede ser utilizada para la construcción de viviendas sociales

V. Sobre los mecanismos de captación.

1. Siendo como es la reforma agraria una política de redistribución de la riqueza, consideramos necesario revisar para revitalizar el cumplimiento y aplicación, de las leyes que definen el latifundio, la ley de Cuota Parte, la de tierras baldías y ampliar el mecanismo expropiatorio adecuando el de declaración de utilidad pública de manera que se acaben con los abusos que son fraudes de ley, y por los cuales el IAD va aumentando su deuda con particulares debido a las cantidades a pagar como declaración de utilidad pública.

2. Consideramos que deberán revisarse los mecanismos de ejecución previstos en las leyes de captación de forma que el IAD pueda operar con agilidad y garantías eliminando los retrasos indebidos y la negligencia en la aplicación.

3. Es necesario revisar la ley que declara el latifundio en Dominicana para reducir las extensiones que lo definen. Consideramos que la tierra de categoría A deberá estimarse en 500 tareas la consideración del latifundio. Consideramos que deben existir mayor claridad en los procedimientos para recuperar tierra de los latifundios de República Dominicana.

4. Deberá buscarse de manera clara una forma de aplicar la ley que prevé la recuperación de las tierras del estado en manos de particulares. Lejos de solucionarse el problema de la apropiación indebida continúa alimentado por la inseguridad en la aplicación de la ley. La primera responsabilidad del IAD debe ser el saneamiento y recuperación de todas las tierras públicas de uso agrícola tanto las que son propiedad del IAD como aquellas que están en manos de otras instituciones como el CEA.

5. El IAD debe de apoyar a las organizaciones campesinas que quieran obtener tierra y desarrollar un asentamiento de manera que facilite la búsqueda de las posibilidades legales para la captación de la tierra en su entorno, desarrollar todo el proceso de saneamiento y levantamiento de la información y apoyo y asesoría legal en los trámites.

VI. Distribución de la Tierra.

1. Es necesario establecer mecanismos claros de selección de beneficiarios/as de la reforma agraria. Deben establecerse unos criterios que contemplen la experiencia en el trabajo agrario, la participación en las organizaciones campesinas, la renta, las cargas familiares. Es necesario que en el proceso de selección participen las organizaciones campesinas. Tanto en el momento de selección de las personas beneficiarias como en el proceso de seguimiento para la puesta en producción de la tierra. Las organizaciones campesinas harán de garantes del trabajo de los parceleros y parceleras y asumirán junto al IAD la adjudicación de nuevo de las tierras devueltas.

2. Es necesario desarrollar la capacitación tanto técnica, como organizativa dentro de los asentamientos de reforma agraria de manera que se aumente la responsabilidad de las familias con la tierra entregada y con la organización local.

3. Es necesario garantizar la cotitularidad de la tierra a nombre de hombre y mujer. En los asentamientos se garantizará que una cuota de las parcelas sean entregadas a mujeres.

4. La población de origen haitiano que disponga de documentación dominicana podrá acceder a ser beneficiados de la reforma agraria de forma que vaya mejorando su nivel de vida

VII. Titulación definitiva.

1. La titulación definitiva es la garantía de la pequeña propiedad agrícola. Es necesario un desarrollo de la legislación agraria que permita poner freno a la desaparición de la tierra agrícola a través de diversas vías con instrumentos jurídicos que establezcan distintos mecanismos de protección frente a la venta fraudulenta a de tierra de la reforma agraria, o a la recalificación de usos del suelo o desarrollando jurídicamente la propiedad asociativa de manera que los tribunales de tierras permitan titular bajo esta modalidad Es necesario una coordinación más estrecha entre el IAD y la S. Estado de Medio Ambiente para la protección de las áreas de bosque seco adjudicadas a las asociaciones de productores de bosque seco que hoy sufren la presión especulativa de desde diversos sectores económicos tanto nacionales como internacionales. Es necesario que el plazo de prueba que transcurre entre la entrega de la tierra y la titulación se reduzca a 2 años y que se establezca un mecanismo automático de entrega del título definitivo tras el periodo.

2. Para que sea posible avanzar en la titulación definitiva con garantías el estado dominicano deber resolver tres elementos importantes: Es necesario la elaboración de un catastro rústico que levante to