(Asunción, 29 de noviembre de 2006) La Corte Suprema de Justicia declaró inadmisible el recurso extraordinario de casación interpuesto por el abogado Fabio Daniel Báez Acosta de la defensa de Alfredo Lautenschlager y Herman Schlender, por lo cual deberán cumplir con la sentencia confirmada por Tribunal de Apelación de Encarnación, de dos años de cárcel por producción de riesgos comunes y homicidio culposo, que fue dictada sin suspensión de la condena.

Esta sentencia marca un precedente fundamental, pues es el primer caso de judicialización por intoxicación y muerte debida a agrotóxicos, ya que la mayoría de ellos ocurren en el silencio de las comunidades campesinas -acorraladas por agrotóxicos y los transgénicos- junto con la impotencia frente a los elevados costos de recurrir a la administración de justicia, que ni es pronta ni es barata para la gente pobre.

En tres años se realizaron dos juicios, y en ambos se declaró culpables a los imputados. El primer juicio fue anulado en el 2003, y el segundo juicio fue apelado y nuevamente ratificada la condena por el Tribunal de Apelación de Encarnación. Pero la defensa presentó una casación ante la Corte Suprema de Justicia, con el propósito de dilatar la ejecución de la sentencia y jugar con el plazo de extinción de la causa penal, en los primeros días de diciembre de 2006. Sin embargo, al filo de la posibilidad de impunidad, los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia, Sindulfo Blanco, Wildo Rienzi Galeano y Miguel Oscar Bajac, reunidos en la Sala de Acuerdos emitieron el Acuerdo y Sentencia Nº 1437, resolviendo la cuestión el lunes 27 de noviembre y ese mismo día fue notificada la parte demandada.

Mujeres campesinas e indígenas organizadas lideraron la judicialización

Silvino Talavera Villasboa tenía 11 años cuando fue rociado por agrotóxicos usados en los monocultivos de soja alrededor de su casa, falleció cinco días después, el 7 de enero de 2003. Los 10 hermanos y hermanas de Silvino junto con su padre y madre también fueron intoxicados y enfermaron por esta causa. La familia Talavera Villasboa es muy pobre, y fue gracias al esfuerzo incomparable de la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Mujeres Trabajadoras Rurales e Indígenas (CONAMURI), organización de Petrona Villasboa –madre de Silvino- que pudieron llegar a la justicia, organizando una campaña de apoyo con organizaciones campesinas, ambientalistas, de mujeres y de derechos humanos.

La sentencia de la Corte Suprema de Justicia ocurre a pocos días de la fecha de extinción de la causa penal, y luego de que el Tribunal de Apelación de Encarnación se atrasara 15 meses en resolver la apelación. Ante este retardo de justicia injustificable, diversas organizaciones campesinas, de mujeres, de derechos humanos, ambientalistas y activistas de varias partes del mundo realizaron una campaña de vigilancia e incidencia pública, liderada por la CONAMURI. Puede citarse a la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC/VIA CAMPESINA), la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY), A SEED Europe (Acción para la Solidaridad, el Ambiente, la Igualdad y la Diversidad, por sus siglas en inglés), la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina (RAP-AL/ALTER VIDA), el Grupo de Reflexión Rural de Argentina, Sobrevivencia/Amigos de la Tierra Paraguay, Kuña Roga, Colectivo de Mujeres "25 de noviembre", Base IS, CECTEC, CEIDRA, INECIP y la Coordinación de Mujeres del Paraguay, la Iglesia Anglicana Latinoamericana, entre muchas otras.

* Más información en JUSTICIA PARA SILVINO: www.silvinotalavera.phy.ca