Por fin la justicia guatemalteca se atreve juzgar a un grupito de militares y policías, a quienes se les acusa de la masacre de la Embajada de España del 31 de enero de 1980. Y esto es porque hay presiones a nivel internacional, de lo contrario los asesinos estarían tranquilos en el país.

Lo lamentable es que la “justicia” no está girando órdenes de captura en contra de varios de los acusados, entre los que se cuentan al principal asesino el general Efraín Ríos Month, Humberto Mejía Víctores y Pedro García Arredondo. Que sea de verdad el castigo a los militares genocidas y a todos por igual. Los magistrados, además de ponerse las manos en la conciencia, deben aplicar el peso de la ley sin dar privilegios a nadie, exigimos que no deben dejarse manipular y no arrodillarse ante nadie. La ley es la ley. Y debe aplicarse a todos por igual.

El Ministerio Público, ahora es cuando debe realmente “amarrarse bien los pantalones” y manifestar voluntad para ejercer la persecución, la detención, el encarcelamiento y la aplicación del castigo que les corresponde no sólo a estos genocidas, sino también a individuos fugados y tranquilos, quienes han cometido desastres con la vida de tantos hermanos y hermanas, así mismo de otros desastres con la corrupción, el asalto y tantos desmanes en contra del Estado y pueblo guatemalteco.

Nos hacemos una gran pregunta: ¿Por qué el Ministro de Gobernación y el Director General de la Policía Nacional Civil no están al frente de las capturas? Sin embargo cuando se trata de desalojos violentos a mujeres, ancianos, niños y niñas, mayas, campesinos y campesinas, allí sí se ponen en frente de las cámaras de los medios de comunicación. Detrás de esas actitudes se demuestra la exclusión y el racismo.

Exigimos al Ministerio Público que persiga, detenga, encarcele y aplique la justicia a los culpables de otras hechos de sangre, como la masacre cometida en contra 13 hermanas y hermanos Maya Tzutujiles de Santiago Atitlán, el 2 de diciembre de 1990; la masacre de11 hermanos y hermanas de la Comunidad “8 de Octubre” (Xamán), el 5 de octubre de 1995; la masacre de 10 hermanas y hermanos en la Comunidad Nueva Linda, el 31 de agosto de 2004. Estos son algunos hechos que todavía guardamos en nuestra memoria, y que nos resulta doloroso ver libres y tranquilos a los responsables, varios de ellos metidos en las esferas de gobierno.

Que se juzgue a Serrano Elías, Alfonso Portillo, a los militares fugados asesinos de Mirna Mack y Monseñor Gerardi, a los que vendieron GUATEL y los que cometieron el desfalco millonario en el IGSS, entre otros.

¡Que se aplique la justicia a todos por igual, si no, la historia se repetirá¡

Coordinadora Nacional Indígena y Campesina, CONIC.

Miembro de UASP, Wakib’ Kej, CLOC y Vía Campesina Internacional.

Guatemala 10 de noviembre del 2006.