Misión de verificación sobre comunidades desplazadas de Bellacruz

El 13 y 14 de noviembre se realizará una Misión de verificación y respaldo a las comunidades campesinas víctimas del desplazamiento violento de la Hacienda Bellacruz y reubicadas en el departamento del Tolima en las fincas La Miel y Cámbulos. Esta Misión coordinada por la Defensoría del Pueblo y la organización campesina ANUC UR, estará integrada por: Embajada de Bélgica Embajada de Canadá Embajada de Francia Alto comisionado derechos humanos en Colombia de ONU Alto comisionado de las naciones Unidas para Refugiados - ACNUR Ministerio del Interior Ministerio de Agricultura Instituto Colombiano de la Reforma Agraria - INCORA Defensoría del Pueblo Gobernación del Tolima varias ONGs: Colectivo de Abogados-FIDH, FCSPP, HUMANIDAD VIGENTE Conferencia Episcopal de Colombia (iglesia católica) prensa nacional e internacional

Esta misión ha sido convocada en razón de que las comunidades campesinas enfrentan graves amenazas de muerte y de sometimiento a un futuro control paramilitar y por su situación de abandono social por parte del Estado colombiano.

Desde el primer día de la expulsión de la Hacienda Bellacruz el 14 de febrero de 1996 por para-militares al servicio del ex-embajador de Colombia ante Bélgica y la Unión Europea, Carlos A. Marulanda, las comunidades desplazadas han realizado una larga resistencia para exigir: devolución de sus tierras, justicia y castigo a los responsables intelectuales y materiales de los crímenes contra la humanidad cometidos entre 1996 y 1997, reparación de los perjuicios causados. Después de ocupaciones de edificios públicos en Bogotá, durante 15 meses y gracias al apoyo internacional, el gobierno nacional, reinstaló a una parte de las familias en tres fincas (La Miel, Cambulos y La Cochinilla en los departamentos de Tolima y Norte de Santander) que había comprado a precios muy altos, suelos de mala calidad y una de ellas en zona de alto riesgo por erupciones volcánicas del nevado del Ruiz.

El gobierno nacional, condicionó la ayuda social (agua, luz, educación, salud, producción) hasta tanto las comunidades se comprometan a pagar el 30 por ciento del valor de las tierras asignadas. Las comunidades campesinas, consideran esta exigencia como una inmoralidad desde todo punto de vista, ya que ellas jamas pidieron al gobierno comprar tierras sino la devolución de sus tierras legítimas en la Hacienda Bellacruz que siguen hasta hoy ocupadas por grupos paramilitares y explotadas por la familia Marulanda. Por otra parte, las comunidades perdieron sus mejores dirigentes y todos sus bienes materiales en el desalojo violento donde el Estado es responsable por acción y omisión como lo sentenciara recientemente el Concejo de Estado en las demandas interpuestas por los campesinos desplazados.

Esta actitud de resistencia a rechazar todas las imposiciones gubernamentales, a autogestionar sus comunidades con sus propios medios ha sido castigado con un abandono total del Estado, incumpliendo los acuerdos firmados en 1996 y ha causado graves amenazas de muerte por grupos paramilitares que poco a poco han tomado control de las regiones donde se encuentran los asentamientos campesinos. Recientemente en el asentamiento La Miel, las comunidades recibieron la amenaza de los paramilitares quienes advierten que tomaran control absoluto de su comunidad.

En innumerables pronunciamientos realizados por las comunidades campesinas desplazadas de Bellacruz han manifestado su indoblegable lucha por el derecho a existir como campesinos que tienen razón de ser en su estrecha relación con la tierra, el derecho a la autonomía frente a los actores armados y su vocación de paz, demostrada en su permanentes y largas movilizaciones pacíficas en búsqueda de verdad, justicia, reparación integral.

El pasado 27 de septiembre en una reunión presidida por el Ministro del Interior Armando Estrada reconociendo graves deficiencias en el seguimiento de este conflicto y en el cumplimiento de los acuerdos firmados por el gobierno, se comprometió en un plazo de 20 dias a responder con soluciones efectivas a las problemáticas esenciales para estas comunidades. Se espera que durante esta Misión, los representantes del gobierno nacional den respuestas efectivas a los acuerdos firmados en 1996 y los compromisos del 27 de septiembre en presencia de las delegaciones diplomáticas tendientes reforzar la protección y seguridad de las comunidades frente al desmantelamiento de los grupos paramilitares, superación de la impunidad que rodea este caso mediante castigo ejemplar de los responsables materiales e intelectuales, resarcimiento moral y material a las víctimas, entrega gratuita de las tierras que actualmente ocupan, inversión social suficiente que garantice vida digna, plenas garantías de asociación, expresión de las comunidades, etc.

Equipo Internacional ANUC UR