Las organizaciones miembros de la Cloc- Vía Campesina de Colombia, nos unimos a la lucha permanente que tienen las comunidades campesinas, mineras, desplazadas, mujeres en el Sur de Bolívar, los instamos a su solidaridad y exigencia al Estado Colombiano, asumir las respectivas responsabilidades de la violación de Derechos Humanos, garantizar la protección de la vida , solucionar las diversas peticiones que hacemos los pueblos y comunidades en la espera de una solución política al conflicto social y armado que existe en el país.

Reenviamos último comunicado de la región del Sur de Bolívar.

Comunicado No 6

BATALLON NUEVA GRANADA

PARTE DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DE LA ANGLO GOLD ASHANTI – KEDAHDA S.A.

Las comunidades del Sur del Bolívar, que permanecemos movilizadas desde el día 19 de septiembre de 2006, en el casco urbano del municipio de Santa Rosa, nos dirigimos a la opinión pública nacional e internacional, para informar que:

1. El día 5 de octubre de 2006, en la vereda San Luquitas (Santa Rosa -Bolívar), mientras integrantes de la comunidad se encontraban reunidos discutiendo sobre la forma de movilizarse para participar de la concentración que desarrollamos en Santa Rosa, personal del ejército adscrito al Batallón Nueva Granada, ingresó al lugar de reunión.

Allí, por parte de un Cabo se manifestó a los pobladores: “no estoy de acuerdo con que vayan a Santa Rosa a apoyar esos tres pelagatos que están diciendo mentiras allá”.

Con posterioridad por parte de este mismo suboficial se dijo: “ustedes lo que deben hacer es apoyar a la multinacional (Anglo Gold Ashanti - kedahda S.A.) quienes van a traer progreso, desarrollo y empleo”.

2. El día 7 de octubre de 2006, cuando Adalberto Fidel Díaz se desplazaba en cercanías a la vereda San Luquitas, con destino a Santa Rosa para participar de la movilización, fue abordado por soldados del Batallón Nueva Granada, los cuales inicialmente lo insultan y después pretenden obligarlo a ingresar con ellos en la zona boscosa y montañosa, respecto de lo cual insistieron, hecho que les hizo temer a estos mineros por los riesgos frente a su vida, integridad y libertad..

Ante la negativa de Adalberto, así como de las personas que lo acompañaban, por parte de los soldados se le interrogó sobre su participación en San Luquitas, el día 20 de septiembre, cuando las comunidades exigían la devolución del cadáver de nuestro líder agromienero Alejandro Uribe Chacón.

Momentos después, a personas que se desplazaban por el mismo camino, personal del Batallón Nueva Granada le expresó en relación con Adalberto Fidel Díaz: “dígale a ese negro hijueputa que lo tenemos en la mira, que con nosotros está quemado”.

3. Hemos permanecido durante 22 días en movilización permanente, concentrados en el casco urbano de Santa Rosa, sur del departamento de Bolívar, exigiendo del gobierno nacional protección y garantías para nuestras vidas y nuestro territorio, habiendo reanudado un proceso de interlocución.

4. Durante el tiempo que llevamos concentrados, hemos insistido que una comisión de alto nivel del gobierno nacional compuesta por el Ministro de Defensa, Ministro de Minas y Energía, Ministro del Interior y de justicia, Fiscal General de la Nación, Procurador General de la Nación, Programa Presidencial de Derechos Humanos, Defensor del Pueblo, Gobernador de Bolívar y Alcaldes del Sur de Bolívar, atiendan nuestras exigencias y den salidas a la problemática.

5. El día 9 de octubre de 2006, hizo presencia en el municipio de Santa Rosa, una delegación del gobierno nacional, encabezada por Carlos Franco, Director del Programa Presidencial de Derechos Humanos, así como integrantes del Ministerio de Minas y Acción Social. También participaron el Gobernador encargado del Departamento de Bolívar y los alcaldes de Santa Rosa, San Pablo, Simití y Cantagallo. La falta de capacidad de decisión y representación, así como la injustificada asistencia de delegados de la Fiscalía y Procuraduría General de la Nación, no permitió avanzar satisfactoriamente en los puntos de la agenda.

En estos momentos, continuamos discutiendo un borrador de acuerdos preliminares.

6. Vemos con preocupación las amenazas en contra de líderes sociales de la región por parte de personal militar, a quienes responsabilizamos de los hechos que atenten contra la vida, integridad y libertad, de quienes participamos de la movilización y de quienes en la región vienen promoviendo iniciativas para sumarse y solidarizarse.

7. Rechazamos que el Batallón Nueva Granada, continúe operando en la región, como una dependencia del departamento de seguridad de la multinacional Anglo Gold Ashanti – Kedahda S.A., amenazando, intimidando y atentando contra los pobladores y promoviendo el ingreso a la región de esta multinacional.

Santa Rosa, Sur de Bolívar, octubre 11 de 2006

Suscriben:

Comunidades del Sur de Bolívar en Movilización Permanente
Mesa de Interlocución de Sur de Bolívar
Federación Agrominera del Sur de Bolívar – articulada en el CNA

Acompañantes:

Diócesis de Magangue
Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio
Corporación Sembrar
Red Europea de Hermandad y Solidaridad con Colombia
Espacio de Trabajadores y Trabajadoras de los Derechos Humanos

ALVARO URIBE VELEZ
Presidente de la República
Carrera 8 No. 7 -26 Palacio de Nariño Bogotá
Fax. 5662071
auribe@presidencia.gov.co

FRANCISCO SANTOS
Vicepresidente de la República
Carrera 8 No.7-57 Bogotá D.C.
fsantos@presidencia.gov.co

JUAN MANUEL SANTOS
Ministro de la Defensa
Avenida El dorado con carrera 52 CAN Bogotá D.C.
siden@mindefensa.gov.co
infprotocol@mindefensa.gov.co
mdn@cable.net.co

CARLOS HOLGUIN SARDI
Ministro del Interior y de Justicia
Avenida El dorado con carrera 52 CAN Bogotá D.C.
Fax. 2221874
ministro@minjusticia.gov.co

MARIO IGUARAN
Fiscal General de la Nación
Diagonal 22B No. 52-01 Bogotá D.C.
Fax. 570 20 00
contacto@fiscalia.gov.co
denuncie@fiscalia.gov.co

WOLMAR ANTONIO PEREZ ORTIZ
Defensor del Pueblo
Calle 55 No. 10 – 32 Bogotá D.C.
Fax. 640 04 91
defensoria@defensoria.org.co
secretaria_privada@hotmail.com

EDGARDO JOSE MAYA VILLAZÒN
Procurador General de la Nación
Cra. 5 No.15 – 80F Bogotá D.C.
anticorrupción@presidencia.gov.co
reygon@procuraduría.gov.co

CARLOS FRANCO
PROGRAMA PRESIDENCIAL DE DERECHOS HUMANOS Y DE DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO.
Clle 7 N° 5 – 54 Bogotá D.C.
Fax. 337 46 67
cefranco@presidencia.gov.co
fibarra@presidencia.gov.co

UNIDAD DE DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO
elbisilva@fiscalia.gov.co

CONTEXTO SITUACION DE DERECHOS HUMANOS Y DIH

Las comunidades del Sur de Bolívar, hemos demandando de los diferentes actores armados (fuerza pública, paramilitares y guerrilla) respeto a la autonomía de los procesos sociales y organizativos que se desarrollan en la región, así como el cumplimiento del deber por parte de los mismos de no involucrarla dentro del conflicto armado, ello en el propósito de defender derechos a la vida, libertad e integridad, así como evitar el desplazamiento forzado, todo ello como mecanismo preventivo de protección frente a violaciones a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.

A pesar de ello, los atentados contra la vida, libertad e integridad por parte de los diferentes actores armados, ha continuado, diferentes tipos de agresión se han presentado con la intención de atacar nuestra autonomía y violar el carácter de espacios humanitarios de las zonas en las cuales residimos.

Durante el presente año, la militarización de la región por parte de la Fuerza Pública se ha incrementado, así como los atentados en contra de la población. Personal de las unidades militares asentadas en el Sur de Bolívar han sido enfáticos en señalar que su presencia obedece a la orden presidencial, de garantizar la presencia y explotación de la región por parte de la multinacional Anglo Gold Ashanti (Kedahda S.A.).

Son numerosos los hechos ocurridos en el último periodo, los cuales se pueden caracterizar así:

1.- Desconocimiento al derecho internacional humanitario

a) Por parte de la Fuerza Pública

Pese a los requerimientos hechos por parte de la comunidad y sus organizaciones, por parte del Ejército se viene desconociendo el principio de distinción consagrado en el derecho internacional humanitario, mediante diversas medidas que a continuación nos permitimos señalar con algunos ejemplos:

• Bloqueos: En la zona minera, durante los meses de agosto y septiembre por parte de personal del Ejército se han venido estableciendo restricciones para el ingreso de bienes indispensables para el desarrollo de las actividades mineras, principal actividad económica de los pobladores de esta zona (entre ellos gasolina, cianuro, mercurio y otros), situación que ha dificultado a las personas y asociaciones de la región, desarrollar libremente sus actividades afectando el derecho al trabajo.

Adicionalmente unidades militares han procedido a apropiarse de entre 5 y 10 litros por cada carga de gasolina que ingresa a la región.

• Saqueo de bienes: En la tercera semana del mes de septiembre, personal del Batallón Nueva Granada, en su recorrido hacia la zona minera, específicamente en la vereda La Torera (Santa Rosa) ilícitamente se apoderaron de bienes de la población (radios y gallinas) y el mercado de los niños de la escuela de dicha vereda fue saqueado. Este tipo de actos desconocen el derecho internacional humanitario, en tanto afecta bienes indispensables para la supervivencia de la población civil.

• Instalación de Bases en medio de la población: En las veredas Puerto Coco y Puerto Coca del municipio de Tiquisio por parte del Ejército han sido instaladas bases militares en medio de la población civil y en residencias civiles, generando con ello riesgos para quienes allí residen, dado que las unidades del Ejército se ponen al cubierto de operaciones militares, resguardándose en medio de la población civil.

Dicha situación viene presentándose en similar manera en la zona minera, en especial en la vereda San Luquitas, Mina Gallo, Mina Central.

• Sumado a lo anterior, en la reunión celebrada en el municipio de Magangue, se denunció la quema de viviendas civiles por parte de personal del Batallón Nueva Granada, así como las amenazas en contra de residentes de las mismas, obligándolos al desplazamiento forzado

b) Por parte de los grupos insurgentes

• Amenazas y desplazamiento: Por parte de integrantes del E.R.P., se hicieron amenazas en contra de integrantes de tres familias, las cuales ocasionaron el desplazamiento de las mismas hacia el corregimiento de Puerto Coca (Tiquisio). Estas amenazas sucedieron con posterioridad al desarrollo de operaciones militares por parte del Ejército, en donde el resultado de las mismas es atribuido a “información suministrada por la comunidad”.

• Vacunas a la población: Por parte de integrantes del E.R.P. y E.L.N. se han venido dirigiendo comunicaciones a finqueros y comerciantes de Morales y Arenal, en donde se les exige el pago de “impuestos” a estos grupos armados. A su vez, en el mes de enero por parte del primero de estos grupos se apoderó de más de 24 reses de un comerciante de la región.

• Homicidios de personas protegidas: El día 10 de septiembre, fue asesinado el señor Adolfo Navarro, de 19 años de edad, hecho ocurrido en la vereda La Garita del municipio de Arenal por parte de integrantes de las FARC, quienes por la fuerza lo sacaron de una reunión que desarrollaba esta comunidad.

• Empleo de minas: Durante los últimos meses seis habitantes de los municipios de Morales, Santa Rosa y Arenal, han resultado afectados en su integridad por minas antipersonales. El incremento de las zonas minadas, se ha dado en medio de la intensificación de la militarización de la región y de los bienes y espacios civiles por parte de la fuerza pública.

2. Violaciones a los derechos humanos y persecución a los líderes y comunidades

a) Persecución a líderes y comunidades

• Amenazas y estigmatización: Reiteradamente por parte de personal del Ejército Nacional se ha venido señalando y estigmatizando a líderes de la región, considerando su labor como parte de las actividades de la insurgencia.

El día 21 de septiembre en la zona minera de la parte alta de la serranía de San Lucas, los habitantes fueron objeto de amenazas por parte de personal del Batallón Antiaéreo Nueva Granada, en la cuales se ha expresado: “este no será el único muerto que van a tener, habrán más líderes muertos”.

Estas amenazas se suman a las realizadas con anterioridad por parte de personal de esta unidad militar, en la cual han manifestado que ya tienen un listado de los líderes de la región e integrantes de la Federación Agrominera del Sur de Bolívar, a los cuales esperan encontrar solos en los caminos veredales.

• Utilización de desmovilizados: Desconociendo lo señalado en el concepto 21756 del 5 de mayo de 2006, de la Procuraduría General de la Nación, por parte de personal del Batallón Nueva Granada se viene haciendo uso en el sur de Bolívar de reinsertados, los cuales se movilizan armados y portando armamento de uso privativo de las fuerzas militares. Tal es el caso de Jorge Petere, integrante de estructuras paramilitares, quien participó en la quema del caserío Vallecito del municipio de San Pablo en el año 2000, y quién el pasado 7 de septiembre en compañía de personal del Batallón Bárbula de la XIV Brigada del Ejército Nacional, retuvieron a una familia y dos pobladores más, de manera ilegal y arbitraria, en la vereda el Jardín del municipio de San Pablo.

Este paramilitar intimidó a la población con el consentimiento y tolerancia del personal militar. A su vez, señaló a la junta de acción comunal y las organizaciones de derechos humanos de ser aparatos de la guerrilla.

• Torturas: El día 7 de septiembre de 2006, en la vereda El Jardín del municipio de San Pablo, el señor Jairo Alberto Salazar fue arbitrariamente privado de la libertad por personal del Batallón Bárbula quienes inicialmente se identificaron como integrantes de las AUC.

Encontrándose privado de la libertad fue amarrado, llevado a una quebrada y le fue puesto un revolver en la cabeza, amenazándolo de tirarlo a ésta si no confesaba donde estaba la guerrilla y si no aceptaba que el ganado que reposaba en su finca pertenecía a la misma.

3. Actuaciones de grupos paramilitares

• En diferentes municipios del Sur de Bolívar, integrantes de grupos paramilitares han venido operando bajo la figura de Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privada. En el municipio de Morales por parte de los mismos se han venido profiriendo amenazas en contra de jóvenes, en el contexto del desarrollo de planes de “limpieza social”. Estos mismos han amenazado a habitantes de Morales con arma de fuego.

A su vez, por parte de los mismos el 13 de marzo en el municipio de Morales se privó de la libertad a dos jóvenes que participaron de la jornada electoral, los que iban a ser asesinados, lo cual fu impedido ante la intervención de la comunidad.

CASOS EMBLEMATICOS

ASESINATO DEL LIDER AGROMINERO ALEJANDRO URIBE

El día 19 de septiembre de 2006, miembros del Batallón Antiaéreo Nueva Granada – Bagra, al mando del Coronel Romero, asesinaron al líder ALEJANDRO URIBE, miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Mineros del Bolivador, filial de la Federación Agrominera del Sur de Bolívar - FEDEAGROMISBOL y presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Mina Gallo, del municipio de Morales.

Alejandro Uribe, salió a las 9:30 a.m. desde la vereda Mina Gallo, en compañía del señor Emiliano García, fiscal de la Federación Agrominera del Sur de Bolívar, quienes se dirigían hacia las veredas la Cañada y San Luquitas, con el propósito e trabajar con dichas comunidades en relación con las actividades acordadas el 11 y 12 de septiembre de 2006 en la Asamblea de Comunidades del Sur de Bolívar, desarrollada en Buena Seña. En su poder Alejandro llevaba las conclusiones de la misma, así como actas de trabajo.

Una vez culminada la reunión en La Cañada, Alejandro salio con destino a Mina Gallo siendo aproximadamente la 1:00 p.m. Momentos después, cuando se desplazaba sólo, fueron escuchados repetidos disparos por el sector por el cual se desplazaba Alejandro, desconociéndose de su suerte. En vista de que el tiempo trascurría sin tener noticias de él, líderes de la comunidad dieron inicio a gestiones para su búsqueda y dieron aviso a la Defensoría del Pueblo, temiendo por la suerte del mismo.

En la mañana del 20 de septiembre circularon versiones que indicaban la supuesta muerte en combate de un guerrillero. Ante esta situación líderes y personas de la comunidad salieron en su búsqueda, encontrando en el camino por el cual se dirigía Alejandro, sus documentos de identidad, así como la bolsa que llevaba consigo y el acta de la Asamblea Regional.

Esta situación hizo presumir que Alejandro Uribe Chacón había sido asesinado, hecho que posteriormente fue confirmado. Por parte del Ejército se impidió a la comunidad de la zona minera ver el cadáver, siendo posteriormente presentado como guerrillero muerto en combate, al que supuestamente le fue incautado armamento, ello con el propósito de encubrir el crimen.

Alejandro había denunciado ante la Defensoría del Pueblo, el 7 de septiembre, los hechos relacionados con la ejecución de Arnulfo Pabón y la intimidación y estigmatización de que había sido objeto la comunidad y la Junta de Acción Comunal, de la cual era Presidente.

CASO ARNULFO PABON

El 18 de agosto de 2006, en la vereda Bolivador, el ejército arribó a la residencia de Arnulfo Pabón, conocido como “Lulo”, lugar en el cual convivía con la señora Bibiana Patricia Marín, madre de una niña de cuatro años, con quien desde hacía dos meses sostenía una relación afectiva.

Ante la presencia de miembros del Batallón Nueva Granada, alias lulo, decidió entregarse a los efectivos militares, haciendo entrega de un arma y un radio de comunicaciones, pidiéndoles no ser asesinado. Posterior a ello personal militar procedió a amarrarlo y golpearlo e ingresan a la residencia, la cual saquearon, procediendo luego a golpear y maltratar a quienes allí se encontraban.

Bibiana fue tomada por el cabello y arrastrada por el piso, ordenándole que se quite la ropa. Posterior a ello integrantes del Batallón Nueva Granada procedieron a tocar su cuerpo, manifestándole que está buena para violarla delante de su marido. Momentos después a Bibiana le ordenan acompañar al Ejército en su desplazamiento, en compañía de Lulo, orden de la cual desisten ante el clamor y llanto de su hija de tan solo cuatro años.

Pocos minutos después se escucharon unos disparos, mediante los cuales fue ejecutado Lulo, quièn fue presentado como muerto en combate. Su cadáver fue trasladado hasta Mina Gallo por personal del ejército, colgado de un palo, donde exigieron a la comunidad que lo reconocieran, procediendo a exhibirlo frente a la casa del presidente de la Junta de Acción Comunal ALEJANDRO URIBE y del fiscal de la Federación Agro Minera del Sur del Bolívar, Fedeagromisbol, EMILIANO GARCÍA CLAVIJO, en donde los soldados gritaron: “Traemos a Lulo para que hable con la junta y venga a cobrar más impuestos”. Posteriormente le manifestaron a la comunidad, “ya les traemos un jugo de lulo y esperen el jugo con otro guerrillero”.

CASO LA HONDA

El 26 de agosto del año 2006, tropas del Batallón Nueva Granada, al mando del capitán Blanco, incursionaron en la vereda la Honda Alta (Morales), obligando previamente en su recorrido a seis civiles a acompañarlos en su desplazamiento, situ