Cansados de escuchar tantas promesas que han incumplido distintos gobiernos, las organizaciones indígenas y campesinas de Plataforma Agraria decidimos hacer una medida de presión el 29 de marzo porque las demandas de las familias campesinas y rurales pobres siguen sin ser atendidas. Además los funcionarios actuales continúan trabajando para los grandes productores y a los indígenas, campesinos y organizaciones sociales nos responden con autoritarismo y políticas racistas excluyentes.

El gobierno actual cree que con sus programas está llevando al país por la senda del desarrollo, pero es evidente que las asignaciones presupuestarias a los siguientes programas no benefician a los campesinos pobres: Bosques de la Concordia es el pago a los ex patrulleros de autodefensa civil (467,9 millones de quetzales); Guate-Invierte ha beneficiado a exportadores y taxis de turismo (13.7 millones); distribución de fertilizantes por medio de alcaldes afines al partido de gobierno (139 millones de quetzales); el programa del Vaso de Leche sólo cubre 35 municipios del país (32.8 millones). Eso quiere decir que no alcanza ni los 147 municipios calificados como extremadamente pobres.

Las acciones del gobierno de Guatemala vinculadas con lo agrario y el desarrollo rural tienen que incluir un enfoque que favorezca a las economías campesinas (trabajadores agrícolas sin tierra o poca tierra, minifundistas sin capital de trabajo, micro productores con deudas), por tanto deben dejar de estar subordinadas a los lineamientos neoliberales que benefician al gran capital nacional y transnacional.

Las organizaciones de Plataforma Agraria demandamos la ejecución de políticas y cambios a la legislación. No queremos limosnas, queremos recursos y oportunidades para tener una vida digna y se respeten nuestros derechos. En ejercicio de nuestro derecho de petición, demandamos las siguientes medidas:

Emergencia social: 1) Atención para las familias afectadas por la crisis en el campo y la tormenta Stan, que incluya la transferencia de recursos monetarios no reembolsables, tierra y alimentos. 2) Resolución inmediata de los conflictos presentados en la Secretaría de Asuntos Agrarios. 3) Condonación de deudas impagables en oriente, norte y suroccidente del país.

Políticas públicas y reformas legales:

1) Con base en los Acuerdos de Paz, se necesita la constitución de un banco de tierras mediante la expropiación de terrenos mal adjudicados o de apropiación indebida y tierras por deudas laborales; así como cumplir con los artículos relacionados con la recuperación de tierras apropiadas indebidamente en el Petén y la Franja Transversal del Norte; fincas hipotecadas y la aplicación del impuesto a tierras ociosas. Urge establecer una institución de desarrollo que atienda de manera rápida las peticiones de tierra, proporcione un acompañamiento técnico eficiente, capital para inversión y trabajo, que no especule con las tierras y facilite el mercado de los productos.

2) Una legislación agraria que debe incluir el respeto a la legislación laboral y descartar que los conflictos agrarios y laborales se traten por la vía judicial; la derogación del Art. 139 del Código de Trabajo (reconocimiento de trabajadoras agrícolas con todos sus derechos), así como de los delitos de usurpación y usurpación agravada del Código Penal (por ser inconstitucionales). Se requiere un Código Agrario que llene los vacíos que existen en la defensa de los sujetos agrarios que requieren tutela del Estado.

3) Revisión del capítulo agrícola del tratado de libre comercio a efecto de proteger social y económicamente al campesinado del impacto a nivel de salarios, empleo, semillas y recursos naturales.

4) Política Pública de Desarrollo Rural Integral, consensuada con sociedad civil y asignación presupuestaria que mejore la calidad de vida de las familias campesinas e indígenas, así como respeto a sus derechos políticos, económicos, sociales y culturales.

5) Mientras no exista consenso en una nueva ley de minería y una política sobre el manejo de los recursos mineros, suspender los permisos para exploración y explotación de minerales.

Guatemala, 29 de marzo de 2006