En medio de un multitudinario recibimiento, el lunes 19 de septiembre llegaron a La
Paz unos 3.000 productores de la hoja de coca, tras recorrer a pie más de 22 días por
caminos de herradura. La caminata, denominada "Marcha por la vida, la coca, y la
dignidad", se inició a fines de agosto para protestar por "el clima de terror" desatado
por el gobierno del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada en el marco del operativo
"Nuevo Amanecer" en la zona del Chapare.

Este operativo comenzó en la madrugada del 13 de julio con el despliegue de unos
1.000 efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), de
la policía de Cochabamba y asesores de la DEA, como parte de la estrategia bautizada
como "Operación Cero", para erradicar el cultivo de la hoja de coca y sobre esa base
conseguir los US$ 20 millones de dólares ofrecidos por el gobierno
norteamericano.

Según las autoridades, la intervención armada estaba destinada a atacar las "redes de
narcotraficantes" que operan en la zona; pero su acción en realidad se orientó contra
los productores de coca y sus organizaciones, con la finalidad de desalojarlos de la
zona, quienes fueron objeto de allanamientos domiciliarios y redadas públicas, en los
que fueron detenidos cerca de un millar de personas, entre ellas el máximo dirigente
de la Confederación de Productores de Coca, Evo Morales.

Para protestar por esta agresión y exigir el retiro de las fuerzas del FELCN y de los
asesores de la DEA, el 9 de agosto se movilizaron en la zona de Chimoré unos
10.000 campesinos. Sin embargo, el régimen endureció sus posiciones aduciendo
que las protestas eran instrumentalizadas por la "narcoguerrilla". El 18 de agosto fue
torturado y asesinado por agentes antidrogas el campesino Felipe Pérez Ortiz,
agudizándose aún más el conflicto entre los productores de coca y el gobierno.

En estas circunstancias los cocaleros decidieron emprender la marcha en "defensa de
la vida, la hoja de coca y la dignidad nacional", que se inició en Villa Tunari el 29 de
agosto. Para impedir que ésta prospere, el gobierno militarizó la zona y procedió a
reprimir brutalmente, incluyendo la detención de los dirigentes Evo Morales y David
Herrera, quienes de inmediato se declararon en huelga de hambre, hasta que el 6 de
septiembre quedaron en libertad provisional. Entre tanto, a pesar de la represión, los
campesinos continuaron la marcha por caminos de herradura, mientras se sumaban
nuevos contingentes en el recorrido.

La víspera de que se inicie la marcha, el régimen hizo un llamado al diálogo, pero los
cocaleros se negaron debido a que se mantenía la situación de violencia. Mientras
continuaba la marcha, en los primeros días de septiembre la Conferencia Episcopal
Boliviana ofreció sus buenos oficios para una negociación gobierno-productores de
la hoja de coca, propuesta que fue aceptada por las partes en conflicto.

Los días 15 y 16 de septiembre en el palacio de gobierno se llevó a cabo un debate
multisectorial, presidido por el Presidente de la República, sobre la problemática
coca-cocaína, en el que se adoptó un acuerdo de consenso. Sin embargo, los
cocaleros esperan que los conceptos recogidos se traduzcan en políticas del
gobierno, y en este sentido continúan las negociaciones.

Los diez puntos del acuerdo

El texto del acuerdo señala:

1.- Uno de los fenómenos más complejos y peligrosos de nuestro tiempo, es la
fabricación, comercialización y el consumo de estupefacientes. Genera efectos
económicos, sociales, éticos y políticos de incalculable magnitud en el mundo,
pero afecta con mayor rigor a países como Bolivia, estructuralmente más
vulnerables.

2.- La producción excedentaria de coca, motivada por la demanda de droga, la
comercialización y el uso ilícito de precursores de todo tipo y el blanqueo de
dinero proveniente del narcotráfico, forman parte de ese flagelo que castiga a la
humanidad.

3.- Tanto por su dimensión internacional, como por su complejidad, el narcotráfico
debe ser combatido mediante una estrategia de alcance mundial, en cuya
ejecución cada país involucrado participe según su responsabilidad, capacidad
económica y significación en la producción, comercialización y consumo de
drogas.

4.- Bolivia, consecuente con los valores y principios que profesa su pueblo, relieva
su firme decisión de cumplir el deber moral que tiene con la humanidad, de
luchar sin tregua contra el narcotráfico y la drogadicción, no como consecuencia
de imposiciones extranjeras, sino en ejercicio pleno de sus soberanía y
atendiendo el interés nacional.

5.- En el marco de los conceptos enunciados, se considera fundamental:

a) Formular y ejecutar un plan integral en las zonas productoras de coca, coherente y
racionalmente articulado al desarrollo rural del país, en el que la lucha contra la
pobreza sea el principal objetivo. Los créditos, la asistencia técnica, la
infraestructura y otros apoyos que requiere el agricultor para cumplir su tarea
productiva, no deben estar sometidos a condicionamientos ajenos a cada proyecto.

b) El desarrollo de las áreas rurales del país y, dentro de éstas, de las zonas de
producción de coca, debe encararse a partir de soluciones nacionales y con el
apoyo de países amigos y organismos internacionales llamados a cooperar por la
naturaleza internacional del problema.

c) Además de representantes del gobierno, tanto en la concepción como en la
ejecución de programas de desarrollo rural, incluyendo a las zonas productoras de
coca, debe participar como protagonista, el agricultor a quien debe diferenciársele
en términos absolutos del narcotráfico. Esta diferencia debe darse en las
estructuras gubernamentales, así como en los niveles operativos relacionados con
la problemática coca-cocaína.

6.- Tomando en cuenta experiencias recogidas a la fecha y la petición de varios
sectores de la población, referida a la modificación de la Ley-1008, se
recomienda abrir un amplio debate nacional, para su oportuna consideración en el
Congreso Nacional.

7.- Es necesario mejorar los organismos encargados de la lucha contra el
narcotráfico. La lucha contra la delincuencia en este campo debe ser enérgica,
seria y honesta. Se debe garantizar los derechos humanos, tanto de los
productores de coca, como de todos los bolivianos. Todos tenemos garantías
constitucionales que deben ser respetadas.

8.- Siendo los medios de comunicación los encargados de difundir los
acontecimientos de la sociedad y del Estado, la información que los diferentes
sectores den a los periodistas y la que éstos brinden a la sociedad, debe ser
verdadera, clara y oportuna.

9.- Es necesario solicitar la cooperación internacional para verificar las cualidades y
naturaleza de la hoja de coca, para sobre esa base, iniciar la campaña
internacional sobre su despenalización.

10.- Finalmente las instituciones participantes celebran el diálogo sostenido que
abre un clima de paz, de participación y verdadera concertación entre los
bolivianos, basados en el respeto de los derechos de todos y, en los principios de
justicia social.

El documento fue firmado por los representantes de las siguientes organizaciones
sociales:

Central Obrera Boliviana, Confederación de Empresarios Privados de Bolivia,
Confederación Nacional de Medios de Comunicación, Coordinadora de las Cinco
Federaciones del Trópico de Cochabamba, Asociación de Periodistas de La Paz,
Asociación de Periodistas de Cochabamba, Federación de Trabajadores de
Prensa de Bolivia, Confederación Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia,
ADEP-Coca, Asociación Agroindustrial de Productores de Goma, Confederación
Nacional de Colonizadores, Fuerzas Armadas de la Nación, Policía Nacional,
Federación de Trabajadores del Trópico de Cochabamba, Federación de
Chimore, Federación de Carrasco Tropical, Federación de Centrales Unidas,
Poder Ejecutivo.