La crisis del sector agropecuario tiene origen y causas en el marco de la crisis
nacional, por tanto, el problema agrario en México no debe observarse como un
problema sectorial, sino como un verdadero problema nacional, ya que es en el
medio rural donde se registran violentamente los estragos de estas circunstancias
críticas: el movimiento insurgente de Chiapas, los problemas poselectorales
presentes en la región sur-sureste de la República y las grandes movilizaciones de
productores por la cartera vencida en la región centro-norte del país, muestran ya un
encadenamiento entre los problemas económicos y los problemas políticos que
dicha crisis conlleva.

El problema del sector agropecuario reviste un problema de carácter estructural,
vinculado con la distribución y el manejo de los recursos naturales, de la tecnología
y de la organización del proceso productivo; pero, también es el resultado de la
política económica del Estado centrada en la apertura comercial, en los mecanismos
de financiamiento del desarrollo productivo, así como de la definición particular de
los apoyos a la agricultura mexicana.

Como consecuencia de las políticas aplicadas para el medio rural, el campo
mexicano enfrenta una emergente necesidad de aumentar la productividad y mejorar
la rentabilidad de la producción agropecuaria; dicha circunstancia demanda de todos
los actores sociales del medio rural el que se sometan a un juicio crítico tanto las
causas como los efectos de la crisis para promover los cambios necesarios y
urgentes en materia de política agropecuaria.

En la CIOAC hemos insistido en diferentes foros y espacios que la superación, de la
crisis pasa necesariamente por una orientación radicalmente distinta de las políticas
aplicadas para el campo mexicano. En esa perspectiva hemos reiterado la necesidad
de instrumentar un nuevo modelo de desarrollo rural integral, que atienda tanto los
aspectos productivos como los de bienestar social de los trabajadores y habitantes
del campo. Así, un nuevo modelo de desarrollo rural integral debe considerar como
prioridades la satisfacción de la demanda interna del país, la generación del empleo y
servicios y el mejoramiento del nivel de vida de los campesinos y sus familias.

Concebimos como garante y sustento del nuevo modelo que proponemos el
fortalecimiento del sector social y especialmente a los productores del
autoconsumo, que suman más del 60% de los productores rurales y cultivan una
superficie mayor al 50% de las áreas cultivables.

Frente a la ausencia de un proyecto viable, global y de largo plazo que impulse la
capitalización y la rentabilidad del sector agropecuario y ante la persistencia de un
modelo excluyente, sometemos a la consideración de este LVII Pleno del Consejo
Nacional de CIOAC, las siguientes propuestas, que a juicio de la dirección nacional
pudieran integrar el nuevo modelo que planteamos:

1. Reformulación del artículo 27 constitucional. Dicha reformulación debe
restablecer los derechos de los campesinos a la tierra, definir la obligatoriedad
del Estado en la promoción y fomento de las actividades productivas en el medio
rural y devolver al ejido y a la comunidad indígena el carácter de inalienable,
imprescriptible e intransferible.

2. El nuevo modelo deberá estar fincado en una profunda reforma que promueva el
desarrollo rural integral más equitativo y democrático y que tenga como base una
reforma institucional y un cambio sustancial en las relaciones del Estado con los
pobladores rurales y sus organizaciones.

3. Definir la importancia y el papel que el campo y sus habitantes juegan en el
contexto de la economía nacional, y en este marco, ubicar al campo como uno de
los ejes prioritarios del nuevo modelo de desarrollo fomentando el papel de éste
en el abasto de la población, la industria y los servicios y en el combate a la
pobreza y a los rezagos que invaden al campo mexicano. Asignar mayores
recursos presupuestales y financieros al campo es un imperativo para lograr los
objetivos antes enunciados.

4. Fomentar el desarrollo rural reconociendo la diversidad y desigualdad que existe
en el campo. Establecer las reglas económicas que permitan la capitalización
rural y permitan la rentabilidad del sector disminuyendo el fuerte impacto de las
carteras vencidas. Para ello se requiere una política de precios y subsidios como
los dos componentes claves de la rentabilidad del sector agropecuario.

5. Diseñar e instrumentar una nueva estructura financiera de apoyo al campo. Dicha
estructura deberá contar con instrumentos e instituciones de fomento y
desarrollo y se orientará hacia la consolidación de los organismos sociales de
financiamiento creados por los propios campesinos tales como las uniones de
crédito, cajas de ahorro, fondos de garantía y fondos de aseguramiento.

6. Ampliar la política de bienestar social. Superar las condiciones de pobreza y
extrema pobreza --que afectan a 50 millones de mexicanos, en el caso de la
primera y a 24 millones en el segundo caso-- en base a la generación de empleos
productivos en el campo mexicano y al mismo tiempo establecer programas de
nutrición, salud, vivienda, educación, recreación y servicios comunitarios.

7. Justicia social y apoyo a los pueblos indios. Garantizar leyes equitativas para la
sociedad, modificar aquellas leyes que condenan la pobreza y la ignorancia.
Reconocer la diversidad de los pueblos indios y garantizarla en su espacio social
y político, reformar el artículo cuarto constitucional, promulgar su ley
reglamentaria, un estatuto especial que atienda y garantice los derechos de los
pueblos indios.

8. La superación de la crisis conlleva necesariamente el establecimiento de un
acuerdo nacional de reactivación del campo por parte de todos los actores del
medio rural. Dicho acuerdo debe garantizar el desarrollo rural mexicano con la
concurrencia de los campesinos y sus organizaciones y con la permanencia de
estos en su espacio natural. Debe tener como finalidad, garantizar la seguridad
alimentaria, la estabilidad social y la soberanía e independencia nacionales.

9. Superar los rezagos, como el agrario, y garantizar las libertades y democracia en el
campo son requisitos indispensables para salir de la crisis que padecemos, ello a
su vez demanda una profunda reforma política, la separación de partido y
gobierno, la desaparición del corporativismo y el respeto a la independencia y
autonomía de las organizaciones del campo y de productores.

10. Reconocer y respetar los derechos laborales y constitucionales de los obreros
agrícolas, de los jóvenes, de las mujeres del campo y en general de los
pobladores rurales para su incorporación a las actividades productivas y a los
beneficios del desarrollo rural mexicano, revisten un significado de primer orden
en la etapa y coyuntura actuales.

11. Explotar adecuada y racionalmente nuestros recursos naturales garantizando la
protección y defensa de los sistemas ecológicos son parte integrante del
esquema que proponemos con el fin de garantizar un desarrollo integral y
sustentable.

Lo anterior constituye la propuesta que nuestra organización ha estado demandando
en los últimos meses y años, quizá la crisis y la falta de recursos financieros
dificulten su instrumentación, pero en una reorientación de la política económica
como la que proponemos estos podrían en contra: declarando la moratoria del pago
de la deuda externa y los servicios, disminuyendo los gastos que genera la deuda
interna, los gastos militares, podría incluso pensarse en la confiscación y asignación
para el campo de los bienes y recursos incautados a los narcotraficantes y en la
reducción de los altos ingresos asignados a los funcionarios del gobierno de primer
y segundo niveles y a los representantes populares. En suma, la superación de la
crisis solo tiene viabilidad con una modificación radicalmente distinta de las
políticas económicas que los mexicanos todos hemos padecido en los últimos años.