Debido al agravamiento de la represión y persecución hacia la Asociación Nacional
de Usuarios Campesinos - Unidad y Reconstrucción (ANUC-UR), por parte de las
fuerzas militares, organismos de seguridad del Estado y grupos de escuadrones de la
muerte, esta organización fraterna está impulsando una campaña de solidaridad y
denuncia en defensa de la actividad gremial y por el derecho de expresión,
organización y movilización. Los blancos de tales ataques han sido las regionales
Arauca y Casanare, como lo reseñan los siguientes casos:

1. El día 22 de marzo, fue detenido en la ciudad de Yopal, Casanare, el c. Hernando
Cáceres Santos, directivo de la Asociación Departamental de Usuarios
Campesinos de Casanare, permaneciendo hasta el momento detenido en la cárcel
de esa ciudad, acusado de rebelión. Sobra denunciar el montaje que se le pretende
hacer a través de testigos sin rostro, personas de la más baja moral pagadas por el
ejército nacional.

2. El día 13 de abril del presente año, fueron vilmente asesinados los dirigentes
campesinos Carlos Mesías Arrigui y Gabriel Ascencio, el primero se
desempeñaba como presidente de la Asociación Departamental de Usuarios de
Casanare, y el segundo era miembro de la misma en calidad de directivo
Municipal. Carlos habría sido víctima de innumerables amenazas, allanamientos,
desde abril de 1994, cuando fue públicamente señalado por el general brigadier
Alvaro Velandia Hurtado, comandante de la decimosexta brigada del ejército
nacional, acusándolo de guerrillero y de haber orientado el paro campesino de El
Morro, por medio de la intimidación armada. Dicho paro, realizado en enero de
1994, fue liderado por 23 dirigentes campesinos de la ANUC-UR, en el
corregimiento de El Morro, Casanare, que buscaba soluciones a la angustiosa
situación de abandono y marginación del campesinado asentado en las tierras de
mayor riqueza petrolera del país, que sin embargo, es explotada y aprovechada por
multinacionales como la British Petroleum Company. Gabriel y Carlos fueron
asesinados por su férrea posición y compromiso con el campesinado colombiano.

3. El día 30 de abril del presente, fue asesinado fríamente nuestro c. Ramón Ricardo
Avila Saza, directivo de la Asociación Municipal de Usuarios Campesinos de
Tame, Arauca, quien fuera detenido a las 12:45 por unidades del ejército nacional
acantonados en la base militar de E. Naranjito, y civiles encapuchados, quienes
minutos después de llevárselo en un carro Nissan color blanco, se escucharon
disparos y posteriormente fue encontrado por su familia en la morgue del
cementerio de la localidad. Cuando su familiar fue a reconocerlo, un militar les
dijo: "lamento el caso, era una persona muy mala; aunque es una guerra absurda,
pero así tocaba. Acuérdense que de allá trajimos dieciseis (16) personas, así como
él cayó, van a caer muchas más".

Ramón Ricardo, fue asesinado en la vereda Puerto Nidia, municipio de Tamer,
Arauca, conocido por toda la comunidad como un dirigente honesto, trabajador,
comprometido con los problemas de la gente.

4. Los dirigentes campesinos(as): Humberto Castañeda, presidente de la Asociación
Municipal de Usuarios de Yopal, Casanare, Fany Nuñez, tesorera de la misma,
Alicia Merchán de Sánchez, presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda
La Vega, Casanare, Martín Ayala, vicepresidente de la Asociación Departamental
de Usuarios de Casanare, Miguel Arrigui (hijo de Carlos), sufren actualmente
persecución, hostigamientos, amenazas de muerte, montajes de proceso
judiciales, como consecuencia de haber liderado junto a Carlos Arrigui, Hernando
Cáceres y Gabriel Ascencio, el paro campesino de El Morro. Algunos de ellos han
sido obligados a desplazarse de su región, abandonando sus familias, bienes y
trabajo organizativo para refugiarse en otra región para proteger su vida.

5. Permanecen recluidos en las cárceles colombianas los dirigentes campesinos
miembros de la Junta Directiva Nacional y afiliados a nuestra organización
campesina: Pablo Emilio Torres, Luis Alberto Murillo Martínez, Luis Alfredo
Jiménez Yule, Marco Antonio Guerrero, Hernando Tavera, Nilson Teherán,
Daniris Rocío Pérez, sin que hasta el momento les hayan resuelto su situación
jurídica. La mayoría de ellos permanecen detenidos desde 1992.

Por los casos narrados, denunciamos la política de aniquilación de nuestra
organización campesina, la penalización de la protesta y acción social campesina y la
abierta violación al derecho de libre asociación, expresión y movilización que
consagra la Constitución Nacional. Llamamos a nuestras organizaciones hermanas,
miembros de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo a
pronunciarse enérgicamente ante el gobierno colombiano apoyando las siguientes
exigencias:

1. Investigación exhaustiva y castigo a los responsables materiales e intelectuales de
los crímenes cometidos contra nuestros compañeros Carlos Arrigui, Gabriel
Ascencio, Ramón Ricardo Avila Saza, reparación de los daños morales y
materiales causados a sus respectivas familias.

2. Protección inmediata a la vida de los dirigentes campesinos: Humberto Castañeda,
Fany Nuñez, Alicia Merchán de Sánchez, Martín Ayala, Miguel Arrigui,
cancelación de procesos judiciales en su contra y planes de atentar contra sus
vidas.

3. Libertad inmediata y restitución de derechos civiles de los dirigentes campesinos:
Pablo Emilio Torres, Luis Alfredo Jiménez Yule, Marco Antonio Guerrero, Luis
Alberto Murillo Martínez, Nilson Teherán, Hernando Tavera, Daniris Rocío Pérez.

4. Garantías para el desarrollo de las actividades gremiales de las Asociaciones
Departamentales de Usuarios Campesinos de Arauca y Casanare.

5. Cese del desplazamiento campesino producto de las violaciones sistemáticas de
los derechos humanos, adopción de programas de atención y prevención del
mismo por parte del Estado, garantizando dotación de tierras, créditos y demás
servicios a las familias campesinas desplazadas por la violencia y garantías de
protección a sus vidas.