Brasil: Por la Reforma Agraria y por la justicia en el campo
En Brasil hay, actualmente, 585 conflictos de tierra, que implican cerca de 88.240
familias de trabajadores. En 22 estados de la federación existen 20.521 familias
acampadas en los bordes de las carreteras o en terrenos cedidos a título precario.
Ellas esperan que el INCRA las convoque para efectuar su asentamiento. Entre tanto,
en la justicia, centenas de procesos de expropiación de áreas para asentamientos
esperan sentencia.
La realidad brasileña impone la adopción de un nuevo patrón de desarrollo
económico, democrático, socialmente justo y ecológicamente equilibrado, capaz de
incorporar a los millones de excluidos al proceso de desarrollo y ciudadanía. Para
eso, se impone igualmente, el fortalecimiento de la agricultura familiar y la urgente
realización de un amplio programa de Reforma Agraria, como parte de una estrategia
que apunte a eliminar la pobreza, la miseria, el hambre y la violencia crecientes,
reducir las inmensas desigualdades sociales y regionales, generar empleos en el
campo, disminuir la presión social sobre las ciudades y producir alimentos para el
abastecimiento del mercado interno.
Podemos afirmar que hay consenso en la sociedad brasileña en cuanto a la necesidad
de medidas que combatan las causas de la exclusión, de la miseria y de la violencia
en el campo. Este consenso fue expresado en las propuestas entregadas a los
presidentes de los tres poderes de la República hace más de treinta días, sin tener
respuesta de lo que fue hecho hasta el momento.
Reafirmamos, en este Manifiesto, nuestra convicción de que la realización de la
Reforma Agraria, en el actual contexto de la nación, pasa por la organización y
movilización de los trabajadores rurales y urbanos, por la participación de entidades
de la sociedad civil, por la implicación de los partidos políticos y por el compromiso
del Estado, principalmente del gobierno federal, de promover acciones que hagan
efectiva la Reforma Agraria.
Dentro de estas acciones, destacamos:
En el ámbito del Poder Ejecutivo.
* Liberar inmediatamente los recursos del presupuesto de 1995 y revisar la
propuesta del presupuesto de la Unión para 1996, garantizando recursos
necesarios para la concreción de la Reforma Agraria.
* Retomar y acelerar el proceso de obtención de tierras cultivables mediante la
expropiación por interés social para fines de la Reforma Agraria, con la
promoción del efectivo asentamiento de los trabajadores rurales, priorizando
soluciones para los campamentos, áreas de conflicto y otras áreas emergentes
demandadas por los trabajadores rurales;
* Realizar el asentamiento de los trabajadores rurales en tierras económicamente
útiles, con capacidad productiva, en sus propias regiones de origen, a la vez que
promover el desarrollo de los asentamientos garantizando su autonomía y
autogestión, mediante el acceso a los instrumentos de política agrícola
diferenciada para asentamientos y la agricultura familiar en general: crédito,
asistencia técnica, capacitación, incorporación de nuevas tecnologías adaptadas,
garantía de precios e infraestructura social y económica;
* Disponer que el Banco del Brasil proceda inmediatamente, sin favoritismo alguno,
al cobro de las deudas de los 1.276 mayores prestamistas para proyectos y
actividades rurales. Inmediata transferencia de las tierras de esos deudores al
INCRA, a fin de que en ellas sean asentadas las familias de los trabajadores rurales;
* Proponer reformas en la legislación agraria, buscando asegurar un ordenamiento
jurídico que posibilite la aceleración y ampliación del proceso de Reforma
Agraria;
* Retiro del proyecto de ley complementaria No. 37/1995, del Poder Ejecutivo y
movilización de la mayoría que el gobierno detiene en el Congreso para aprobar,
en régimen de urgencia urgentísima, el proyecto de ley No. 60/95 modificando lo
establecido en la ley complementaria No. 76/1993 para el nombramiento del
INCRA en la posesión de inmuebles rurales expropiados por interés social para
fines de la Reforma Agraria;
* Aprobación, también en régimen de urgencia urgentísima, de los proyectos de ley
490/95, 716/95, 733/95, que están tramitándose en el Congreso.
* Combatir la violencia en el campo suspendiendo las acciones de desalojo y
castigando los crímenes cometidos contra los trabajadores rurales;
* Apertura de investigación policial para esclarecer los casos de violencia cometida
contra la población rural, de acuerdo con informaciones a ser enviadas por
entidades de derechos humanos. Esclarecer, específicamente, las denuncias del
crimen organizado, de la violencia organizada y de la acción de los pistoleros en el
medio rural;
* Levantamiento, en treinta días, de todas las investigaciones y procesos criminales
en curso que implican a policías civiles y militares acusados de práctica de actos
de violencia y torturas contra la población rural, nombrándose una comisión, en el
Ministerio de la Justicia, a fin de averiguar esa documentación y proponer medidas
concretas para acelerarlos.
* Promoción de una reunión de gobernadores de los estados donde haya registro de
conflictos rurales, para que se discipline el uso de la fuerza policial en los casos
de desalojo u otras actuaciones;
* Dotar al INCRA de recursos humanos, materiales y financieros, como también
nombrar dirigentes nacionales y regionales comprometidos con la Reforma
Agraria.
* Demarcación inmediata de todas las tierras indígenas y mantención del Decreto
22/91, que reglamenta el procedimiento administrativo de demarcación de esas
áreas;
* Demarcación inmediata de todas las tierras pertenecientes a comunidades negras
rurales (quilombos), con la urgente reglamentación del artículo 68 del acto de las
Disposiciones Transitorias de la Constitución.
En el ámbito del Congreso Nacional
* Tramitación en régimen de urgencia urgentísima y aprobación de los proyectos de
ley referidos en este documento.
En el ámbito del Poder Judicial
* Levantamiento de las acciones de expropiación de tierras para fines de Reforma
Agraria en trámite, a fin de providenciar su cumplimiento;
* Verificación inmediata del valor de las indemnizaciones de los inmuebles y sus
beneficiados, fijados en los procesos de expropiación siendo que hay denuncias de
sobrevalorización de los bienes expropiados, en perjuicio de los recursos
destinados a la Reforma Agraria. Esa verificación debe ser ampliamente divulgada,
a fin de disipar toda duda sobre la materia.
La sociedad brasileña seguirá movilizada, exigiendo de las autoridades constituidas
que cumplan su papel de traer la paz al campo, realizando la reforma agraria y
garantizando los derechos de la persona humana a los trabajadores rurales sin tierra y
sus familias.
La democratización del acceso a la tierra y el respeto a los derechos de todos los
que viven en el campo son elementos fundamentales para el establecimiento de la
democracia y de la justicia en la sociedad brasileña.
Brasilia-DF, 25 octubre 1995
Foro por la Reforma Agraria y por la Justicia en el campo
CUT - Central Unica dos Trabalhadores
MST - Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra
CONTAG - Confederaçao Nacional dos Trabalhadores na Agricultura
CNBB - Conferencia Nacional dos Bispos do Brasil
CPT - Comissao Pastoral da Terra
CIMI - Conselho Indigenista Missionario
IBASE - Instituto Brasileiro de Analises Socio-Economicas
INESC - Instituto de Estudos Socio-Economicos
OAB - Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil
PT - Partido dos Trabalhadores
PC do B - Partido Comunista do Brasil
PPS - Partido Popular Socialista
PSB - Partido Socialista Brasileiro
Presidente da Comissao de Agricultura e Politica Rural da Camara dos
Deputados
Presidente da Comissao de Direitos Humanos da Camara dos Deputados
Articulaçao Nacional das Mulheres Trabalhadoras Rurais
Comissao de Defesa dos Direitos do Cidadao da Procuradoria Geral da
Republica
Caritas Brasileira
ABRA - Associaçao Brasileira de Reforma Agraria
En Brasil hay, actualmente, 585 conflictos de tierra, que implican cerca de 88.240
familias de trabajadores. En 22 estados de la federación existen 20.521 familias
acampadas en los bordes de las carreteras o en terrenos cedidos a título precario.
Ellas esperan que el INCRA las convoque para efectuar su asentamiento. Entre tanto,
en la justicia, centenas de procesos de expropiación de áreas para asentamientos
esperan sentencia.
La realidad brasileña impone la adopción de un nuevo patrón de desarrollo
económico, democrático, socialmente justo y ecológicamente equilibrado, capaz de
incorporar a los millones de excluidos al proceso de desarrollo y ciudadanía. Para
eso, se impone igualmente, el fortalecimiento de la agricultura familiar y la urgente
realización de un amplio programa de Reforma Agraria, como parte de una estrategia
que apunte a eliminar la pobreza, la miseria, el hambre y la violencia crecientes,
reducir las inmensas desigualdades sociales y regionales, generar empleos en el
campo, disminuir la presión social sobre las ciudades y producir alimentos para el
abastecimiento del mercado interno.
Podemos afirmar que hay consenso en la sociedad brasileña en cuanto a la necesidad
de medidas que combatan las causas de la exclusión, de la miseria y de la violencia
en el campo. Este consenso fue expresado en las propuestas entregadas a los
presidentes de los tres poderes de la República hace más de treinta días, sin tener
respuesta de lo que fue hecho hasta el momento.
Reafirmamos, en este Manifiesto, nuestra convicción de que la realización de la
Reforma Agraria, en el actual contexto de la nación, pasa por la organización y
movilización de los trabajadores rurales y urbanos, por la participación de entidades
de la sociedad civil, por la implicación de los partidos políticos y por el compromiso
del Estado, principalmente del gobierno federal, de promover acciones que hagan
efectiva la Reforma Agraria.
Dentro de estas acciones, destacamos:
En el ámbito del Poder Ejecutivo.
* Liberar inmediatamente los recursos del presupuesto de 1995 y revisar la
propuesta del presupuesto de la Unión para 1996, garantizando recursos
necesarios para la concreción de la Reforma Agraria.
* Retomar y acelerar el proceso de obtención de tierras cultivables mediante la
expropiación por interés social para fines de la Reforma Agraria, con la
promoción del efectivo asentamiento de los trabajadores rurales, priorizando
soluciones para los campamentos, áreas de conflicto y otras áreas emergentes
demandadas por los trabajadores rurales;
* Realizar el asentamiento de los trabajadores rurales en tierras económicamente
útiles, con capacidad productiva, en sus propias regiones de origen, a la vez que
promover el desarrollo de los asentamientos garantizando su autonomía y
autogestión, mediante el acceso a los instrumentos de política agrícola
diferenciada para asentamientos y la agricultura familiar en general: crédito,
asistencia técnica, capacitación, incorporación de nuevas tecnologías adaptadas,
garantía de precios e infraestructura social y económica;
* Disponer que el Banco del Brasil proceda inmediatamente, sin favoritismo alguno,
al cobro de las deudas de los 1.276 mayores prestamistas para proyectos y
actividades rurales. Inmediata transferencia de las tierras de esos deudores al
INCRA, a fin de que en ellas sean asentadas las familias de los trabajadores rurales;
* Proponer reformas en la legislación agraria, buscando asegurar un ordenamiento
jurídico que posibilite la aceleración y ampliación del proceso de Reforma
Agraria;
* Retiro del proyecto de ley complementaria No. 37/1995, del Poder Ejecutivo y
movilización de la mayoría que el gobierno detiene en el Congreso para aprobar,
en régimen de urgencia urgentísima, el proyecto de ley No. 60/95 modificando lo
establecido en la ley complementaria No. 76/1993 para el nombramiento del
INCRA en la posesión de inmuebles rurales expropiados por interés social para
fines de la Reforma Agraria;
* Aprobación, también en régimen de urgencia urgentísima, de los proyectos de ley
490/95, 716/95, 733/95, que están tramitándose en el Congreso.
* Combatir la violencia en el campo suspendiendo las acciones de desalojo y
castigando los crímenes cometidos contra los trabajadores rurales;
* Apertura de investigación policial para esclarecer los casos de violencia cometida
contra la población rural, de acuerdo con informaciones a ser enviadas por
entidades de derechos humanos. Esclarecer, específicamente, las denuncias del
crimen organizado, de la violencia organizada y de la acción de los pistoleros en el
medio rural;
* Levantamiento, en treinta días, de todas las investigaciones y procesos criminales
en curso que implican a policías civiles y militares acusados de práctica de actos
de violencia y torturas contra la población rural, nombrándose una comisión, en el
Ministerio de la Justicia, a fin de averiguar esa documentación y proponer medidas
concretas para acelerarlos.
* Promoción de una reunión de gobernadores de los estados donde haya registro de
conflictos rurales, para que se discipline el uso de la fuerza policial en los casos
de desalojo u otras actuaciones;
* Dotar al INCRA de recursos humanos, materiales y financieros, como también
nombrar dirigentes nacionales y regionales comprometidos con la Reforma
Agraria.
* Demarcación inmediata de todas las tierras indígenas y mantención del Decreto
22/91, que reglamenta el procedimiento administrativo de demarcación de esas
áreas;
* Demarcación inmediata de todas las tierras pertenecientes a comunidades negras
rurales (quilombos), con la urgente reglamentación del artículo 68 del acto de las
Disposiciones Transitorias de la Constitución.
En el ámbito del Congreso Nacional
* Tramitación en régimen de urgencia urgentísima y aprobación de los proyectos de
ley referidos en este documento.
En el ámbito del Poder Judicial
* Levantamiento de las acciones de expropiación de tierras para fines de Reforma
Agraria en trámite, a fin de providenciar su cumplimiento;
* Verificación inmediata del valor de las indemnizaciones de los inmuebles y sus
beneficiados, fijados en los procesos de expropiación siendo que hay denuncias de
sobrevalorización de los bienes expropiados, en perjuicio de los recursos
destinados a la Reforma Agraria. Esa verificación debe ser ampliamente divulgada,
a fin de disipar toda duda sobre la materia.
La sociedad brasileña seguirá movilizada, exigiendo de las autoridades constituidas
que cumplan su papel de traer la paz al campo, realizando la reforma agraria y
garantizando los derechos de la persona humana a los trabajadores rurales sin tierra y
sus familias.
La democratización del acceso a la tierra y el respeto a los derechos de todos los
que viven en el campo son elementos fundamentales para el establecimiento de la
democracia y de la justicia en la sociedad brasileña.
Brasilia-DF, 25 octubre 1995
Foro por la Reforma Agraria y por la Justicia en el campo
CUT - Central Unica dos Trabalhadores
MST - Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra
CONTAG - Confederaçao Nacional dos Trabalhadores na Agricultura
CNBB - Conferencia Nacional dos Bispos do Brasil
CPT - Comissao Pastoral da Terra