Todos los costos de producción social, económica y ambiental deben ser
incorporados (incluidos) en el precio de los bienes de consumo. Los precios de los
productos agrícolas a nivel nacional o regional deben garantizar la remuneración
justa del trabajo campesino.

13.1 El acceso al crédito debe ser democratizado e integrado para apoyar la
producción de alimentos, las poblaciones del campo y las comunidades rurales.
El crédito debe hacerse disponible para los pequeños productores y sus
empresas. Las condiciones de acceso al crédito deben ser no discriminatorias
en relación al origen racial o al sexo del individuo; además deben ser favorables
para los pequeños y medianos productores. Los mismos deben diseñarse para
favorecer la producción de alimentos (y no exclusivamente para favorecer los
cultivos de exportación).

13.2 Los campesinos deberían mantener el control sobre las decisiones relacionadas
con el uso crediticio. Actualmente, muchos préstamos crediticios se dan en
forma de insumos (pesticidas, fertilizantes, híbridos, etc), una práctica que sirve
únicamente a los intereses de los negocios agrícolas a gran escala y no a
aquellos de los campesinos o del medio ambiente. Las tasas de interés deben
mantenerse bajo control. Frecuentemente, las tasas de interés muy elevadas
forzan a los campesinos a vender la tierra para poder pagar sus deudas, lo que
resulta en una mayor concentración de tierras en pocas manos y en la migración
del campo hacia las zonas urbanas.