Las organizaciones laborales nicaragüenses conmemoraron unidas el primero
de mayo. "Durante mucho tiempo, factores político ideológicos nos dividieron,
dejando a un lado nuestros verdaderos intereses de clase", señalan los
trabajadores del campo y la ciudad, quienes llaman a restablecer los lazos de
solidaridad.

La Confederación de Acción y Unidad Sindical (CAUS), la Confederación
General de Trabajadores (CGT), la Confederación Central de Trabajadores de
Nicaragua (CNT), la Confederación de Unificación Sindical (CUS), la
Confederación Nacional de Maestros de Nicaragua (CNMN), la Confederación
General Central Sandinista de Trabajadores (CST), la Confederación General de
la Asociación Trabajadores del Campo (ATC), la Unión Nacional de Empleados
(UNE), el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (ANDEN), y la
Confederación de Trabajadores de la Salud (FETSALUD) elaboraron una
proclama conjunta que lleva el título "Unidos en defensa de los intereses de los
trabajadores". A continuación sus partes fundamentales:

La crisis que vive el pueblo nicaragüense se expresa de la manera siguiente:

1. Una política gubernamental de desarticulación sistemática y dirigida en contra de
los sindicatos y de las organizaciones populares, que se expresa con acciones tales
como: negación a la libertad sindical, por medio de la no inscripción de
sindicatos; desconocimiento de Juntas Directivas; supresión de los derechos
conquistados en convenios colectivos; aplicación de planes de conversión
ocupacional y de movilidad laboral; reestructuración y consecuente despido de
trabajadores del Gobierno central; retardación de la justicia laboral, todo por
efecto inmediato de la aplicación de los planes de ajuste estructural bajo las
condiciones del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, lo cual ha
profundizado la actual crisis económica, política y social.

2. En tasas alarmantes de desempleo que sobrepasan el 60%; deterioro de las
condiciones elementales de vida y trabajo; descomposición social (delincuencia,
prostitución y otros); privatización y consecuente deterioro de los servicios de
salud y educación, alto índice de mortalidad infantil y materna; analfabetismo
creciente, el cual se expresa casi en un 30 % de la población en edad escolar;
salarios de hambre de menos de 30 dólares mensuales, que no alcanzan ni para
cubrir el 20 % del valor de la canasta básica. Todo ello se agudiza e impacta con
pestes, enfermedades y hambre a los sectores más vulnerables, como son las
mujeres, niños y ancianos.

3. En el plano económico, el actual modelo se revela profundamente
antidemocrático e inhumano, cercenando las posibilidades de acceso al capital, la
propiedad y los recursos a amplios sectores de la población, favoreciendo la
concentración del capital en manos de unos pocos, convirtiendo al Estado en una
empresa lucrativa de capitalización particular. La corrupción ha tomado carta de
ciudadanía degradando las posibilidades de restablecer un tejido social sano y
reglas de convivencia que hagan posible la vida ciudadana para todos y no para unos
pocos.

4. Lo anterior ha generado una situación de ingobernabilidad real y de descrédito en
el sistema político el cual ha sido incapaz de atender con la captación de recursos
internacionales los problemas del país, comprometiendo de futuro y de forma
irreparable las fuerzas vivas de sus ciudadanos: trabajadores, pobladores,
productores, jóvenes, mujeres, ancianos y las futuras generaciones condenadas a
un destino de miseria, opresión y endeudamiento.

5. La retardación de justicia en los diferentes órganos del Poder Judicial ha
producido una indefensión casi absoluta de los ciudadanos nicaragüenses en la
solución de los problemas laborales, sindicales y sociales, principalmente de los
de escasos recursos económicos.

6. La represión, institucionalizada por el Gobierno, frente a los grandes problemas
sociales, laborales y sindicales, ha profundizado aún más la crisis política,
económica y social.

Conscientes de esta situación, el rol de los sindicatos y organizaciones populares es
ubicarnos y defender nuestros derechos como sujetos sociales, políticos y
económicos en cuanto a la toma de decisiones, para impulsar el desarrollo de la
sociedad y efectivamente dar un cambio real, siendo una forma concreta la
participación en la planificación, ejecución y control de la economía nacional, todo
de conformidad con el Artículo 101 de la Constitución Política.

Propuesta a la Nación

En la actual contienda electoral, diferentes partidos políticos ofertan "soluciones
mágicas y demagógicas" para ganar el voto popular; los cuales, una vez en el poder, se
arrogan el derecho de imponer políticas económicas y sociales discriminatorias, que
empobrecen a la nación y mantienen al pueblo sumido en la ignorancia, la miseria y
la opresión.

Por ello, las organizaciones sindicales, conscientes de que solamente "unidos en
defensa de los intereses de los trabajadores", podremos cambiar la actual
situación; proponemos a la Nación, a las diferentes organizaciones de la sociedad
civil, a los partidos políticos y a los poderes del Estado :

1. Construir una gran alianza que propicie un Acuerdo Nacional para la
gobernabilidad del país sobre la base de la redistribución de la riqueza social para
salir de la pobreza y enrumbarnos hacia el desarrollo sostenible.

2. La generación de empleo debe ser vista como parte de la redistribución de la
riqueza y como una inversión, en tanto potencia los recursos humanos, que son los
que impulsan el desarrollo de la Nación. Demandamos la creación de 100.000
plazas anuales de empleo especialmente productivo, estable, permanente y
sostenido, priorizando a la mujer y a los jóvenes.

3. Los servicios básicos no deben considerarse como una carga social, sino como
una inversión que aporta al desarrollo y al progreso social. Deben ser satisfechas
las necesidades básicas de la población tales como: agua, salud, educación,
energía, vivienda, seguridad social y comunicaciones que garanticen el derecho a
una vida digna y decorosa, como base sustantiva de los Derechos Humanos, siendo
una justa demanda la no privatización de estos servicios fundamentales.

4. Demandamos una política salarial que dignifique la condición de hombres y
mujeres trabajadores, valorice la fuerza de trabajo que permita un nivel de vida
digno estimulando a su vez, la eficiencia y la producción que nos permita ser
competitivos. Con ello, los trabajadores brindaremos bienestar a la sociedad y
fortaleceremos el desarrollo económico.

5. Demandamos al Ejecutivo el retiro inmediato del Veto al Código del Trabajo, ya
aprobado por la Asamblea Nacional, que aunque no llena todas las expectativas de
los trabajadores contribuye a una relación laboral equilibrada donde el trabajador
sea respetado como sujeto de desarrollo económico.

6. Demandamos a la Asamblea Nacional el rechazo al veto de la Reforma de la Ley
de Carrera Docente; de igual forma demandamos la reglamentación de la Ley de
Servicio Civil y Carrera Administrativa, así como la promulgación de una Ley
General de Educación y Ley General de Salud.

Por igual, demandamos a la Asamblea Nacional la discusión, aprobación y
promulgación de la Ley General de Cooperativas, Ley General de Transporte y una
Ley que garantice lo preceptuado en el Arto. 101 de la Constitución en lo
concerniente a la participación de los trabajadores en la Planificación de la
Economía y Gestión Estatal, concertándolas con los sectores beneficiarios.

7. Demandamos que se respete el derecho a la libre negociación de la Convención
Colectiva, para armonizar relaciones laborales en un marco de justicia y equidad
entre empleadores y trabajadores, haciendo uso del diálogo, la negociación, la
concertación para la superación de los problemas; pero reiteramos nuestro
derecho irrenunciable a la huelga, como un derecho consignado en el Arto. 83 de
nuestra constitución y en los Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT), ratificados por el Gobierno de Nicaragua.

8. Demandamos que se respete la libertad de organización sindical y que las leyes
laborales sean aplicadas en toda la nación, para evitar que estos derechos
continúen siendo cedidos por los gobiernos de turno como concesión a la
instalación de transnacionales y zonas francas, donde la fuerza de trabajo,
mayoritariamente femenina, es sometida a la explotación y hasta agresiones
físicas.

9. Demandamos claridad, transparencia y participación directa de los trabajadores
por medio de sus organizaciones sindicales en:

a. La administración de los Fondos de Seguridad Social.

b. La administración de los fondos de Capacitación técnica que impulsa el Estado.

De igual manera demandamos incrementar sustancial e inmediatamente el monto de
las pensiones otorgadas por el INSS a los pensionados.

10. Exigimos la entrega inmediata de escrituras y títulos, que ponga fin a los
desalojos de lotes, viviendas, propiedad, cooperativas, tierras y demás bienes en
poder de los desmovilizados de la guerra, los pobladores, los trabajadores y
campesinos. Así mismo demandamos la priorización de los sectores rurales,
democratizando el financiamiento de forma sostenible, que fortalezcan la
producción y permitan frenar la migración del campo a la ciudad.

11. Demandamos Programas especiales de atención a la niñez, que le permita un
desarrollo integral en especial aquellos que sufren de abandono.

12. Demandamos acciones concretas para preservar y proteger los recursos naturales
y el medio ambiente, haciendo uso racional de los mismos por parte del Estado,
así mismo la revisión de las concesiones otorgadas a transnacionales.

13. Demandamos la derogación de la multiplicidad de los impuestos que afectan a la
población en general y particularmente a los trabajadores.

14. Ante la globalización y regionalización de la economía mundial que son
fenómenos insoslayables, ante los cuales nuestra situación es totalmente
desventajosa, debemos disponernos en fortalecer la articulación con todas las
fuerzas sindicales nacionales, centroamericanas y demás fuerzas progresistas de
las distintas regiones del mundo.

15. Apelamos a la conciencia ciudadana para luchar decididamente en contra del mal
uso de los fondos del estado y la corrupción gubernamental.

Las organizaciones laborales nicaragüenses conmemoraron unidas el primero
de mayo. "Durante mucho tiempo, factores político ideológicos nos dividieron,
dejando a un lado nuestros verdaderos intereses de clase", señalan los
trabajadores del campo y la ciudad, quienes llaman a restablecer los lazos de
solidaridad.

La Confederación de Acción y Unidad Sindical (CAUS), la Confederación
General de Trabajadores (CGT), la Confederación Central de Trabajadores de
Nicaragua (CNT), la Confederación de Unificación Sindical (CUS), la
Confederación Nacional de Maestros de Nicaragua (CNMN), la Confederación
General Central Sandinista de Trabajadores (CST), la Confederación General de
la Asociación Trabajadores del Campo (ATC), la Unión Nacional de Empleados
(UNE), el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (ANDEN), y la
Confederación de Trabajadores de la Salud (FETSALUD) elaboraron una
proclama conjunta que lleva el título "Unidos en defensa de los intereses de los
trabajadores". A continuación sus partes fundamentales:

La crisis que vive el pueblo nicaragüense se expresa de la manera siguiente:

1. Una política gubernamental de desarticulación sistemática y dirigida en contra de
los sindicatos y de las organizaciones populares, que se expresa con acciones tales
como: negación a la libertad sindical, por medio de la no inscripción de
sindicatos; desconocimiento de Juntas Directivas; supresión de los derechos
conquistados en convenios colectivos; aplicación de planes de conversión
ocupacional y de movilidad laboral; reestructuración y consecuente despido de
trabajadores del Gobierno central; retardación de la justicia laboral, todo por
efecto inmediato de la aplicación de los planes de ajuste estructural bajo las
condiciones del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, lo cual ha
profundizado la actual crisis económica, política y social.

2. En tasas alarmantes de desempleo que sobrepasan el 60%; deterioro de las
condiciones elementales de vida y trabajo; descomposición social (delincuencia,
prostitución y otros); privatización y consecuente deterioro de los servicios de
salud y educación, alto índice de mortalidad infantil y materna; analfabetismo
creciente, el cual se expresa casi en un 30 % de la población en edad escolar;
salarios de hambre de menos de 30 dólares mensuales, que no alcanzan ni para
cubrir el 20 % del valor de la canasta básica. Todo ello se agudiza e impacta con
pestes, enfermedades y hambre a los sectores más vulnerables, como son las
mujeres, niños y ancianos.

3. En el plano económico, el actual modelo se revela profundamente
antidemocrático e inhumano, cercenando las posibilidades de acceso al capital, la
propiedad y los recursos a amplios sectores de la población, favoreciendo la
concentración del capital en manos de unos pocos, convirtiendo al Estado en una
empresa lucrativa de capitalización particular. La corrupción ha tomado carta de
ciudadanía degradando las posibilidades de restablecer un tejido social sano y
reglas de convivencia que hagan posible la vida ciudadana para todos y no para unos
pocos.

4. Lo anterior ha generado una situación de ingobernabilidad real y de descrédito en
el sistema político el cual ha sido incapaz de atender con la captación de recursos
internacionales los problemas del país, comprometiendo de futuro y de forma
irreparable las fuerzas vivas de sus ciudadanos: trabajadores, pobladores,
productores, jóvenes, mujeres, ancianos y las futuras generaciones condenadas a
un destino de miseria, opresión y endeudamiento.

5. La retardación de justicia en los diferentes órganos del Poder Judicial ha
producido una indefensión casi absoluta de los ciudadanos nicaragüenses en la
solución de los problemas laborales, sindicales y sociales, principalmente de los
de escasos recursos económicos.

6. La represión, institucionalizada por el Gobierno, frente a los grandes problemas
sociales, laborales y sindicales, ha profundizado aún más la crisis política,
económica y social.

Conscientes de esta situación, el rol de los sindicatos y organizaciones populares es
ubicarnos y defender nuestros derechos como sujetos sociales, políticos y
económicos en cuanto a la toma de decisiones, para impulsar el desarrollo de la
sociedad y efectivamente dar un cambio real, siendo una forma concreta la
participación en la planificación, ejecución y control de la economía nacional, todo
de conformidad con el Artículo 101 de la Constitución Política.

Propuesta a la Nación

En la actual contienda electoral, diferentes partidos políticos ofertan "soluciones
mágicas y demagógicas" para ganar el voto popular; los cuales, una vez en el poder, se
arrogan el derecho de imponer políticas económicas y sociales discriminatorias, que
empobrecen a la nación y mantienen al pueblo sumido en la ignorancia, la miseria y
la opresión.

Por ello, las organizaciones sindicales, conscientes de que solamente "unidos en
defensa de los intereses de los trabajadores", podremos cambiar la actual
situación; proponemos a la Nación, a las diferentes organizaciones de la sociedad
civil, a los partidos políticos y a los poderes del Estado :

1. Construir una gran alianza que propicie un Acuerdo Nacional para la
gobernabilidad del país sobre la base de la redistribución de la riqueza social para
salir de la pobreza y enrumbarnos hacia el desarrollo sostenible.

2. La generación