Gran preocupación ha causado entre los campesinos guatemaltecos la disposición
del presidente del Instituto Nacional de Transformación Agraria (INTA), Carlos
Ortega, en el sentido de que no se atenderán los compromisos contraídos hasta que
no entre en vigor el Acuerdo socioeconómico y agrario firmado a inicios de mayo
por el gobierno y la Unidad Nacional Revolucionaria Guatemalteca (URNG), en el
marco del diálogo para poner fin a la guerra interna que dura más de 35 años. Con
esta medida las "autoridades solo buscan el enfrentamiento y no el diálogo", señaló el
coordinador de la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina (CONIC), Juan
Tiney, anticipando que ella podría desencadenar una ola de invasiones.

El Acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria es el quinto
acuerdo firmado entre el gobierno y la URNG, pero el primero que responde a las
causas que originaron el conflicto, entre las que destaca el tema agrario.

Este acuerdo incluye medidas para acceder a la tierra, pero sin hacer mención a la
reforma agraria, ni referirse a la estructura altamente concentrada de la tenencia de la
tierra.

Fundamentalmente establece la creación de un Fondo de Fideicomiso de Tierras, que
"inicialmente se conformará con tierras baldías nacionales y fincas registradas a
nombre de la nación, tierras nacionales entregadas en forma irregular en el Petén y la
Franja Transversal del Norte que el gobierno se compromete a recuperar mediante
acciones legales, y tierras que se adquieran con los recursos que el Gobierno está
destinando a FONATIERRA y FONAPAZ para tal finalidad". Además contempla el
apoyo a empresas y asociaciones campesinas y cooperativas, mayor inversión
pública en infraestructura rural, programas de promoción ecológica, y otras medidas
orientadas a promover la "incorporación de la población rural al desarrollo
económico, social y político".

Desalojos violentos

Debido a la alta concentración de la tierra en pocas manos y la consiguiente falta de
tierras para la población campesina, mientras transcurrían las negociaciones, la
conflictividad en el agro ha aumentado significativamente. Situación que podría
agravarse aún más con la posición asumida por el INTA, en la medida que ello supone
postergar incluso el cumplimiento de compromisos contraídos que debían haberse
concretado, tal el caso de la entrega de seis fincas que ya fueron negociadas.

En el curso de los últimos meses se han registrado más de 30 ocupaciones de
haciendas, en diferentes puntos del país, y los desalojos se han tornado cada vez más
violentos. En el pasado mes de abril un intento de desalojo en la finca El Tablero, del
departamento de San Marcos, dejó un saldo de dos muertos: el dirigente Pro Tierra
Roberto Velásquez y el jefe de antimotines Ernesto Soto.

Sobre este particular la CONIC dio a conocer que, los campesinos venían
reclamando la propiedad de las tierras en las aldeas de El Tablero y Sacuchum desde
hace varios años. Luego de las masacres sufridas por ellos en enero de 1982, en la
que perdieron la vida 42 personas, el finquero Ricardo Díaz aprovechó el "golpe y el
dolor de esos momentos" para quitarles la tierra.

"Los campesinos inciaron las gestiones y trámites ante las autoridades
correspondientes, para que se les devuelva sus tierras, pero sus reclamos no tuvieron
eco porque las autoridades estaban al lado del finquero".

Frente a ello, los campesinos ocuparon las tierras que legal y legítimamente les
pertenece el 23 de noviembre de 1995, mientras seguían los trámites
correspondientes. Sin embargo, las autoridades y los finqueros intentaron, en varias
ocasiones, desalojarlos pero estos resistieron.

"No es posible hablar de un Estado de Derecho solo para los finqueros y
empresarios, dónde está el Estado de Derecho para los campesinos. Si las tierras son
de los campesinos, los finqueros deben ser desalojados, hecho que jamás ha
sucedido en nuestro país", concluye la CONIC.

Gran preocupación ha causado entre los campesinos guatemaltecos la disposición
del presidente del Instituto Nacional de Transformación Agraria (INTA), Carlos
Ortega, en el sentido de que no se atenderán los compromisos contraídos hasta que
no entre en vigor el Acuerdo socioeconómico y agrario firmado a inicios de mayo
por el gobierno y la Unidad Nacional Revolucionaria Guatemalteca (URNG), en el
marco del diálogo para poner fin a la guerra interna que dura más de 35 años. Con
esta medida las "autoridades solo buscan el enfrentamiento y no el diálogo", señaló el
coordinador de la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina (CONIC), Juan
Tiney, anticipando que ella podría desencadenar una ola de invasiones.

El Acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria es el quinto
acuerdo firmado entre el gobierno y la URNG, pero el primero que responde a las
causas que originaron el conflicto, entre las que destaca el tema agrario.

Este acuerdo incluye medidas para acceder a la tierra, pero sin hacer mención a la
reforma agraria, ni referirse a la estructura altamente concentrada de la tenencia de la
tierra.

Fundamentalmente establece la creación de un Fondo de Fideicomiso de Tierras, que
"inicialmente se conformará con tierras baldías nacionales y fincas registradas a
nombre de la nación, tierras nacionales entregadas en forma irregular en el Petén y la
Franja Transversal del Norte que el gobierno se compromete a recuperar mediante
acciones legales, y tierras que se adquieran con los recursos que el Gobierno está
destinando a FONATIERRA y FONAPAZ para tal finalidad". Además contempla el
apoyo a empresas y asociaciones campesinas y cooperativas, mayor inversión
pública en infraestructura rural, programas de promoción ecológica, y otras medidas
orientadas a promover la "incorporación de la población rural al desarrollo
económico, social y político".

Desalojos violentos

Debido a la alta concentración de la tierra en pocas manos y la consiguiente falta de
tierras para la población campesina, mientras transcurrían las negociaciones, la
conflictividad en el agro ha aumentado significativamente. Situación que podría
agravarse aún más con la posición asumida por el INTA, en la medida que ello supone
postergar incluso el cumplimiento de compromisos contraídos que debían haberse
concretado, tal el caso de la entrega de seis fincas que ya fueron negociadas.

En el curso de los últimos meses se han registrado más de 30 ocupaciones de
haciendas, en diferentes puntos del país, y los desalojos se han tornado cada vez más
violentos. En el pasado mes de abril un intento de desalojo en la finca El Tablero, del
departamento de San Marcos, dejó un saldo de dos muertos: el dirigente Pro Tierra
Roberto Velásquez y el jefe de antimotines Ernesto Soto.

Sobre este particular la CONIC dio a conocer que, los campesinos venían
reclamando la propiedad de las tierras en las aldeas de El Tablero y Sacuchum desde
hace varios años. Luego de las masacres sufridas por ellos en enero de 1982, en la
que perdieron la vida 42 personas, el finquero Ricardo Díaz aprovechó el "golpe y el
dolor de esos momentos" para quitarles la tierra.

"Los campesinos inciaron las gestiones y trámites ante las autoridades
correspondientes, para que se les devuelva sus tierras, pero sus reclamos no tuvieron
eco porque las autoridades estaban al lado del finquero".

Frente a ello, los campesinos ocuparon las tierras que legal y legítimamente les
pertenece el 23 de noviembre de 1995, mientras seguían los trámites
correspondientes. Sin embargo, las autoridades y los finqueros intentaron, en varias
ocasiones, desalojarlos pero estos resistieron.

"No es posible hablar de un Estado de Derecho solo para los finqueros y
empresarios, dónde está el Estado de Derecho para los campesinos. Si las tierras son
de los campesinos, los finqueros deben ser desalojados, hecho que jamás ha
sucedido en nuestro país", concluye la CONIC.