Chile en la década de los 90 aparece ante el concierto mundial en una situación
expectante y de progreso.

El sector silvoagropecuario exhibe éxitos importantes en áreas como la fruticultura,
la horticultura y/o exportación y el sector forestal (celulosa, papel y maderas). Este
sector está representado por empresarios, que en muchos casos cuentan con
inversiones extranjeras más que nacionales.

Por otro lado, la agricultura chilena presenta problemas serios en sus cultivos
anuales por las desventajas que el país tiene respecto de otros, en las condiciones
naturales de producción y en el valor de los insumos, lo que afecta finalmente su
rentabilidad. Este es el sector de los agricultores más tradicionales y de la pequeña
agricultura campesina y de subsistencia.

Los equilibrios macroeconómicos coexistentes con la ampliación de las
desigualdades sociales y con la mantención de un tercio de la población en situación
de pobreza. Los niveles de pobreza e indigencia son más evidentes en el sector rural
y más grave en las mujeres que en los hombres.

La contradicción de la economía chilena es que conviven en la actualidad altas tasas
de crecimiento económico y bajos índices de desempleo e inflación, con la
mantención de altos niveles de pobreza e indigencia en la población, ello, en el
contexto de la ampliación de las desigualdades sociales visibles en las características
regresivas que asume la redistribución de los ingresos en el país.

Las tasas de crecimiento han aumentado en los 90 respecto de la década de los 80
desde un 3.5% promedio por año el 6.7% de crecimiento anual del PIB, el poder
adquisitivo de los salarios y remuneraciones ha aumentado igualmente en un 26.5%
entre 1990 y 1995 y los índices de pobreza e indigencia en la población, ello, en el
contexto de la ampliación de las desigualdades sociales visibles en las características
regresivas que asume la redistribución de los ingresos en el país.

Las tasas de crecimiento han aumentado en los 90 respecto de la década de los 80
desde un 3.5% promedio por año al 6.7% de crecimiento anual del PIB, el poder
adquisitivo de los salarios y remuneraciones ha aumentado igualmente en un 26.5%
entre 1990 y 1995 y los índices de pobreza han disminuido en el conjunto de la
población del 23% al 20.4% entre 1992 y 1994, mientras la población en situación
de indigencia ha variado del 8.8% en 1992 al 8.0% en 1994.

En el área rural, sin embargo, los indicadores de pobreza tienden a mantenerse e
incluso a aumentar, ya que, en 1992 se encontraba un 23.7% de la población en
situación de pobreza y un 9.8% en situación de indigencia mientras en 1994 estos
índices alcanzan el 21.4% de pobre y el 10.2% de indigentes. Estos indicadores,
comparados con aquellos, que se dan a nivel urbano evidencian la ampliación de la
brecha económico-social entre el campo y la ciudad.

En 1994 (encuesta CASEN), se determinó que en situación de pobreza rural existían
153.667 hogares, lo que representa el 26.4% de los hogares rurales. La mayor
cantidad de población rural se localiza entre la IV y la X región del país. La pobreza
rural sigue este mismo sentido de distribución.

Los cambios demográficos, políticos y económicos ocurridos en el sector rural en
las últimas décadas, han generado modificaciones importantes en la situación de las
mujeres rurales.

Las trabajadoras asalariadas agrícolas

El actual modelo de desarrollo económico incorpora masivamente a las mujeres al
mercado de trabajo frutícola y hortícola, generándose un nuevo tipo de trabajadora
agrícola, la trabajadora temporera.

El trabajo de temporada es un trabajo netamente estacional que está supeditado por la
época de cosecha y preparación para la comercialización de los productos agrícolas.
El sistema de contratación es vía "enganchadores", es decir, personas dedicadas a
entregar listados de posibles trabajadores/as a las empresas productoras y
exportadoras. Ultimamente esto se ha formalizado constituyéndose las empresas
contratistas. Por otro lado es un tipo de trabajo donde hay gran mano de obra joven y
especialmente de mujeres, ya que son los dos sectores más vulnerables y a quienes
se les paga menores salarios.

Las principales características del empleo temporal son las extensas jornadas
laborales, las precarias condiciones físicas de trabajo, la flexibilización de las
relaciones laborales y el bajo pago por mano de obra.

La debilidad de la organización de las trabajadoras rurales tiene relación con el
impacto negativo que tuvo el largo periodo de represión política ejercida contra
cualquier tipo de organización que se vivió bajo el gobierno militar. En particular hay
que considerar los obstáculos introducidos a la organización sindical rural, algunos
de los cuales aún persisten a pesar de los avances legislativos ocurridos en 1993 y
1994, por ejemplo uno de ellos, la imposibilidad de negociar colectivamente por
parte de los y las asalariadas agrícolas.

Por otra parte, a los obstáculos socio-históricos, se añaden la emergencia de
relaciones de competencia laboral entre las propias trabajadoras asalariadas
agrícolas, generadas, en gran medida, por la inestabilidad que caracteriza al empleo
temporal agrícola, además de las nuevas modalidades de pago de salarios,
generalmente "a trato" o trabajo "a destajo".

A lo anterior habría que agregar la situación de represión empresarial, en forma
directa, y las acciones de acoso sexual ejercidas por las jefes en contra de las
mujeres trabajadoras; y la sobrepresión por el rendimiento que conduce a las
mujeres al consumo de estimulantes.

Se pueden considerar que esta diversidad de factores, actuando conjuntamente,
tienden a incidir en forma negativa frente a las posibilidades de las mujeres para
desarrollar un proceso de sindicalización amplio y exitoso. Los cambios
macrosociales en el sector agrícola, que se dan cada vez más rápido, no se han visto
acompañados por mejorías significativas en las condiciones de vida y de trabajo de
las trabajadoras agrícolas, presentando aún en 1996 condiciones salariales y de
trabajo similares y en algunos casos más deterioradas a las que se observaban hace
diez años.

Las mujeres campesinas tradicionales

Por otro lado, sigue existiendo una agricultura desarrollada por mujeres basada en
cultivos tradicionales, orientada al mercado interno y a la subsistencia. Este sector
son las llamadas pequeñas productoras agrícolas, que constituyen un soporte
fundamental para la reproducción del campesinado.

En el ámbito del trabajo doméstico, las mujeres campesinas deben realizar las tareas
en condiciones de extrema precariedad: la falta de infraestructura sanitaria -agua
potable, sistemas de eliminación de excretas-, la falta de electrificación y un
deficitario equipamiento del hogar, determinan una importante sobrecarga de trabajo
doméstico para las mujeres. Lo que generará una desigualdad de oportunidades para
la incorporación a los procesos productivos.

En el caso de las mujeres campesinas pequeñas productoras, la mayoría no tiene
acceso a predios suficientemente grandes que les permita obtener ingresos
suficientes a partir del cultivo de los terrenos en que habitan. En general las mujeres
tenemos bajo acceso a la propiedad, tanto de tierra como para la vivienda.

El número de campesinos o campesinas con acceso a la tierra de cultivo ha
disminuido considerablemente en los últimos años, debido a los factores antes
mencionados, que ha llevado a la pérdida de los derechos del suelo y a que las
campesinas y campesinos en situación de pobreza han debido vender sus terrenos y
los ingresos que estos grupos familiares perciben no les permite arrendar predios de
tamaño suficiente para trabajar en la agricultura de forma independiente.

El proceso de cambio producido en la agricultura ha afectado directamente tanto a
las mujeres pequeñas propietarias agrícolas como a las antiguas asalariadas,
desarrollándose en el ámbito del trabajo nuevas y complejas relaciones sociales
tanto de cooperación con otras y otros trabajadores, las que llevan a generar nuevas
formas de organización y participación social entre las mujeres que anteriormente
aparecía más difícil convocar debido al alto grado de aislamiento en que vivían y
trabajaban las campesinas.

El uso indiscriminado de los plaguicidas en la actividad silvoagropecuaria
principalmente de exportación, producto de la utilización del paquete tecnológico
imperante, contaminante y no sustentable, constituye un serio riesgo potencial para
la salud de los habitantes del medio rural, principalmente los campesinos y otros
grupos empobrecidos, debido a que son estos habitantes rurales lo que consumen
aguas no potables, especialmente de canales de regadío y de represas, donde se
depositan los residuos, producto de las aplicaciones a los cultivos, del lavado de
equipos de asperjación, o de restos que son vertidos para su eliminación en estos
cauces.

De igual modo estos grupos humanos rurales, reciben diferentes dosis de plaguicidas
en sus lugares de residencia por la deriva de los plaguicidas, producto de las
aplicaciones en empresas aledañas áreas o con equipos de gran potencia, con lo que
se contaminan los suelos, las casas, las pertenencias, los huertos y los animales
domésticos. Los efectos directos de estas acciones afectan principalmente a las
mujeres y a los niños que permanecen mayores períodos de tiempo en esto lugares.

El uso indiscriminado de los fertilizantes minerales y los plaguicidas, elementos
contaminantes y que ha hecho dependientes a nuestras agriculturas, constituyen un
importante negocio para las empresas transnacionales, las que ejercen una fuerte
presión sobre los gobiernos y sus dependencias para impedir cualquier regulación
efectiva sobre su uso. Esta presión incluye el cultivo orgánico.

La base de la seguridad alimentaria de los países latinoamericanos radica en la
producción nacional de alimentos para consumo interno; es por esto que se debe
proteger y desarrollar la agricultura campesina, la cual históricamente ha producido
una parte considerable de estos alimentos.

La agricultura campesina tiene la posibilidad real de desarrollar la producción de
alimentos en áreas libres del uso de fertilizantes y plaguicidas, por métodos
orgánicos. Esta forma de producción tendrá un mercado que tiende a incrementarse.

La seguridad alimentaria de un país tiene relación con la preservación de los suelos
agrícolas, en su uso adecuado, mantención de su fertilidad e impedir que sean
contaminados, como de igual forma las aguas y el medio ambiente rural.

Los productos exportados, en su mayoría, no constituyen riesgo para los
consumidores importadores, por cumplir estos -los productos- los períodos de
carencia. El problema y las consecuencias del uso indiscriminado de plaguicidas
afecta, fundamentalmente, a la salud de la población de nuestros países productores.
Nosotros nos quedamos con los suelos y las aguas contaminadas y las patologías
producto del efecto de los agrotóxicos.

Confederación Nacional Campesina El Surco

Chile en la década de los 90 aparece ante el concierto mundial en una situación
expectante y de progreso.

El sector silvoagropecuario exhibe éxitos importantes en áreas como la fruticultura,
la horticultura y/o exportación y el sector forestal (celulosa, papel y maderas). Este
sector está representado por empresarios, que en muchos casos cuentan con
inversiones extranjeras más que nacionales.

Por otro lado, la agricultura chilena presenta problemas serios en sus cultivos
anuales por las desventajas que el país tiene respecto de otros, en las condiciones
naturales de producción y en el valor de los insumos, lo que afecta finalmente su
rentabilidad. Este es el sector de los agricultores más tradicionales y de la pequeña
agricultura campesina y de subsistencia.

Los equilibrios macroeconómicos coexistentes con la ampliación de las
desigualdades sociales y con la mantención de un tercio de la población en situación
de pobreza. Los niveles de pobreza e indigencia son más evidentes en el sector rural
y más grave en las mujeres que en los hombres.

La contradicción de la economía chilena es que conviven en la actualidad altas tasas
de crecimiento económico y bajos índices de desempleo e inflación, con la
mantención de altos niveles de pobreza e indigencia en la población, ello, en el
contexto de la ampliación de las desigualdades sociales visibles en las características
regresivas que asume la redistribución de los ingresos en el país.

Las tasas de crecimiento han aumentado en los 90 respecto de la década de los 80
desde un 3.5% promedio por año el 6.7% de crecimiento anual del PIB, el poder
adquisitivo de los salarios y remuneraciones ha aumentado igualmente en un 26.5%
entre 1990 y 1995 y los índices de pobreza e indigencia en la población, ello, en el
contexto de la ampliación de las desigualdades sociales visibles en las características
regresivas que asume la redistribución de los ingresos en el país.

Las tasas de crecimiento han aumentado en los 90 respecto de la década de los 80
desde un 3.5% promedio por año al 6.7% de crecimiento anual del PIB, el poder
adquisitivo de los salarios y remuneraciones ha aumentado igualmente en un 26.5%
entre 1990 y 1995 y los índices de pobreza han disminuido en el conjunto de la
población del 23% al 20.4% entre 1992 y 1994, mientras la población en situación
de indigencia ha variado del 8.8% en 1992 al 8.0% en 1994.

En el área rural, sin embargo, los indicadores de pobreza tienden a mantenerse e
incluso a aumentar, ya que, en 1992 se encontraba un 23.7% de la población en
situación de pobreza y un 9.8% en situación de indigencia mientras en 1994 estos
índices alcanzan el 21.4% de pobre y el 10.2% de indigentes. Estos indicadores,
comparados con aquellos, que se dan a nivel urbano evidencian la ampliación de la
brecha económico-social entre el campo y la ciudad.

En 1994 (encuesta CASEN), se determinó que en situación de pobreza rural existían
153.667 hogares, lo que representa el 26.4% de los hogares rurales. La mayor
cantidad de población rural se localiza entre la IV y la X región del país. La pobreza
rural sigue este mismo sentido de distribución.

Los cambios demográficos, políticos y económicos ocurridos en el sector rural en
las últimas décadas, han generado modificaciones importantes en la situación de las
mujeres rurales.

Las trabajadoras asalariadas agrícolas

El actual modelo de desarrollo económico incorpora masivamente a las mujeres al
mercado de trabajo frutícola y hortícola, generándose un nuevo tipo de trabajadora
agrícola, la trabajadora temporera.

El trabajo de temporada es un trabajo netamente estacional que está supeditado por la
época de cosecha y preparación para la comercialización de los productos agrícolas.
El sistema de contratación es vía "enganchadores", es decir, personas dedicadas a
entregar listados de posibles trabajadores/as a las empresas productoras y
exportadoras. Ultimamente esto se ha formalizado constituyéndose las empresas
contratistas. Por otro lado es un tipo de trabajo donde hay gran mano de obra joven y
especialmente de mujeres, ya que son los dos sectores más vulnerables y a quienes
se les paga menores salarios.

Las principales características del empleo temporal son las extensas jornadas
laborales, las precarias condiciones físicas de trabajo, la flexibilización de las
relaciones laborales y el bajo pago por mano de obra.

La debilidad de la organización de las trabajadoras rurales tiene relación con el
impacto negativo que tuvo el largo periodo de represión política ejercida contra
cualquier tipo de organización que se vivió bajo el gobierno militar. En particular hay
que considerar los obstáculos introducidos a la organización sindical rural, algunos
de los cuales aún persisten a pesar de los avances legislativos ocurridos en 1993 y
1994, por ejemplo uno de ellos, la imposibilidad de negociar colectivamente por
parte de los y las asalari