A la opinión pública nacional e internacional

¡Dignidad y justicia para las mujeres quemadas
y para todas/os las/os temporeras/os del país!

La Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, ANAMURI, junto a organizaciones ambientales y sociales de Chile, que nos acompañan, manifestamos nuestra satisfacción por el cierre del sumario sanitario, que investigó el caso de 22 trabajadores temporeros, mayoritariamente mujeres, que sufrieron graves quemaduras y lesiones en la piel cuando cosechaban habas en el predio “El Descanso”, ubicado en el sector de Santa Rita de Pelarco, en la VII Región del Maule.

Sólo ahora, a más de 10 meses de haberse iniciado el respectivo sumario sanitario, el nuevo Secretario Regional Ministerial de Salud de la VII Región del Maule, Gerardo Herrera Latorre, puso fin a la investigación iniciada por la Oficina de Acción Sanitaria de Talca y el pasado 29 de agosto entregó los resultados y dictó sentencia contra los responsables de la terrible intoxicación masiva, ocurrida el 22 de octubre de 2004 y que impactó a todo el país, cuando la televisión difundió imágenes de los cuerpos quemados de dos trabajadoras internadas en el Hospital Regional de Talca.

El Sumario Sanitario, demostró que tanto el agricultor, Antonio del Carmen Navarrete Rojas, como el contratista Manuel Esparza (“enganchador”) infringieron diversas disposiciones del Reglamento sobre Condiciones Sanitarias Mínimas en los Lugares de Trabajo, del Ministerio de Salud, (Decreto 594) Por tanto, el agricultor deberá pagar una multa de 200 UTM, equivalente a mas de 6 millones de pesos, y el contratista tendrá que pagar 50 UTM de multa, lo que equivale a cerca de 1 millón y medio de pesos.

Una vez dados a conocer los resultados de este sumario sanitario, las organizaciones sociales y ciudadanas firmantes declaramos lo siguiente:

1. Las conclusiones y la sentencia contenidas en el sumario reafirman nuestra certeza, expresada desde que se supo de esta tragedia, que la causa de las graves quemaduras y lesiones sufridas por las trabajadoras y trabajadores temporeros fue la intoxicación por plaguicidas aplicados en el cultivo de habas y no una “reacción alérgica al manzanillón” o a una prolongada exposición al sol, como sostuvieron quienes hoy están sindicados como responsables del daño causado, versión que también fue acogida por algunas autoridades y gremios de agricultores.

2. Denunciamos, una vez más, el uso indiscriminado de agrotóxicos en nuestro país, que está causando graves daños en el medio ambiente y en la salud de las personas, especialmente trabajadores agrícolas, mujeres, ancianos y niños. Según cifras del Ministerio de Salud, sólo entre enero y octubre de 2004 se registraron en Chile 198 casos de intoxicaciones agudas por plaguicidas, 137 de los cuales afectaron a mujeres.

3. Por lo anterior, reiteramos nuestra demanda a las autoridades que se prohíba en el país el uso de estas sustancias químicas, comenzando por los agrotóxicos calificados como “altamente peligrosos” y “extremadamente peligrosos” por la Organización Mundial de la Salud.

4. La intoxicación masiva de las trabajadoras de San Clemente, puso nuevamente al descubierto las inhumanas condiciones en que están trabajando los y las Asalariadas Temporeras de la agricultura, que son la base del boom agroexportador. En cada temporada agrícola, son alrededor de medio millón de personas –más de la mitad, mujeres- que trabajan sin contratos laborales, sujetos a la doble explotación de contratistas y empresas agrícolas, expuestos a abusos de toda índole y, más aún, con grave riesgo para su salud.

En consecuencia, exigimos el pleno respeto de sus derechos humanos, laborales y de salud, que se fiscalice el cumplimiento de las leyes laborales en las faenas de temporada, que se ponga fin a los contratistas que se llenan los bolsillos con el trabajo ajeno; que se dé plena cobertura de salud y previsional a los trabajadores y trabajadoras temporeras.

5. Específicamente en el caso de las temporeras quemadas de San Clemente, exigimos una indemnización que cubra los gastos en salud, los daños físicos y sicológicos que han debido soportar, y los impedimentos para volver a trabajar. Es probable que Edith Araya y Olivia Muñoz, las trabajadoras más afectadas por la intoxicación, no puedan volver a trabajar como temporeras por el resto de sus vidas, lo que equivale a negarles el pan y el agua en una zona donde la única posibilidad de trabajo son las faenas agrícolas de temporada. El Estado multa a los responsables de la tragedia que las involucró tan brutalmente, pero las víctimas siguen abandonadas a su suerte. Lo menos que se puede exigir es reparación e indemnización por el daño causado.

Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (ANAMURI)
Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina (RAP-AL).
Alianza por una Mejor Calidad de Vida (RAP-Chile)
Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA)
Centro de Estudios de Desarrollo de la Mujer (CEDEM)
Corporación de Investigaciones en Agricultura Alternativa (CIAL)

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