La agudización del conflicto armado y la crisis humanitaria se ensañan nuevamente con nuestra región con un agravante mas, crisis social y económica con el reinicio de las fumigaciones y comienzos de un paro armado decretado por las FARC.

El que hoy estemos en paro armado donde ya comienza a escasear algunos alimentos y gasolina y por ende el transporte urbano era previsible, si se tiene en cuenta los siguientes antecedentes:

1. La muerte de 10 infantes de marina en el Municipio de Puerto Leguízamo el pasado 23 de marzo.

2. La muerte de 3 policías en el municipio de San Miguel el pasado 19 de mayo.

3. La muerte de 22 soldados en el Municipio de Puerto Asís, el pasado 25 de junio en la zona del Teteye.

4. Atentados contra la infraestructura social; la voladura de 2 torres que conducen la energía el pasado 20 de julio, que dejó sin este servicio a 9 Municipios, y posteriormente la voladura del puente en Villalobos el pasado 23 de julio que dejo sin comunicación vial al Putumayo con el centro del País.

5. Atentados permanentes contra la infraestructura petrolera, con la voladura del oleoducto transandino, siendo un promedio de uno cada semana, desde el comienzo de este año.

Todos los anteriores hechos atribuidos a las FARC.

La visita que hizo el presidente Uribe, al final del mes de junio, hacía prever que la situación mejoraría, sin embargo fue todo lo contrario.

Con lo ocurrido el día 25 de julio, la situación tocó fondo, al dejar como saldo del enfrentamiento entre ejército y guerrilla en la vía Mocoa Pitalito 20 heridos (13 civiles y 7militares) y un soldado muerto, adicionalmente se conoció oficialmente la incineración de tres vehículos de servicio público en el trayecto Mocoa – Puerto Asís.

Tenemos claro que el narcotráfico es uno de los factores que genera violencia, así como también que los paramilitares son los principales causantes del desplazamiento en algunos municipios, especialmente el de San Miguel y de las muertes selectivas en Puerto Asís por este mismo actor sin tener en cuenta para nada los acuerdos de la mesa de Ralito.

Es evidente que el trasfondo de esta situación son los recursos naturales, de manera específica el petróleo, donde ya tenemos conocimiento de la contratación que se han hecho para que exploten este recurso, y eso es entendible del por que el gobierno ha manifestado que dará la garantías necesarias para que puedan hacer la explotación, de allí la instalación de una brigada móvil con 800 soldados y 4.300 hombres para el cuidado de la infraestructura vial-petrolera. Pero no hay respuesta social frente al abandono en que están nuestras fronteras y el aumento del la pobreza y miseria que se sume el sector rural.

Quedamos en la incertidumbre si esta situación hará que justifique aun más la política de seguridad democrática mediante el afianzamiento del Plan Patriota, de ser así, convocamos a la solidaridad de la comunidad internacional y Ongs de derechos humanos para que hagamos seguimiento y pronunciamientos a las violaciones de derechos humanos e infracción al derecho internacional que de hecho vendrán.

Atentamente,

ANUC PUTUMAYO