La hacienda California está situada en el municipio de Jaíba, en Minas Gerais, Brasil. Hace parte de los proyectos de “reforma agraria de mercado” implementado por el gobierno brasileño en cooperación con el Banco Mundial.

En esta hacienda existen tres asociaciones de trabajadores rurales (unas 150 familias). En total las familias trabajan unas 4 mil hectáreas que eran parte de una hacienda de 11 mil hectáreas en total. Las familias recibieron créditos por medio del programa Cédula da Terra (Para Terra, en Minas Gerais) para comprar la tierra, y además financiamiento para la construcción de viviendas, instalación de servicios de agua potable y luz eléctrica. Por estos créditos cada una de las familias asumió una deuda de R$ 8 mil (US$ 2.800).

Las familias se dieron cuenta de la posibilidad de adquirir tierras a través del proyecto de tierra a través de información suministrada por funcionarios del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA), ligado al Ministerio de Desarrollo Agrario. Sin embargo, el proyecto fue iniciado por el hacendado y la organización se inició con el objetivo de comprar tierras.

En el año 2002 las familias tenían que pagar su primera cuota para la compra de tierra, pero aún no han podido hacer ningún abono a la deuda. Una Misión de Investigación de FIAN y La Vía Campesina verificó en junio de 2004, que las familias no están produciendo lo suficiente para poder alimentarse. Las dificultades para sobrevivir en las tierras se han debido a varios factores. La tierra que compraron es de mala calidad y hasta ahora no han recibido ninguna asistencia técnica. Sin duda, la calidad de la tierra y la asistencia técnica se constituyen en elementos claves del fracaso del programa Para Terra. Por la carencia de estos dos factores muchas familias tienen que seguir trabajando para el hacendado. Han elaborado varios proyectos, por ejemplo la producción de papaya, pero aún no han podido acceder a financiamiento. Muchas familias están recibiendo ayuda del Gobierno Federal a través de los programas sociales, (canastas básicas, y merienda escolar para los niños que asisten a la escuela) y según las entrevistas que hizo la misión entre varias personas de la comunidad, no hubiera sido posible sobrevivir en las tierras sin estos programas sociales. El hecho de que desde el principio del proyecto la mitad de las familias hayan abandonado las tierras, muestra también las dificultades para sobrevivir en las mismas.

Aparte de estos problemas relacionados con las posibilidades de alimentarse, la misión identificó problemas de participación acerca de la implementación del proyecto. Por ejemplo, en las negociaciones para comprar las tierras sólo participaron el presidente de la asociación, el hacendado y un representante de los asistentes técnicos del gobierno responsable de la implementación del programa. La mayoría de los miembros de la asociación ni siquiera conocen las condiciones de los acuerdos, ni tienen copias del contrato. La mayoría opina que el precio que pagaron (R$ 215 por hectárea) fue demasiado alto en vista de la calidad de la tierra.

La misión también constató problemas de participación de las mujeres dentro de la asociación. Los estatutos de la asociación establecen explícitamente que solamente los asociados tienen derecho de votar. Asociado es la persona que suscribe el contrato, y puesto que normalmente son los hombres que firman el contrato y de hecho son los asociados, las mujeres no tienen ningún derecho de participar en las decisiones. Varias mujeres expresaron un descontento con esta situación.

Para concluir, la Misión afirma que las familias no podrían sobrevivir sin trabajar para el hacendado o beneficiarse de los programas sociales del gobierno. Sus condiciones de vida son tan dificiles como antes, pero ahora tienen una deuda por pagar.

La hacienda Califórnia es una de las áreas del Programa Cédula da Terra. Este programa (el nombre oficial del proyecto es “Land-Based Poverty Alleviation Project” (proyecto de mitigación de pobreza basado en tierra) nació de la cooperación entre el gobierno brasileño y el Banco Mundial (número del financiamiento junto al Banco Mundial – BR 7037). El proyecto piloto (Cédula da Terra) se inició en 1996 e involucró alrededor de 15 mil familias en cinco Estados del Noreste. En 1998, el gobierno brasileño creó el Banco da Terra y amplió su extensión a todo el país. En 2001, el Banco Mundial aprobó nueve préstamos para financiar el Crédito Fundiário (continuación del proyecto piloto) . El Gobierno actual agrupó los programas bajo el título de “Crédito Fundiário de Combate à Pobreza Rural” (crédito de tierra para combatir la pobreza rural).

El Gobierno brasileño, a través del Ministerio de Desarrollo Agrario, es responsable para la implantación del programa. En nivel estatal o local, hay una serie de asociaciones de los propios trabajadores involucrados que implementan las acciones. Esas entidades desconocen las reglas del programa.

Las organizaciones del Fórum Nacional para la Reforma Agrária y Justicia en el Campo, junto con organizaciones internacionales, han luchado contra la implementación de los programas porque, entre otras razones, no cumplen el objetivo de combatir la pobreza y concurren con los programas constitucionales de reforma agraria. Las organizaciones han presentado dos solicitudes de inspección (en 1999 y 2001) al Panel de Inspección del Banco Mundial que consideró los pedidos pertinentes, pero no recomendó la inspección por razones de procedimiento. Varias audiencias con representantes del Banco Mundial y del Gobierno brasileño fueron realizadas, para denunciar las irregularidades en la ejecución del programa en los Estados.

A pesar de los problemas verificados, el Banco Mundial ha expandido el programa. La ampliación del programa constituye una medida regresiva para garantizar la realización del Derecho a una adecuada alimentación (pues no ha dado acceso sostenible a la tierra a los beneficiarios y los ha dejado endeudados) y socava el principio constitucional de la función social de la propiedad.

El gobierno alemán es parte del gremio de directores del Banco Mundial. Ha sido informado de los problemas del proyecto durante varios años. A pesar de admitir esos problemas en varias ocasiones, el gobierno nunca solicitó una suspensión del financiamiento del Banco Mundial.

* Brot für die Welt, FIAN, Evangelischer Entwicklungsdienst. Globalizando derechos humanos económicos y sociales a través del fortalecimiento de las obligaciones estatales extraterritoriales. Siete estudios de casos: efectos de la política alemana en derechos humanos en el Sur. Marzo 2005.