Tabla
de contenido

1.     
Introducción

2.     
Para llegar a los pobres: la nueva estrategia de desarrollo
rural

3.     
Política de tierras para el Crecimiento y la Reducción
de la Pobreza: el informe sobre políticas de tierras

4.     
Crecimiento: siempre primero

5.     
La privatización de la tierra

6.     
Arrendamientos de tierra: la nueva panacea

7.     
El fracaso de la reforma de tierras asistida por el mercado
8.
¿Pacificación para la estabilidad de inversiones?
9.
La Campaña Global por la Reforma Agraria y el Banco Mundial
1.
Introducción
En
octubre de 2002 la junta directiva del Banco Mundial aprobó su
nueva estrategia de desarrollo rural. Por otra parte, el Banco
publicó en mayo de 2003 su informe sobre política de
tierras titulado Política de tierras para el Crecimiento y
la Reducción de la Pobreza. Estos dos documentos
influenciarán de manera poderosa la definición de las
futuras políticas nacionales de tierra y desarrollo rural, así
como las políticas de cooperación internacional en este
campo. Prácticamente ningún otro organismo
internacional está en condiciones de imponer su agenda de
manera tan agresiva y sistemática como el Banco Mundial.
Mientras la Organización Mundial del Comercio OMC está
en el foco de las protestas, la actuación del Banco no ha
encendido la misma chispa de movilización social masiva. Esto
resulta asombroso si se tiene en cuenta que ha sido el Banco quien ha
allanado el camino de la OMC (el control de la tierra es clave para
las inversiones agro-industriales, forestales, mineras, de agua,
biodiversidad e infraestructura) y ha intervenido de manera más
profunda y anti-democrática en los procesos nacionales de toma
de decisiones que han abocado al hambre y la pobreza a grandes
sectores de la población rural en todo el mundo.

Las
políticas que los mencionados documentos adoptan,
profundizarán los procesos de privatización de la
tierra y continuarán empobreciendo y despojando a las mujeres
y las comunidades rurales de sus medios de vida. La Campaña
Global por la Reforma Agraria, promovida por FIAN y La Vía
Campesina, presenta en este documento un análisis crítico
de las nuevas políticas. Desde hace varios años venimos
denunciando los efectos perjudiciales que las políticas de
tierras y desarrollo rural del Banco Mundial ha tenido en las
condiciones de vida de las familias campesinas pobres y sin tierra de
muchos países del sur. Este documento presenta pues el punto
de vista de las afectadas y los afectados y sus organizaciones que
rara vez son escuchados a nivel nacional y mucho menos a nivel
internacional.

En
primer lugar, presentamos un breve resumen de ambos documentos. Luego
pasamos a analizar aspectos del contenido que consideramos clave y
finalmente hacemos algunas observaciones sobre la manera como el
Banco llevó los procesos de elaboración de estos
documentos.
2.
Para llegar a los pobres: la nueva estrategia de desarrollo
rural
En
vista de que a nivel mundial cerca del 75% de las personas sumidas en
la pobreza vive en zonas rurales, y de que la asignación de
recursos para la agricultura ha caído dramáticamente,
el Banco constata que su iniciativa en el desarrollo rural ha sido
muy modesta hasta ahora (el monto de sus inversiones para el
desarrollo rural sólo asciende al 25% del total de los
recursos asignados). El objetivo principal de la nueva estrategia es
darle mayor relevancia al desarrollo rural en las actividades del
Banco. El Banco parte de la base de que para los países más
pobres la agricultura es la principal fuente de crecimiento económico
rural y que el crecimiento agrícola es la condición
principal para reducir la pobreza rural. Abiertamente, el Banco
asevera que el aumento de la productividad y el crecimiento agrícola
son el foco central de la nueva estrategia. La nueva estrategia de
desarrollo rural se redefine tomando como fundamento los principios
básicos del ajuste estructural (como la liberalización
de los mercados agrícolas, el fortalecimiento de la empresa
privada y la privatización de sectores que aún sigan en
manos del Estado), a la vez que trata de dar respuesta a cambios
contextuales clave como la globalización de los mercados de
alimentos, los avances científicos y tecnológicos, la
profundización del proceso de urbanización, los cambios
climáticos y la degradación ambiental. Dicho en pocas
palabras, la nueva estrategia apunta a fomentar el crecimiento
agrícola mediante las siguientes políticas:
liberalización del comercio agrícola e integración
completa de la agricultura en los tratados multilaterales de
comercio; apoyo a la inversión en ciencia y tecnología,
particularmente biotecnología; apoyo a la diversificación
de la agricultura de exportación para satisfacer la demanda
creciente de los mercados globales de alimentos; aumento de la
eficiencia en el uso de agua mediante elevación de precios;
privatización de los servicios de extensión rural y
apoyo a la construcción de infraestructura rural.

Al
margen del núcleo de la estrategia, el Banco formula algunas
medidas destinadas a mitigar la vulnerabilidad y mejorar el bienestar
de la población rural. Dentro de ellas destacan la necesidad
de mejorar la calidad dietética y combatir las deficiencias de
micronutrientes, las redes de seguridad social, la priorización
del combate contra el HIV/SIDA y la educación primaria
universal. En lo tocante a la conservación de los recursos
naturales, la estrategia promueve la optimización del uso de
estos recursos de manera que se puedan alcanzar las metas de aumento
de la productividad agrícola.
3.
Política de tierras para el Crecimiento y la Reducción
de la Pobreza: el informe sobre políticas de tierras

El
informe sobre políticas de tierras destaca la importancia de
la tierra como un recurso clave para los pobres rurales, para el
crecimiento económico y el funcionamiento de los mercados y
otras instituciones sociales. El informe pretende aumentar la
efectividad de las políticas de tierras en el desarrollo y la
reducción de la pobreza; con este fin, el informe presenta los
resultados más recientes de la investigación sobre
políticas de tierra de manera que sirvan como guía para
la formulación de políticas.
El
informe se articula en tres partes: derechos de propiedad y seguridad
de la tenencia de la tierra; mercados de tierra, en particular
mercados de arrendamiento de tierras; y uso de la tierra y el papel
del Estado.

La
seguridad de los derechos de propiedad es considerada como una medida
que puede mejorar el bienestar de los más pobres (incluyendo
grupos tradicionalmente discriminados como las mujeres) pues la
tierra es su principal medio de vida. Al mismo tiempo, se considera
que la seguridad de la tenencia de la tierra es clave para el
crecimiento económico pues incentiva a invertir, mejora el
acceso al crédito, facilita la transferencia de tierras para
mejorar la eficiencia alocativa y contribuye al desarrollo de los
mercados financieros. También destaca el informe los impactos
de la seguridad de la tenencia de la tierra en la resolución
de conflictos de tierra, así como en la gobernabilidad y el
empoderamiento de grupos marginados.
Las
transacciones de tierra en los mercados son consideradas un mecanismo
importante para dar acceso a la tierra a productores que carecen de
tierra o no tienen tierra suficiente, así como para
desarrollar los mercados financieros utilizando la tierra como
garantía. De los mercados de arrendamiento de tierras se dice
que se caracterizan por tener costos de transacción bajos;
además, el arrendamiento de tierras se considera un modo más
flexible y versátil que la venta para transferir tierra de los
productores menos eficientes a los más eficientes.

En
cuanto al papel de los gobiernos, el informe parte de la premisa que
las transacciones descentralizadas basadas en derechos de propiedad
seguros tienen más probabilidad de aumentar la eficiencia y la
equidad que las intervenciones estatales, propensas a la corrupción.
El papel de los gobiernos se debe restringir entonces a establecer el
marco legal e institucional en el que puedan funcionar los mercados
de tierras; y a crear el contexto macroeconómico en el que las
transacciones que aumenten la productividad sean recompensadas. Sin
embargo, y dada la distribución desigual de la propiedad de la
tierra y la subutilización de tierra productiva en muchos
países, es necesario que los gobiernos emprendan reformas
redistributivas. Por otra parte, para promover un uso de la tierra
que maximice el bienestar social los gobiernos deberían
recurrir más a instrumentos fiscales que a normas reguladoras.
 
4.
Crecimiento: siempre primero
Crecimiento
y reducción de la pobreza son términos que aparecen
ligados a lo largo de ambos documentos. Se habla de „crecimiento
en pro de los pobres“ o de „poner a los pobres en
condiciones de participar de los beneficios del crecimiento“
pero no se explica de qué manera[1].
Mientras las nuevas políticas delinean de manera clara y
precisa cómo fomentar y proteger las inversiones, el comercio
y el sector privado, las medidas para la reducción de la
pobreza se quedan a lo sumo en paliativos. La estrategia de
desarrollo rural muestra una clara preferencia por las corporaciones
transnacionales, muchas de las cuales tienen un largo historial de
actividades sumamente perjudiciales para el disfrute de los derechos
humanos de las comunidades rurales y para el medio ambiente[2].
Medidas paliativas como las redes de seguridad social propuestas no
cumplen con estándares de derechos humanos, están lejos
de solucionar las causas estructurales del hambre y la pobreza y han
sido instrumentalizadas políticamente[3].
No es de extrañar entonces que medidas explícitamente
concebidas para dar acceso y control a los recursos productivos (como
la tierra, el agua, los créditos) a las mujers y a los más
pobres juegan un rol marginal y ambiguo en la nueva estrategia. Esta
da por cierto que las políticas de tierra aplicadas hasta
ahora por el Banco y basadas en mecanismos de mercado han sido
exitosas y planea ampliarlas en el futuro a pesar de toda la
evidencia que existe sobre el fracaso y los daños que ellas
producen[4].
De esta forma, la invocación de los pobres y la reducción
de la pobreza tiene más la función de encubrir a los
verdaderos beneficiarios de las políticas de crecimiento, al
mismo tiempo que constituyen aparentemente la justificación de
estas mismas políticas.

La
nueva estrategia de desarrollo rural no aborda las causas sociales de
la pobreza ni tampoco contiene propuestas que apunten a superar las
barreras sociales, económicas y políticas que privan de
medios de vida a la población rural más pobre. Por el
contrario: la estrategia aboga por profundizar las políticas
de liberalización y privatización ejecutadas hasta
ahora y que han tenido efectos funestos en las condiciones de vida de
las comunidades rurales. Estudios exhaustivos sobre los impactos de
los programas de ajuste estructural como los de SAPRIN[5]
- realizados con el apoyo inicial del mismo Banco- llegan a la
conclusión de que las políticas de reforma agrícola
han exacerbado la desigualdad en el campo: El fomento a las
exportaciones agrícolas, la liberalización de las
importaciones y el retiro del Estado de la prestación de los
servicios de extensión y apoyo a la producción han
beneficiado a los grandes productores, al mismo tiempo que han
excluido y/o despojado a los grupos más marginalizados de su
acceso a los recursos productivos como la tierra, créditos,
etc. Los ingresos de los pequeños agricultores no han
mejorado, sino que han empeorado porque al mismo tiempo los costes de
insumos y producción han aumentado dramáticamente. De
igual forma, el acceso físico y económico a alimentos
se ha empeorado notoriamente: la capacidad de producir la propia
alimentación ha decaído por los altos costes de
producción; las áreas sembradas con granos básicos
han tenido que ceder su espacio en favor de los cultivos de
exportación afectando la disponibilidad local de alimentos y
aumentando la dependencia de las importaciones; la reducción
de los ingresos y el aumento de los precios de los alimentos
demuestran que, en estas condiciones, el acceso a los alimentos por
la via del mercado es pura ilusión. Los efectos de estas
políticas han sido particularmente negativos para las
agricultoras pues estas políticas han agudizado la
discriminación tradicional de las mujeres en el acceso y
control de los recursos productivos. Finalmente, el favorecimiento de
los monocultivos de exportación, el uso intensivo de insumos
químicos y la concentración de la tenencia de la tierra
causados por estas políticas han continuado con el proceso de
degradación ambiental y de biodiversidad.

La
nueva estrategia fomentará, además, el proceso de
concentración del sistema mundial alimentario. Las cadenas de
productos agrícolas, tanto del lado de los insumos como de los
productos, se concentran cada vez más en manos de un par de
transnacionales. Estas gozan de un estatus de cuasi-monopolio en
muchos campos lo cual les permite dictar costos y precios
desfavorables a los pequeños agricultores. Esta tendencia está
estrangulando a los campesinos y los obliga a abandonar la
agricultura.[6].
Ante
este panorama, esperar que la solución venga principalmente de
la mano de la ciencia y la tecnología significa agudizar la
exclusión social en el campo: La Revolución Verd