Los movimientos y organizaciones agrarias colombianas sufren una
escalada de violencia por fuerzas estatales y paraestatales que
ha tenido como consecuencia asesinatos, detenciones y el
desplazamiento de, campesinos y campesinas, negros e indígenas.
La ola de violencia es resultado de la llamada "política de
seguridad democrática" del gobierno de Álvaro Uribe Vélez. El
gobierno ha promovido detenciones masivas de campesinos,
penalizando y condenando de forma arbitraria y violando el
derecho al debido proceso a los líderes campesinos, negros e
indígenas. Las autoridades colombianas hacen campañas de
difamación y criminalización de las organizaciones agrarias,
buscando asociarlas a la subversión, estimulando y preparando el
camino para la represión brutal de las fuerzas estatales y los
grupos paramilitares.

Ante esta grave situación de violación de los derechos humanos,
es muy importante presionar a las autoridades colombianas para
que tomen medidas urgentes para respetar, proteger y garantizar
los derechos de los campesinos/campesinas, negros e indígenas de
Colombia. Por favor, envíe cartas al Presidente de la República
con copia para el Vicepresidente. Informe también a la
Convergencia Campesina, Negra e Indigena (CNI).

Antecedentes

Numerosas organizaciones están sufriendo la represión del Estado
colombiano, combinada com la acción de los grupos paramilitares.
La Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria FENSUAGRO
es víctima de una auténtica cacería contra sus líderes
regionales: una masacre fue perpetrada el pasado 11 de noviembre
en el municipio de Cajamarca, asesinando a cinco líderes
campesinos, entre ellos RICARDO ESPEJO, MARCO ANTONIO RODRIGUEZ,
GERMAN BERNAL, JOSE CESPEDES. En Arauca, fueron detenidos los
sindicalistas APOLINAR HERRERA, RUDY ROBLES y NEY MEDRANO,
POLICARPO PADILLA. Los hermanos AUGUSTO FONSECA, JOSÉ RAFAEL
FONSECA, Y RAMÓN FONSECA, quienes eran miembros activos del
Sindicato de Trabajadores Agrícolas del Atlàntico –
SINTRAGRICOLAS, seccional Ponedera, fueran asesinados, así como
SAUL COLPAS, presidente departamental de SINTRAGRICOLAS.

Además hay información sobre la desaparición forzada de VICTOR
JIMENEZ FRUTO, presidente de SINTRAGRICOLAS, seccional Ponedera,
y el desplazamiento de ALVARO LONDOÑO Y SUNILDA COLPAS. El
destierro de los afiliados al Sindicato de Trabajadores Agrícolas
del Meta SINTRAGRIM – seccional Bajo Ariari, la detención de mas
de ochenta líderes en el municipio de Cartagena del Chairá,
departamento del Caquetà, en cabeza del compañero VICTOR OIME
constituidos en un Comité pro sindical agrario, el desplazamiento
forzado de los dirigentes sindicales de SINTRAPALMA Puerto
Wilches, como ARIANO LEON, JULIO ARTEAGA, PABLO VARGAS, ALIRIO
RINCON Y RAUBERTO RODRIGUEZ, entre otros.

La Asociación de Mujeres Campesinas e Indígenas ANMUCIC, ha
sufrido la persecución, el desplazamiento y amenazas colectivas
que han llevado a su dirección nacional a solicitar refugio
internacional ante los constantes asedios.

El Sindicato de Trabajadores del antiguo instituto de la reforma
agraria, SINTRADIN, también ha sido objeto de la represión: el
día 16 de noviembre fue asesinado MARIO SIERRA, dirigente de la
seccional Arauca; LUIS JESUS RODRIGUEZ, ALONSO CAMPIÑO Y
DIOGENES, son miembros de SINTRADIN – seccional Arauca, han sido
encarcelados injustamente. La Asociación de Usuarios Campesinos –
Unidad y Reconstrucción – ANUC-UR, ha sufrido persecución en el
municipio de Ricaurte y en los departamentos de Cauca y Nariño.

En este ciclo de violencia, los sectores indígenas y sus
comunidades como el caso de los KANKUAMOS de la Sierra Nevada de
Santa Marta o de los BETOYES de Arauca, han sufrido el asesinato
de varios de sus miembros. En el caso de la organización zonal de
Indígenas del Putumayo, han sufrido detenciones masivas, entre
ellos el Vicepresidente de la OZIP. Otro tanto parecido ha
sucedido con los GUAMBIANOS de Silvia Cauca, quienes e los
últimos años han visto caer a nueve de sus miembros.

En Colombia cerca de dos millones de campesinas y campesinos han
sido desplazados violentamente de sus tierras. La distribución de
la tierra es injusta y hoy ocurre un proceso de reconcentración
de las tierras en áreas mayores a las 2 mil hectáreas. Este
proceso ha sido concomitante con la reducción drástica del área
cultivada y el aumento exorbitante de tierras agrícolas dedicadas
a la ganadería extensiva. Los campesinos han resistido a esta
situación organizándose y proponiendo políticas e instrumentos
para garantizar su acceso a la tierra y proteger su forma de
producción.

El mandato de la Red de Emergencia

Identificar a los defensores de los derechos humanos de los
campesinos con guerrilleros o subversivos atenta contra las
libertades fundamentales y busca reprimir la lucha campesina por
la tierra y una agricultura familiar campesina que garantice los
derechos económicos y sociales de la población rural. Colombia es
Estado Parte de los Pactos Internacionales de Derechos Humanos y,
por ende, está obligado a respetar, proteger y garantizar estos
derechos a toda a su población. En virtud de esta obligación de
derecho público internacional, el Estado colombiano debe adoptar
medidas que aseguren el disfrute de los derechos humanos a los
campesinos, negros e indígenas de Colombia.

Fin de la línea de emergencia: enero 20 de 2003

Direcciones:

Dr. Alvaro Uribe Vélez
Presidente de la República
Carrera 8 n. 7-26
Palacio de Nariño
Santafé de Bogotá
Colombia
Fax: +57 1 286 7434/6842

Copias a:

Dr. Francisco Santos
Vicepresidente de la Republica
Calle 7, no. 654, piso 3
Santafé de Bogotá,
Colombia
FAX: + 57 1-337 1351

C.N.I.
fensuagrocut@hotmail.com

******

Dr. Alvaro Uribe Vélez
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA
Palacio de Nariño
Carrera 8 n. 7-26
Palacio de Nariño
Santafé de Bogotá - Colombia

Excelentísimo Señor Presidente,

recibí informaciones preocupantes sobre la violencia estatal y
paraestatal en contra de las organizaciones agrarias colombianas
que ha tenido como consecuencia asesinatos, detenciones y el
desplazamiento de mujeres, campesinos, negros e indígenas. Una
masacre fue perpetrada el pasado 11 de noviembre en el municipio
de Cajamarca, asesinando a cinco líderes campesinos, entre ellos
RICARDO ESPEJO, MARCO ANTONIO RODRIGUEZ, GERMAN BERNAL, JOSE
CESPEDES. Además, recibí información sobre la detención de mas de
ochenta líderes en el municipio de Cartagena del Chairá,
departamento del Caquetà. Estos son solamente algunos ejemplos de
la serie de asesinatos y detenciones que han occurido.

La ola de violencia es resultado de la llamada "política de
seguridad democrática" de su gobierno. Dicha política ha
promovido detenciones masivas de campesinos, penalizando y
condenando de forma arbitraria y violando el derecho al debido
proceso a los líderes campesinos, negros e indígenas. Las
autoridades colombianas hacen campañas de difamación y
criminalización de las organizaciones agrarias, buscando
asociarlas a la subversión, estimulando y preparando el camino
para la represión brutal de las fuerzas estatales y los grupos
paramilitares.

Identificar a los defensores de los derechos humanos de los
campesinos con guerrilleros o subversivos atenta contra las
libertades fundamentales y busca reprimir la lucha campesina por
la tierra y una agricultura familiar campesina que garantice los
derechos económicos y sociales de la población rural. Colombia es
Estado Parte de los Pactos Internacionales de Derechos Humanos y,
por ende, está obligado a respetar, proteger y garantizar estos
derechos a toda a su población. En virtud de esta obligación de
derecho público internacional, el Estado colombiano debe adoptar
medidas que aseguren el disfrute pleno de todos los derechos.

Como persona que trabaja a nivel internacional por el derecho
humano a alimentarse quisiera solicitarle que tome todas las
medidas necesarias para

- acabar la escalada de violencia y criminalización adelantada
por fuerzas estatales y paraestatales en contra de los
movimimentos campesinos, negros y indígenas;

- liberar a todas las personas detenidas arbitrariamente;

- ordenar la investigación y el castigo de los responsables de
estas aciones;

- respetar y proteger las comunidades campesinas, negras y
indigenas y garantizar el trabajo de las organizaciones
sociales y de derechos humanos;

- abrir espacios de diálogo y de solución política a los
problemas sociales del campo en Colombia, y abandonar la
política de militarización de la cuestión agraria.

Por favor, manténgame informado de las medidas que tome a este
respecto.

Atentamente,

cc.: Vicepresidente, Dr. Francisco Santos

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Por favor informe a FIAN sobre cualquier reacción a sus cartas

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