El trabajo de la Comisión de la Verdad y la
Reconciliación, CVR, contenida en su informe final, ha
remecido desde sus cimientos la conciencia nacional. Nos
ha mostrado esa verdad que tantas veces reclamamos
investigar y conocer, esa verdad que los poderes
políticos, económicos y militares buscaban mantener
oculta; y que hoy ha brotado desde las entrañas mismas de
la tierra.

Y han sido los principales protagonistas de la violencia
que asoló al país, responsables directos de las
violaciones a los derechos humanos, quienes han
reaccionado casi de manera orquestada para pretender
satanizar y echar sombras al trabajo de la CVR. En
efecto, la derecha más reaccionaria encarnada en gente
como Rafael Rey o de la calaña de Barba Caballero, de
Unidad Nacional; Jorge del Castillo, secretario general
del Apra; la mafia fujimorista, y los sectores más
retrógrados de las Fuerzas Armadas, los que han hecho
causa común en contra del informe de la CVR. Por supuesto
que SL tampoco se ha quedado atrás. No hay duda, Dios los
cría y ellos se juntan. Sin embargo, la verdad se abrirá
paso.

LOS CAMPESINOS, PRINCIPALES VÍCTIMAS DE LA GUERRA

Lo que era por decir lo menos una sospecha o una
presunción se ha convertido en una verdad irrefutable:
las principales víctimas de la guerra fueron los hombre y
mujeres de las comunidades campesinas, ubicadas
principalmente en los Andes; de esas comunidades que
hasta hoy siguen siendo el último eslabón en la cadena de
prioridades del Estado. Allí donde la pobreza sigue
siendo el principal caldo de cultivo para que la
violencia estalle ante la carencia de alternativas
viables y alentadoras.

Tres de cada cuatro de las casi 70 mil víctimas de la
guerra fueron campesinos, pobres y que sólo hablaban
quechua; aquellos que sólo aparecen como anónimas cifras
de las estadísticas de la pobreza y extrema pobreza;
campesinos y campesinas a los que históricamente el
Estado siempre les dio la espalda y que sólo aparecen
cuando son las víctimas de las tragedias sociales o
desastres naturales.

El informe de la CVR nos muestra pues esta cruda realidad
de quienes sin ser parte de esta guerra resultaron siendo
la carne de cañón de SL y de las fuerzas armadas y
policiales. Víctimas concretas de la guerra y víctimas
permanentes de la miseria, a la que son condenados por la
exclusión de los gobernantes de turno. Esa realidad no
puede seguir oculta ni puede continuar.

LA CVR Y LA GOBERNABILIDAD

Por qué las reacciones tan virulentas e infames de la
derecha, el fujimorismo y el Apra al informe de la CVR?.
Además de pretender ponerse a buen recaudo de sus
responsabilidades políticas y penales, esta reacción se
explica porque el informe toca las fibras del poder
político y militar que se sustentan estas fuerzas. Es un
cuestionamiento a ese poder responsable de las causas
seculares de la pobreza y por tanto, de la violencia.

Pero además, el Informe ha puesto sobre el tapete un tema
que el actual gobierno ha venido dejando de lado y que se
puso sobre el tapete tras la dictadura fujimontesinista:
el rol de la Fuerzas Armadas y la necesidad de una
profunda reforma estructural en su seno. Son muchos los
intereses que persisten en no tocar este tema y bajo un
aparente patriotismo, pretenden mantener una Fuerza
Armada, que deliberante y con capacidad de presión sobre
el poder político de turno para creerse intocables.

Por ello, el papel que jugaron los militares durante la
guerra interna así como durante la dictadura
fujimontesinista, tiene que ser analizado profundamente
para luego dar curso a la necesaria reforma, que
reubiquen su rol en el país. Y esta cuestión al igual que
el tema del poder que se ha sentido tocado tras el
informe de la CVR tienen que ver con la gobernabilidad
del país. Si el poder político y económico no entienden
la necesidad de política de desarrollo que favorezcan a
los campesinos; si se persiste en una negativa a la
reforma de los institutos armados, la gobernabilidad del
país seguirá siendo endeble.

¿QUÉ VIENE DESPUÉS?

Son muchas las tareas que están planteadas para el
periodo post-CVR. No sólo continuar en la brega para
evitar la impunidad y lograr una justa reparación para
las víctimas de la violencia. Un aspecto central es el
reto e logra la unidad del movimiento social y campesino
con la inmensa red de las organizaciones de defensa de
los derechos humanos, para la lucha contra la impunidad y
por los derechos políticos y sociales del sector social
que más sufrió las consecuencias de la guerra.

Pero la cosa va más allá: se requiere también construir
el referente político que los represente y reivindique.
Los partidos tradicionales como el Apra, la derecha y el
fujimorismo se ha revelado como los defensores de la
impunidad y la corrupción. La lucha por una patria con
justicia y equidad no pasa por la agenda de estos
partidos.

En una reciente reunión del CUNGA se señaló que la CVR ha
contribuido al conocimiento de la verdad de una parte
dolorosa de la historia del país. La Confederación
Campesina del Perú, CCP, considera que no sólo bastan la
reparación y la lucha contra la impunidad. Se requiere
encarar el problema desde sus raíces y ello sólo será
posible con políticas de desarrollo rural. La Plataforma
Unitaria Agraria del Comité Unitario Nacional de Gremios
Agrarios, CUNGA, plantea propuestas y soluciones que
apuntan a ello. El Paro Unitario Nacional Agrario del 25
y 26 de setiembre es parte también de esta lucha por
lleva justicia y equidad al campo y contribuir a evitar
que puedan repetirse el horror que nos mostrado el
informe de la CVR.

* José A. Coronado C. Voz Campesina. CCP