El 12 de octubre, 60 familias campesinas de la comunidad de La Simona, provincia de Santiago del Estero, fueron sorprendidas con la incursión de dos topadoras (tractores) que entraron a las posesiones de los campesinos arrasando árboles y tumbando alambradas.

Quienes comandaban la agresión, pertenecen a las empresas de Guillermo Masoni (Jungla S.A., Mimbres S.A. y Salomea S.A.), que pretende apoderarse las 4.500 hectáreas de tierras donde han nacido y viven los campesinos.

El viernes 23 de octubre, llegaron a La Simona tres camionetas de las empresas con policías y civiles armados, y pusieron nuevamente en marcha las topadoras para continuar con su obra destructora. No traían, porque no existe, ninguna orden de juez competente. Por el contrario se sabe que hay una orden de un juez de Añatuya para comenzar un sumario contra miembros de las firmas.

Los propósitos del terrateniente Guillermo Masoni, que posee un total de 100.000 hectáreas en toda la zona, no pudieron consumarse por la firme resistencia de hombres, mujeres, niños y jóvenes que se pusieron delante de las máquinas para impedir su avance.

Desde entonces, la Simona se convirtió en un símbolo de la movilización y resistencia campesina, pues allí se instaló, a la sombra de quebrachos y algarrobos, la Carpa Negra Campesina en la que participan los pobladores del sector, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero, MOCASE, y organizaciones e instituciones de la sociedad civil.

Los pobladores se mantienen en vigilia permanente en la carpa hasta conseguir que las máquinas se retiren de la zona, que se les reconozca las posesión de 4.500 hectáreas y que se les facilite el acceso a las escrituras.

El terrateniente Masoni ha dicho que no descansará hasta destruir la resistencia de la gente. La provocación de las empresas, en complicidad con las autoridades locales, puede llevar a situaciones extremas no deseadas de legítima defensa por parte de los campesinos.

El movimiento campesino hizo conocer a todo el país y al exterior este conflicto, al tiempo que llamó la atención sobre el problema de la tenencia precaria de la tierra que afecta actualmente a 10.000 familias en la provincia de Santiago del Estero.