El día 29 de marzo de 1999, en el Municipio de Querencia do Norte, región noreste
de Paraná, fue asesinado Eduardo Anguinoni, 31 años, hermano de Celso Angiononi,
miembro de la Dirección Nacional del MST, cuya muerte, todo indica, habría sido
dirigida a Celso, pues los dos se encontraban en la sala de la residencia de Celso,
cuando fueron sorprendidos por los disparos que llevaron a la muerte de Eduardo.

El asesinato de Eduardo Anguinoni no es un hecho aislado. Paraná ha sido el
escenario de constantes violaciones a los derechos humanos, practicados por el
Gobernador del Estado Jaime Lerner, la Policía Militar, la Policía Civil, el Poder
Judicial y la Unión Democrática Ruralista -UDR-. En los últimos dos años, en razón
del alto desempleo, las ocupaciones de tierras improductivas se multiplicaron y hoy
(abril 99) existen más de 10 mil familias acampadas.

Tan sólo en el región del nordeste existen 1.134 familias acampadas en espera de
asentamiento.

Los hacendados llegaron al absurdo de anunciar la utilización de minas terrestres
contra las ocupaciones de tierra (Jornal do Brasil, 19/03/99).

Cronología de la violencia

En general, los desalojos se realizan durante la madrugada, todos los pistoleros
llegan con máscaras y armas de grueso calibre. Los desalojos cuentan con la
colaboración de la Policía Militar y la Policía Civil, ya que no impiden y luego no
arrestan a los responsables. Existen sospechas fundamentadas de que algunos de los
pistoleros son policías, no obstante, el uso de máscaras hace imposible
reconocerlos.

1. El Municipio de Santa Izabel do Ivaí, 8 de noviembre de 1995. 90 hombres
del 8vo batallón de la Policía Militar de Paranavaí invadieron, sin mandato
judicial, el acampamento de la hacienda Saudades. Lanzaron bombas
lacrimógenas y dispararon sus armas de fuego contra los trabajadores, hiriendo a
17 personas. El trabajador Pedro Lopes dos Santos, 54 años, resultó con una
pierna amputada como consecuencia de las heridas provocadas por los policías.
El propio secretario de seguridad Cándido Martins de Oliveira, declaró días
después a la prensa que había pedido moderación y que "los policías sólo debían
haber disparado a las piernas". Después del desalojo las barracas de los
trabajadores fueron quemadas. La encuesta de la policía militar abierta para
indagar sobre las responsabilidades fue archivada.

2. El Municipio de Río Bonito do Iguacu, 17 de enero de 1997.
Aproximadamente 10 pistoleros organizaron una emboscada contra los
trabajadores asentados en la hacienda Giacomet. En la emboscada fueron
asesinados dos trabajadores, Vanderlei Das Neves, 16 años, y José Alves dos
Santos, 34 años. Los trabajadores sobrevivientes acusaron a la guardia
patrimonial de la hacienda Giacomet de la realización de la emboscada. Para
aclarar los hechos se abrió una encuesta en la policía civil y fueron arrestados
dos pistoleros. Permanecieron presos durante 3 meses y luego fueron liberados.
El proceso contra los pistoleros aún no ha concluido.

3. Municipio de Nova Cantú, 16 de agosto de 1997. Un grupo de 20 pistoleros
invadió un acampamento localizado en la hacienda Slabveiro. Llegaron disparando
y asesinaron a un trabajador. Junto a los habitantes, los trabajadores identificaron
una patrulla de la policía militar.

4. Municipio de Santa Isabel de Ivaí, 16 de septiembre de 1997. Al rededor de
las 4 de la madrugada, 80 hombres con máscaras y fuertemente armados
invadieron el acampamento de la hacienda Saudade. Los encapuchados portaban
armas típicas de la policía militar (escopetas, fusiles, ametralladoras) y chalecos
blindados. Los encapuchados afirmaban que "estaban cazando a los líderes del
MST". Dispararon varios tiros y quemaron las barracas. Luego de esto, los
trabajadores acudieron a la delegación de policía, pero en ella se rehusaron a
registrar la denuncia policial.

5. Municipio de Jardim Alegre, 10 de diciembre de 1997. El sin tierra
Reginaldo de Almeida, 25 años, fue abaleado por pistoleros. En una área que ya
había sido definida como de interés social para fines de la reforma agraria. Para
aclarar las responsabilidades se abrió una encuesta policial, no obstante, nadie
fue identificado.

6. Municipio Marilena, 7 de febrero de 1998. A las 4 de la madrugada 80
hombres invadieron el acampamento Santo Angelo. Todos los pistoleros estaban
con máscaras y con ropa marrón obscuro. Durante el desalojo, todos los
trabajadores fueron colocados contra el suelo, pisoteados, golpeados y
humillados. Mientras todos estaban en esa posición, según el testimonio de los
sobrevivientes, Marcos Prochet, comandante de aquella operación, disparó a la
cabeza del trabajador Sebastiao Camargo Filho, 65 años. En aquel desalojo,
también fue herido el trabajador Dirceu Cordeiro de Oliveira, con un tiro en la
espalda, y Pedro Inglés, que sufrió varias fracturas como consecuencia de las
torturas infringidas por los pistoleros.

Para aclarar las responsabilidades sobre la muerte y violencia, se abrió una encuesta
en la Delegación de policía de Nova Londrina, la misma que aún no ha concluido.
Unos 25 trabajadores señalaron en su testimonio a la UDR como patrocinadora de
aquel desalojo. Se identificó también a una empresa de seguridad (DEPROPAR)
como responsable de la contratación de los pistoleros. 7 pistoleros fueron
apresados y permanecieron en la cárcel durante 28 días.

Luego del desalojo, los pistoleros ubicaron a los trabajadores en un camión y
llevados al Municipio de Querencia do Norte. En el camino pasaron por una posta
policial, donde imploraron al policía de turno que arrestara al chofer, no obstante el
policía ordeno al chofer continuar su camino.

7. Municipio de Colorado, 26 de mayo de 1998. Aproximadamente 50 familias
acampadas en la hacienda Uniao fueron desalojadas por la policía militar. Durante
el desalojo, varios pistoleros de la UDR participaron destruyendo las barracas. La
policía hizo disparos de armas de fuego y nueve trabajadores fueron apresados y
permanecieron encarcelados 2 días.

8. Municipio Querencia do Norte, 4 de julio de 1998. Cerca de la media noche
fueron encarcelados, sin orden de arresto, nueve trabajadores rurales sin tierra y
fueron llevados hacia el Municipio de Paranavaí, a unos 200 km de distancia,
donde permanecieron incomunicados. La policía justificó el encarcelamiento
aduciendo el robo de un buey, pero los que tenían con ellos los trabajadores era
apenas un poco de carne cocida. Los trabajadores fueron liberados 4 días después
y obligados a pagar un salario mínimo cada uno, por un total de 1.170 reales.

9. Municipio de Mariluz, 9 de julio de 1998. Aproximadamente 700 policías
militares realizaron un desalojo durante la madrugada. Vale la pena recordar que
la ley prohibe los desalojos antes de las 6 de la mañana (art. 172 del Código de
Procesamiento Civil). Durante el desalojo, fueron encarcelados 16 trabajadores
sin tierra y liberados tan solo el día siguientes. Los policías destruyeron todas las
pertenencias de los trabajadores y robaron el poco dinero que encontraron. La
policía utilizó 15 omnibuses para llevar a los trabajadores hasta la frontera con
Paraguay, donde fueron abandonados apenas con la ropa que llevaban y sin
alimentos, muchas familias fueron desmembradas.

Para aclarar las responsabilidades se abrió una encuesta en la policía militar, se
escuchó a algunos trabajadores, pero ésta aún no ha concluido.

10. Municipio de Querencia do Norte, 27 de noviembre de 1998.
Aproximadamente 15 pistoleros enmascarados y armados con escopetas,
revólveres y otras armas, desalojaron a los trabajadores acampados en la hacienda
San Francisco. Durante el desalojo fue asesinado el trabajador Setimo Garibaldi,
51 años, con tiro en la espalda. El desalojo se realizó a las 5 de la mañana. Según
declaraciones de los trabajadores, los pistoleros se trataban de "sargento,
coronel, capitán y teniente", designaciones atribuidas a los oficiales de la policía
militar. Más de 120 trabajadores fueron heridos.

11. Municipio de Laranjal, 27 de noviembre de 1998. Los pistoleros contratados
por el ex-arrendatario Antonio Martins, organizaron una emboscada y mataron al
trabajador rural José Rodrigues, 17 años. La Comisión Pastoral de la Tierra, a
través del Obispo Don Ladislau Biernaski, envió un oficio a la Secretaría de
Seguridad Pública solicitando providencias, pero esta secretaría, a través del
Mayor Eli Ribas, afirmó que iría a cumplir con otros mandatos contra los
trabajadores para luego ir hacia la región de Laranjal.

12. Municipio de San Francisco Beltrao, 5 de abril de 1999. El coordinador
regional del MST Seno Staat, 43 años, fue secuestrado y torturado durante 5
horas. Durante la sesión de tortura los pistoleros/torturadores, contratados por la
maderera Santana, aproximadamente 10 personas, insistieron en que si el MST no
para de ocupar haciendas, él y una lista de personas claramente mencionadas iban
a morir. Los torturadores hicieron referencia a la muerte de Eduardo Anguinoni,
diciendo que era apenas el comienzo y afirmaron que el "señalado" para morir era
Celso Anguinoni. Seno Staat, sufrió quemaduras en los brazos con colillas de
cigarrillo, ahogamiento, estrangulamiento, golpes en todo el cuerpo, golpe del
vacío y, en todo momento, permaneció con un revolver apuntando hacia su cabeza
y con la amenaza de halar el gatillo.

La muerte anunciada

El asesinato de Eduardo Anguinoni es parte de la estrategia de la UDR para
desarticular e intimidar a la organización del MST en la región. Existe una lista de
líderes amenazados por la UDR, en la cual consta Celso Anguinoni, Jaime Calegari,
Ademir Dalazen, Antonio Arrepiado, Claimar Jairo Zatta, Delfino Becker, Pedro
Cabral, Seno Staats, Julir das Chagas Martins, entre otros. Estas personas vienen
sufriendo amenazas de muerte y sus vidas corren peligro.

La aparente omisión del Gobierno del Estado, es en verdad conveniencia y
complicidad. En muchos casos, las autoridades habían sido advertidas sobre las
amenazas y peligro de violencias, más nada hicieron. Celso Anguinoni participó a la
audiencia pública de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados
(12-02-98), donde denunció la situación de violencia en el noreste de Paraná y
advirtió que los miembros del MST, incluso él, estaban sufriendo amenazas de
muerte. Y que, además, era de conocimiento de la Secretaría de Seguridad Pública
del Estado la referida lista de personas amenazadas por la UDR y, no obstante, nada
se hizo para evitar el episodio que culminó en el asesinato de Eduardo. Es también
con complicidad que actúa el Gobernador Jaime Lerner frente a la actuación de las
milicias privadas, ya que la Secretaría de Seguridad Pública tiene informaciones
sobre estas y nada hace para impedir la violencia contra los trabajadores rurales sin
tierra.

Nuestra indignación es aún mayor frente a la impunidad que es casi siempre
garantizada a quien viola los derechos de los trabajadores sin tierra. Las
investigaciones abiertas para aclarar las responsabilidades de los asesinatos
acontecidos el año pasado están aún suspendidas.

La presión de la opinión pública

En este momento, además de nuestro luto e indignación, manifestamos nuestra
preocupación con la persistencia de las amenazas y de la violencia de los
latifundistas en la región.

Frente a la gravedad de la situación en el Estado de Paraná, pedimos a todos quienes
luchan por la justicia y el respeto a los derechos humanos, que manifiesten ante el
gobierno Estatal y Federal su repudio frente a las acciones violentas de los
latifundistas de la región y reivindiquen el fin de la complicidad entre el Gobierno y
el latifundio. Es necesario que las autoridades garanticen la vida y la integridad de
los trabajadores y trabajadoras amenazados, comprometiéndose con el castigo de los
culpables y el fin de la impunidad y la violencia.

El día 7 de abril de 1999, una comisión representada por el MST, el Obispo de
Paraná, Don Ladislau Biernascki, Padre Zinildo Megiatto asesor de la CPT,
diputados estatales y federales, entidades de derechos humanos y de la Red Nacional
de Abogados Populares, tuvieron una audiencia con el Ministro de Justicia, Renan
Calheiros, el de la Reforma Agraria, el Secretario Nacional de derechos humanos,
José Gregori y el Director de la Policía Federal, donde fue presentado un informe
sobre la violencia y solicitado garantías de vida para los trabajadores rurales sin
tierra.

En todos los casos de violación a los derechos humanos contamos con el apoyo de
abogados voluntarios, pero el poder judicial ha demostrado más interés en arrestar a
los trabajadores sin tierra, para proteger las tierras improductivas. Los juicios contra
los hacendados y pistoleros están parados.

Joao Pedro Stedile

P/ Secretaría Nacional MST

Las cartas deben ser enviadas para las autoridades aquí señaladas con copia al Sector
de Derechos Humanos del MST, Alameda Barao de Limeira, 1232, CEP 01201-002,
Sao Paulo/SP:

1. Gobernador del Estado de Paraná, Jaime Lerner

Palacio Iguacu -Praca Nossa Senhora da Salete, s/n -CEP 80.530-909,
Curitiba, Brasil.

Fax: (00 55 41) 254 2399

2. Presidente da República Fernando Henrique Cardoso,

Palacio Planalto -CEP 70.150-900, Brasilia, DF, Brasil

e-mail: secom@planalto.gov.br

3. Ministro da Justica, Renan Calheiros

Esplanada dos Ministerios -Bloco T- 4 andar, CEP 70064-900, Brasilia, DF,
Brasil

Fax: (00 61) 322 6817 - 224 4784