El Tratado de Libre Comercio (TLC) de México con la Unión Europea (UE)
constituye un ejemplo de cómo se piensa construir la relación entre América Latina
y el Caribe, con la UE. Aunque la UE mantiene relaciones diferenciadas con los
países de AL y el Caribe, existen cuestiones comunes que debemos analizar
conjuntamente. El acuerdo de la Asociación Económica, Concertación Política y
Cooperación Comercial entre la Unión Europea y México, conocido como el
"Acuerdo Global" es retórico. Este acuerdo contiene la Cláusula Democrática, que
se pronuncia a favor del desarrollo social, que carece de un mecanismo que la haga
obligatoria y que asegure su utilidad, para garantizar el respeto a los derechos
laborales, sociales, ambientales y humanos en general.

Por este motivo han surgido demandas de organizaciones de derechos humanos,
desarrollo, sindicales, ambientalistas y de género, tanto mexicanas, europeas e
internacionales, en torno a que estas obligaciones sean consideradas en las
negociaciones comerciales antes de que se ratifique el Acuerdo Global (firmado el
8 de diciembre de 1997 por los gobiernos involucrados), en este año 1999, por
medio, antes de terminar las negociaciones del Acuerdo Interino, que trata sobre
comercio, flujos de capital, compras gubernamentales y derechos de propiedad
intelectual.

En el caso del Acuerdo Global, un tercio de los diputados del parlamento europeo
mostraron su oposición a votarlo, aunque el resto ha estado avanzando en ese
sentido.

El TLC México-UE, no hace ninguna mención a las abismales asimetrías, que
existen entre México y la UE. Por lo que éste acuerdo es un mecanismo más, del
proceso de globalización en beneficio de las grandes empresas transnacionales. No
se prevé de ninguna manera el dumping social que se puede dar en detrimento de los
trabajadores tanto mexicanos como europeos. Es más, en el Acuerdo Global no se
propone un mecanismo compensatorio alguno, o fondos para la homologación
económica, tal y como existen al interior de la unión Europea, que ayuden a
equiparar los estándares sociales y las asimetrías entre los países. El Acuerdo
Global apunta más bien, a ofrecer a los grandes capitales un acuerdo similar al
Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (TLCAN), que
ha sido perjudicial para trabajadores y la normatividad en materia ambiental, en
México.

Para esto los gobiernos de la Unión Europea y de la Comisión han urgido al
gobierno mexicano para que desregule, en los plazos más cortos posibles, todo lo
relativo con el comercio. Un acuerdo similar al TLCAN, con la Unión Europea
profundizaría aún más la desigualdad económica y social que vive, tanto México
como en el mundo entero.

La Experiencia del TLCAN

La experiencia del TLCAN ha mostrado que más allá de las ganancias que han
obtenido un puñado de empresas privilegiadas por el gobierno, los efectos
económicos, sociales, ambientales y culturales han afectado y transformado a todo
el país. Por lo que no se puede ceder ante la presión Europea de una apertura
indiscriminada y que además, obtengan las mismas condiciones que el gobierno
mexicano cedió a los vecinos del norte.

Es profundamente injusto que se ponga a competir a todos los sectores que carecen
de los apoyos mínimos, debido a las políticas de ajuste estructural, incluso para su
supervivencia en el mercado interno, con sectores de Europa que reciben
millonarios subsidios. La posición de muchos productores en México,
especialmente los del campo, es clara: (O se homologan los subsidios o se excluyen
los sectores desfavorecidos de la negociación!.

En México el pueblo clama por el respeto a los derechos humanos, es injusto que
los intereses comerciales y de los inversionistas utilicen la retórica y la demagogia
para promover sus intereses. Es imperante una mayor participación de la mayoría de
productores mexicanos y organizaciones civiles.

El Acuerdo Global entre México y la UE, lejos de tener mecanismos concretos para
el cumplimiento de todos los derechos humanos y del desarrollo social y la
democracia, los utiliza, como meras declaraciones de buenas intenciones y nada
más. En México el incumplimiento de todos estos derechos y la falta de políticas
económicas adecuadas para un desarrollo social justo y equitativo, es notorio, pero a
pesar de esto, los negociadores de la UE escuchan tan sólo al gobierno mexicano
cuya versión de la realidad esta muy alejada de ser veraz e incluso verificable.

El Acuerdo Multilateral para las Inversiones (AMI), vencido por cientos de
organizaciones sociales en su foro original, la OCDE, se ha multiplicado en una
serie de acuerdos bilaterales. Las cláusulas del AMI, que están diseñadas
básicamente para otorgar todos los privilegios y garantías posibles a los
inversionistas por encima de los derechos de los pueblos, están presentes en las
negociaciones entre México y la Unión Europea.

A pesar de toda la retórica en torno a la Cumbre de jefes de Estado que se celebró en
Río de Janeiro a finales de junio de 1999, el modelo del acuerdo entre México y la
Unión Europea es el que se les estará ofreciendo al resto de los países
latinoamericanos. Este es el momento de alzar la voz y reclamar que ningún
latinoamericano desea volver ni al colonialismo del pasado, ni al neocolonialismo
financiero de las grandes transnacionales, no importa si son de origen
norteamericano, europeo o latinoamericano mismo.

La sociedad europea y latinoamericana debe prestar toda la atención posible a los
acuerdos que la Unión Europea firma con México.

Gilberto Silvestre (CIOAC)

Juan Carlos (CCC)

Refugio Quintana (CODUC)