LAS ORGANIZACIONES AGRUPADAS EN LA MESA DE UNIDAD AGRARIA (MUA), SALUDAN LA DECLARATORIA DE INEXEQUIBILIDAD DE LA LEY 1152 DE 2007, MAL LLAMADO ESTATUTO DE DESARROLLO RURAL E INVITA A TODOS LOS SECTORES PROGRESISTAS DEL PAIS A CONTINUAR LA LUCHA POR UN VERDADERO DESARROLLO SOCIAL RURAL, QUE INCLUYA UNA REAL REFORMA AGRARIA, INTEGRAL Y DEMOCRÁTICA.
Las organizaciones abajo firmantes, integrantes de la Mesa de Unidad Agraria (MUA), saludan con beneplácito la decisión tomada por la Corte Constitucional el pasado 18 de marzo (sentencia C-175 de 2009), de declarar la inexequibilidad de la ley 1152 de 2007, mal llamada “Estatuto de Desarrollo Rural”, contra la cual, desde que se conoció el proyecto inicial, fuimos abiertas y públicas opositoras.
Desde el mismo 23 Agosto de 2006, cuando las organizaciones rurales presentamos nuestro Proyecto de Ley, el cual no fue acumulado por decisión amañada del Presidente de la Comisión 5ª del Senado, organismos nacionales e internacionales apoyaron la propuesta Popular, sustentando que el Proyecto de iniciativa gubernamental, no representaba los intereses de las comunidades rurales del país..
La lesiva ley fue declarada inconstitucional porque no cumplió previamente a su aprobación con el debido proceso de consulta a los pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas, según el comunicado de prensa expedido por la Corte, en el que además se dice que los procesos de participación efectuados "fueron llevados a cabo en forma inoportuna y por ende, contraria al principio de buena fe" y que "no existe evidencia alguna del cumplimiento de procedimientos preconsultivos, a través de los cuales las autoridades gubernamentales y las comunidades tradicionales acordaran las reglas del trámite de consulta previa".
La decisión del alto tribunal, constituye un importante triunfo de las Comunidades y Organizaciones Campesinas, Mujeres rurales, Indígenas, Afrodescendientes, sectores sociales, políticos progresistas, y organizaciones que acompañan la defensa de los derechos de las comunidades rurales y una rotunda derrota política de la nefasta, autoritaria y electorera administración de Andrés Felipe Arias y sus compinches del Congreso de la República, que se suma a la caída, también por inexequibilidad, de la Ley General Forestal.
Consideramos que la trascendental decisión, tomada en derecho, resarce en buena medida los derechos de las comunidades rurales y de los trabajadores del sector, en contra de la política antidemocrática y antipopular del ex ministro Andrés Felipe Arias que, de manera pugnaz y grotesca, se alió con la bancada gobiernista del Congreso para aprobar semejante exabrupto, atentando contra los derechos de las comunidades para favorecer al empresariado rural y a las transnacionales, resquebrajando la institucionalidad pública del sector.

Tras la caída de la nefasta ley 1152, debe recordarse que tanto las autoridades indígenas, así como nuestras organizaciones rurales manifestaron que la misma desconocía y eliminaba derechos fundamentales de los pueblos indígenas, como que prohibía constituir nuevos resguardos indígenas o sanear los existentes, si en los planes de ordenamiento territorial no se incluían tales asentamientos, situación que también se extendía a la titulación colectiva de tierras a las comunidades negras.
Pero si bien la inexequibilidad de la ley se produce por la falta de consulta a las comunidades indígenas y afrodescendintes, al resolver la demanda de inconstitucionalidad presentada por la Corporación Colombiana de Juristas, demanda que también fue suscrita por organizaciones campesinas y sindicales como coadyuvantes, la ley declarada inexequible contenía una serie de medidas que pretendían acabar con los pocos derechos y expectativas que todavía tienen las comunidades rurales de contar con la ayuda estatal para hacerse a la propiedad de la tierra y una atención integral con miras a mejorar sus condiciones de vida.
El intento de “legalizar” el despojo de tierras de que son víctimas las familias desplazadas por la violencia, la falta de acciones del Estado contra los concentradores de tierras ociosas al reducirse a su mínima expresión la extinción administrativa de dominio, la pretensión de entregar enormes extensiones de terrenos baldíos a los empresarios, la gran dispersión institucional, la virtual desaparición de acciones de reforma agraria, el desconocimiento de los derechos adquiridos por las mujeres rurales y sus organizaciones, así como el fracasado mecanismo de convocatorias para entregar subsidios a la población campesina y desplazada, y el snobismo neoliberal de atender por demanda y no por oferta a las comunidades rurales, son algunos de los elementos nocivos y perjudiciales que había introducido el mal llamado estatuto.
Echar abajo el Estatuto Rural fue siempre un objetivo de las organizaciones indígenas que enfrentaron todo el debate sobre el Estatuto de Desarrollo Rural, en estrecha alianza, no sólo con las organizaciones campesinas, sino también con las de los desplazados por la violencia, con el Proceso de Comunidades Negras, con pequeños empresarios y sindicatos de trabajadores.
Esta alianza fue capaz de concertar las muy diferentes visiones, culturas, concepciones políticas e intereses de todos ellos, para redactar un proyecto de ley alterno y varias declaraciones y acciones comunes, pues para nosotros la ley era inconstitucional también por otras razones, tanto de trámite como de contenido, por lo que otras dos demandas trataron esos temas. La primera fue presentada por la representante indígena a la Cámara de Representantes, Orsinia Polanco, quien denunció graves vicios de trámite que en su concepto violaron el derecho a la oposición política e impidieron que el proyecto de ley alterno fuera acumulado al oficial para su discusión simultánea, y la segunda demanda denuncia la regresividad de la ley en cuanto a los derechos constitucionales de los campesinos y campesinas indígenas, afros y trabajadores rurales, así como de los desplazados por la violencia, y frente al derecho a la soberanía alimentaria.
Como era de esperarse, frente a la acertada decisión de la Corte, el nuevo ministro de agricultura, en comunicado de prensa menciona, al mejor estilo de su antecesor, en una defensa a ultranza de la ley tumbada, manifiesta su pesar por tal decisión y en una postura obtusa, terca y desenfocada se rasga las vestiduras, por cuanto con el fallo, según él, se perdió la oportunidad histórica de hacer reforma agraria transparente, olvidando este funcionario que, justamente, el esperpento que la Corte declaró inexequible, fue considerado por los entendidos en legislación agraria y por las comunidades rurales, como el estatuto más nefasto, regresivo y antipopular de los últimos 80 años, en esa materia.
En medio de la violencia que sufren las comunidades rurales, la pregunta es si el gobierno atenderá este segundo llamado al orden de la Corte o si preferirá a esperar a que la paulatina sustitución de los magistrados termine por trocar la jurisprudencia constitucional.
Por ello, a la vez que celebramos la importantísima y trascendental decisión de la Corte, hacemos un llamado a las comunidades y organizaciones agrarias, así como a los sectores progresistas del país, a estar atentos y exigir el cumplimiento de los preceptos constitucionales y a continuar trabajando unidos en pos de un verdadero desarrollo social rural incluyente, en el que el respeto por los derechos de las comunidades agrarias, la defensa de la soberanía alimentaria, y la implementación de una real reforma agraria redistributiva de la tierra y la atención integral por parte del Estado a las comunidades, sean ejes fundamentales sobre los cuales se construya el genuino estado social de derecho que reclamamos.,
Nos queda el gran reto de construir y plantearnos una verdadera Institucionalidad para el país, diverso y pluricultural presentando nuestro proyecto ley 99 s de 2006. o las propuestas necesarias que requiere.
Bogotá, Abril 1 de 2009 – Mes de las luchas Campesinas a nivel Mundial
MESA DE UNIDAD AGRARIA – MUA-
ANMUCIC
ADUC CALDAS
ADUC CUNDINAMARCA
ADUC QUINDIO
ACC
ANUCUR
ASOGRAS
APEMECAFE
COORDINADOR NACIONAL AGRARIO - CNA -
FENSUAGRO
FENACOA
FANAL
PROCESO COMUNIDADES NEGRAS
FUNDACIÓN SAN ISIDRO.
CAHUCOPANA
FEDERACIÓN COMUNAL
JÓVENES POR LA PAZ
SALVACIÓN AGROPECUARIA
SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DEL INCODER – SINTRAINCODER -
ORGANIZACIÓN NACIONAL INDÍGENA – ONIC -
LAS LUCHAS SON CAMINOS NECESARIOS PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL.