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La escasez de alimentos afecta a las mujeres, quienes se preocupan por la economía familiar, verifican diariamente el incremento del precio de los productos de la canasta básica, insumos agrícolas (abonos y semillas), y los salarios mal pagados que perciben, (las trabajadoras domésticos sólo les pagan Q.20.00 diarios).
 
No son caprichos demandar al Estado implementar una Política Integral de Desarrollo Rural, sino las estadísticas y la realidad indica que cientos de personas mueren diariamente por falta de alimentos y otros miles sufren desnutrición.  “La crisis mundial provocada por el alto precio de los alimentos será más larga de lo previsto y en los últimos nueve meses el precio de los productos de la canasta básica familiar ha subido en un 45 por ciento a nivel mundial”, señala la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).  En el 2007 los cereales subieron el 41 por ciento, los aceites vegetales el 60 por ciento y los lácteos el 83 por ciento. Entre marzo de 2007 y marzo de 2008 el precio del trigo aumentó en un 130 por ciento. Uno de los elementos que ha influido en esas alzas de la producción agrícola es el precio del petróleo; a su vez estimula la producción de aquellos productos que se pueden transformar en agrocombustibles, lo cual determina que disminuya la siembra de alimentos y crea un círculo vicioso con alzas en otros artículos básicos. 
 
Necesitamos un Desarrollo Rural Integral, dónde el gobierno debe cumplir con la Constitución Política de la República y proponer soluciones viables al alto costo de la vida, la crisis alimentria y reducir la pobreza rural.  Es necesario que el Estado de Guatemala se organice para proteger a los ciudadanos y ciudadanas, propiciando el bien común.  Es tiempo que los responsables del atraso del país –oligarquía, terratenientes y empresas transnacionales- no sigan generando ganancias a costa del pueblo, sino deben hacer propuestas para salvar a millones de personas de la crisis alimentaria. 
 
Es tiempo de impulsar políticas sociales que obliguen a los finqueros cultivar grandes extensiones de tierras de la Costa Sur, Oriente y en las verapaces para la producción de granos básicos, contrario a la producción de caña de azúcar y palma Africana para generar ganancias millonarias sobre la base de la contaminación de pozos, ríos y otras fuentes de agua.  Es tiempo de poner límites a tantos desalojos violentos de miles de familias campesinas de sus legítimas tierras.  Es tiempo de cumplir las leyes laborales, mejorando las condiciones de los trabajadores del campo y de la ciudad.   El país no debe estar dependiendo de la importación de granos transgénicos y subsidiados de los países desarrollados.  No debemos aceptar la distribución de maíz importado en Peten e Ixcán, habiendo tierras para sembrar y producir el maíz mil veces más nutritivo. “Las consecuencias de lo antes mencionado es la desnutrición crónica en la niñez guatemalteca menor  de cinco años”.
 
Las crisis y dependencia alimentaria en el país son consecuencia de la concentración de las riquezas, especulación de los precios por las grandes cadenas comerciales, políticas de ajustes estructurales, distribución desigual de los alimentos e imposición de los tratados de libre comercio.
 
La Comisión de Equidad de Género de –CNOC-, demanda  al Congreso de la República:
 

Los diputados del Congreso deben aprobar urgentemente una Ley de Desarrollo Rural Integral, que a largo plazo viabilice la Reforma Agraria Integral, defensa de los derechos laborales, territorio y los recursos naturales.   
Urge la aprobación de una Ley de Cultivos Obligatorios, ya que Guatemala es el tercer país a nivel mundial donde existe desproporción en la distribución de la tierra, ya que más del 70% de la misma se encuentra en manos de la oligarquía (4% de la población), mientras que tan sólo el 30% restante de la tierra aproximadamente es cultivada por más del 80% de la población.

 
Asimismo, demandamos al gobierno actual:
 
1.      Impulsar una Política de Desarrollo Rural Integral y una Estrategia Nacional en el marco de la soberanía alimentaria.
2.      Implementar acciones contundentes que controlen los precios de los productos de la canasta básica, evitando la especulación.
3.      Promover una política de unidad social en defensa de los territorios, evitando que los terratenientes y las empresas trasnacionales sigan explotando nuestra riqueza natural.
4.      Apoyar a los pequeños productores en la diversificación de productos nacionales, garantizando alimentos a las comunidades rurales.
5.      Que mediante el Fondo de Tierras, el gobierno implemente la condonación de la deuda agraria a favor de las comunidades campesinas que en su momento adquirieron fincas.
 
Guatemala, 24 de Junio de 2008.
 
COORDINADORA NACIONAL DE ORGANIZACIONES CAMPESINAS –CNOC-