Pacto político por la soberanía alimentaria y energética, los derechos de los trabajadores y las libertades democráticas

Las organizaciones campesinas, sindicales y ciudadanas que convocamos a las dos  grandes marchas nacionales del 31 de enero de 2007 y de 2008, en consecuencia con los compromisos que entonces expresamos y en la perspectiva de alcanzar nuestros propósitos, impulsando un movimiento de la sociedad mexicana trabajadora de largo alcance, suscribimos el siguiente

PACTO POLÍTICO

Considerando que:

1. Con el actual modelo neoliberal, la sociedad mexicana presenta graves problemas de inequidad para alcanzar los satisfactores mínimos consagrados en la Constitución. El desempleo, la pobreza y la falta de libertades son constantes en detrimento de las clases marginadas y mayoritarias del campo y la ciudad. Con el creciente deterioro del medio ambiente y entrega de los recursos naturales, el problema social se agrava, por lo que ha llegado el momento de revertirlo.

2. Ante la demanda de modificar la política neoliberal, expresada en diversas movilizaciones realizadas por organizaciones sindicales, campesinas, indígenas, sociales, populares y civiles, se ha profundizado la agresividad e insistencia del gobierno en mantener esta política depredadora, privatizadora y excluyente que privilegia los intereses de unos pocos por encima de los derechos de la mayoría.

3. La entrada en vigor de la última etapa de desgravación de las importaciones agropecuarias del TLCAN, el intento de imposición de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN), la escalada de precios derivada de la aplicación del incremento a los combustibles y el riesgo que representa para nuestro país la inminente recesión de la economía de Estados Unidos, agudizan el estancamiento de la economía nacional, el deterioro del campo y aceleran la caída del nivel de vida de la mayoría de la población. A lo que se añade una reforma fiscal que, con nuevos impuestos, vulnera la libertad de asociación de los mexicanos al considerar a las organizaciones ciudadanas como empresas mercantiles.

4. Durante años, las propuestas de los campesinos no han sido tomadas en cuenta y se han aplicado políticas contrarias al interés del campo y la Nación. La alimentación es la primera condición de vida de 107 millones de mexicanos, más dos millones de niños que anualmente hay que alimentar, el sector primario es el sustento de supervivencia para 30 millones de ciudadanos del campo, por lo que la alimentación es un asunto de Seguridad Nacional. La soberanía agroalimentaria es responsabilidad de todos los mexicanos, es inseparable de la Soberanía Energética y ambas son requisito para mantener las libertades y la Soberanía de la Nación. La política neoliberal y el TLCAN, han traído al país y al campo, dependencia agroalimentaria, pobreza, desempleo, descapitalización, falta de productividad, rentabilidad y competitividad, migración, despojo y destrucción de nuestros recursos nacionales.

5. Ante las movilizaciones sociales, el gobierno ha optado por la cerrazón y el autoritarismo, violentando gravemente los derechos humanos de la población. Se dejan en la impunidad delitos graves perpetrados por efectivos del ejército y las policías. Suman ya decenas de demandas por violación de mujeres y asesinatos de civiles inocentes, Se arremete contra organizaciones sindicales, como en los casos de los nucleares, sobrecargos y mineros, quebrantando sus derechos adquiridos y sobre todo el derecho de Huelga.

6. La aprobación de reformas en materia de Justicia Penal y Seguridad Pública que, con el pretexto de combatir al crimen organizado, cancelan derechos ciudadanos al lesionar libertades y garantías individuales y al criminalizar la protesta social. Además, se cierran los espacios de los periodistas cuya labor resulta incómoda para el gobierno o los círculos empresariales que le son afines.

7. La nula disposición del Ejecutivo para impulsar la renegociación del capítulo agropecuario del TLCAN, y para atender y resolver las demandas planteadas por la sociedad, dan cuenta de una situación en la que la mayor parte de la clase política y las oligarquías empresariales expresan su decisión de mantener y profundizar una política económica y social excluyente, para beneficio de los intereses de los capitales transnacionales y de sus socios mexicanos. Ello explica el anuncio de reformas que revelan un profundo desprecio por nuestra historia, lesionan los derechos de los trabajadores y comprometen severamente la Soberanía Energética de la Nación.

8. La reforma energética, promovida por el gobierno federal, ratifica la aplicación de las políticas que imponen los organismos financieros internacionales para sustraer los recursos naturales del país. La privatización de instituciones y servicios públicos de seguridad social y del sector energético, juega un papel fundamental para reducir la inversión del gobierno y abrir nuevas oportunidades de negocio a las voraces transnacionales. Para cumplir sus compromisos, al gobierno mexicano poco le ha importado renunciar a sus obligaciones consagradas en nuestra Carta Magna en materia de Soberanía Nacional. Privatizan, aunque digan lo contrario, a través de modificaciones a leyes secundarias, con recortes presupuestales a las empresas e instituciones públicas, con el otorgamiento de contratos y permisos que violentan las actividades reservadas exclusivamente al Estado por la Constitución.

9. La reforma laboral, auspiciada por el Poder Ejecutivo busca: autorizar con cambios en varias leyes secundarias modificaciones a la Ley Federal del Trabajo; legalizar la intromisión de la Secretaria del Trabajo y de los patrones en la organización autónoma y exclusiva de los trabajadores; nulificar el derecho de huelga; legitimar los contratos de protección patronal; sustituir la jornada de ocho horas por el trabajo por hora; impedir la estabilidad en el empleo; desaparecer la antigüedad laboral con contratos temporales; ampliar el tiempo de servicios para obtener la pensión o la jubilación; abaratar la mano de obra nacional. Por ello, reiteramos nuestra exigencia de discusión y consenso con todos los trabajadores a partir del pleno respeto a los derechos adquiridos ante cualquier modificación a la Ley Federal del Trabajo.

EL OBJETIVO DE ESTE PACTO POLÍTICO es construir y consolidar, nuestro “MOVIMIENTO NACIONAL POR LA SOBERANÍA ALIMENTARIA Y ENERGÉTICA, LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES Y LAS LIBERTADES DEMOCRÁTICAS”, el cual será ético, eficaz amplio, permanente, plural y solidario, capaz de articular propuestas e impulsar una nueva correlación de fuerzas que modifique la actual política económica Neoliberal y que restituya la legalidad constitucional que genere las condiciones para democratizar el régimen político.

Para alcanzar este objetivo, ratificamos nuestra Agenda:

A. Modificar la política neoliberal de subordinación, dependencia y pérdida de Soberanía ante poderes externos, por otro modelo de desarrollo basado en los campesinos, trabajadores, empresas públicas y nacionales, utilizando la renta petrolera exclusivamente para el desarrollo nacional, que garantice el desarrollo humano, de crecimiento económico, la generación de empleos y la disminución de las desigualdades de todos los mexicanos, en todas las regiones, con pleno respeto a todas las libertades y bajo condiciones de Soberanía Nacional. Fortalecer la democracia con la participación de las organizaciones sociales en las decisiones públicas y fortalecer la cultura e identidad nacionales.

B. El espíritu del manifiesto Campesino impulsa la renegociación del capítulo agropecuario del TLCAN con la participación de las organizaciones campesinas; expedición inmediata de un decreto presidencial o una ley para establecer un mecanismo de administración del comercio de maíz y frijol y la creación de una reserva estratégica de granos con los campesinos. Defensa de la soberanía agroalimentaria, de los territorios campesinos e indígenas; reconocimiento constitucional del derecho a la alimentación; aprobación de la Minuta de Ley de Planeación para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional; creación de Fondos Compensatorios para el Trabajo Rural y Urbano e instalación del Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar y la Junta Permanente de la Agroindustria de la Caña de Azúcar.

C. Defender la propiedad social de la tierra y aguas nacionales en ejidos y comunidades, como patrimonio de las familias campesinas. Modificar la contrarreforma al Artículo 27 Constitucional restituyendo a los campesinos el derecho a la tierra como un derecho al trabajo. Reconocer las actividades que desarrollan las organizaciones campesinas como de interés público; exigimos la modificación de las políticas públicas y nuestra participación en el diseño, ejecución y evaluación de las mismas, y en el presupuesto federal del sector rural mediante una reforma institucional que evite el manejo corporativo, clientelar y electoral de los programas e incluya como destinatarios y sujetos de desarrollo a la clase campesina. Ratificación y cumplimiento del Acuerdo Nacional para el Campo mediante la firma del Adendo acordado con los campesinos.

D. Cumplimiento de los acuerdos sobre derechos y cultura indígena.

E. Defender la economía popular; fortalecer el mercado interno, con la creación de empleos estables y bien remunerados; combatir la carestía por medio del control de precios de la canasta básica; impulsar la recuperación del poder adquisitivo de los salarios incrementando su participación en el ingreso nacional; exigimos aumento general de emergencia; y, diseño de políticas de desarrollo social que superen la visión asistencialista.

F. Defensa de los derechos laborales adquiridos; de la contratación colectiva auténtica con democracia e independencia sindical; del derecho de huelga; del derecho a jubilaciones y pensiones dignas y de la seguridad social universal. Rechazo a la nueva Ley del ISSSTE.

G. Defensa de la soberanía energética revirtiendo las privatizaciones y acabando con la participación privada abierta o simulada en el petróleo, gas, agua y electricidad. Respeto irrestricto de la legalidad constitucional.

H. Rechazar la ASPAN y la Iniciativa Mérida, que promueven el estado de excepción y la militarización; garantía integral de los derechos humanos, resolución de los casos de violación vinculados a la protesta social y aquellos en los que han sido señalados miembros del ejército y las policías, erradicación de toda violencia contra las mujeres, perpetrada o tolerada por agentes del Estado. Liberación de los presos políticos.

I. Respetar la libertad de asociación, de expresión y de acceso a la información; freno a la concentración de los medios de comunicación social; nueva ley de medios electrónicos que incluya el otorgamiento de un sistema de concesiones de radio y televisión para las organizaciones sociales y civiles e instituciones de educación y cultura; impulso a la democracia participativa con el establecimiento de mecanismos de participación social en las políticas públicas en los diversos órdenes de gobierno.

J. Defender la identidad y el carácter nacional de nuestra cultura, frenar las privatizaciones en el sector de la educación, impulsar la educación pública, gratuita, laica y de excelencia académica, así como la cultura y la investigación científica y tecnológica.

K. Exigir el reconocimiento del carácter multifuncional del sector agroalimentario con un desarrollo ecológicamente sustentable, defendiendo nuestros recursos naturales, tierra, agua, bosques, biodiversidad y germoplasma nativo. Rechazamos la siembra de transgénicos y exigimos la implementación de programas de investigación, con un sentido de desarrollo nacional, que esclarezca los riesgos de su uso, con estricto apego al marco legal vigente.

L. Construir nuevas formas de consenso, representación, interlocución y de interacción social y política en México, que respondan a las necesidades de la clase trabajadora y la soberanía nacional.

La vida del Movimiento se orientará por los siguientes compromisos éticos:

I. La representación y la defensa de los trabajadores del campo y la ciudad, y la construcción de las libertades democráticas para toda la ciudadanía, están por encima de cualquier interés, partidista o personal. Se eliminarán protagonismos que pudieran vulnerar la unidad clasista y ciudadana.