Nicaragua cuenta con una población bastante joven y de
apenas cinco millones de personas, cuya principal actividad
productiva es la agropecuaria, con productos como el café,
el tabaco y el banano. Pero es justamente el cultivo de
productos como el café los que hoy en día están dejando
graves secuelas en la salud de campesinos y campesinas.

En el área rural habita y trabaja alrededor del 80% de la
población nacional. Sin embargo, los/as trabajadores/as
agrícolas no cuentan con servicios de educación, ni de
salud integral, y tampoco contamos con un sistema de seguro
social. En ese contexto, el uso continuo de plaguicidas en
los cultivos, no sólo perjudica la salud de campesinas y
campesinos, sino que, solo en el año 2000 murieron
alrededor de 10 compañeras líderes que trabajaban en las
empresas bananeras, precisamente por su exposición a esos
productos químicos.

Sin embargo, a pesar de la seriedad del problema, existe
una falta de información en el sistema de salud y poca
coordinación institucional: mientras el Ministerio de
Trabajo maneja una información y ciertas cifras, el
Ministerio de Salud maneja otras. Esos Ministerios no
tiene mayor control sobre los registros exactos de la gente
que está siendo afectada por los plaguicidas. Por nuestra
parte, gracias a un proyecto que se está impulsando a
través de la Organización Mundial de la Salud y la ATC,
hemos logrado obtener algunos datos concretos y compilar
informaciones. Así, por ejemplo, conocemos que en el
periodo entre 1998 y 1999, fueron atendidos unos 448 casos,
de los cuales 382 fueron mujeres. Así mismo, 107 de los
casos fueron menores de 15 años.

Los problemas respiratorios, debido a la exposición
continua a los plaguicidas, son una de las principales
molestias que tienen las personas afectadas. Además,
muchas mujeres se quejan de un continuo cansancio. No
obstante, se carece de un plan de parte del Ministerio de
Salud para encarar el problema, con el agravante de que
desgraciadamente no se cuenta con reglamentos que permitan
llevar a cabo la aplicación real de la ley, en cuanto a las
medidas de precaución, tanto en las fincas privadas como en
todos los puntos de producción de café o banano.

No existe un enfoque de género para la atención especial en
la salud, y esto genera una serie de deficiencias y
problemas que afectan de manera específica a las mujeres.
Por eso la Asociación de Trabajadoras del Campo ha
desarrollado un sistema mutuario, a través del cual estamos
capacitando a los y las trabajadoras. Hemos conseguido
realizar un diagnóstico en sobre las afecciones en los
cultivos de café y el tabaco, y estamos desarrollando
sistemas de atención especial en materia de salud, por lo
menos en un primer nivel, es decir, en lo que se refiere a
un sistema de prevención para los y las trabajadoras del
área del café. A esta organización se han afiliado
alrededor de 13.000 familias campesinas, a quienes se está
tratando de dar atención. A estas personas se las
capacita, y ellas aportan con una cuota para que el sistema
se vuelva autosostenible. En este momento, incluso hemos
logrado ampliar la atención a todos los alrededores de la
zona norte del país, en donde está concentrado el café y el
tabaco.

Así mismo, a nivel centroamericano estamos formando una red
de promotores y promotoras en lo que hemos denominado medio
ambiente laboral, con el interés de que al tiempo que la
gente se capacita se pueda también sensibilizar más
ampliamente sobre la problemática de salud. Por esta
razón, y como parte de este mismo programa, estamos
publicando una revista dedicada principalmente a las
mujeres, que intenta sensibilizar a la población
trabajadora que no tienen consciencia de este problema.

Este proyecto que se desarrolla en Centroamérica empezó en
Nicaragua y su objetivo principal es desarrollar la
capacidad institucional del Estado, para solucionar el
problema de los plaguicidas. Nuestra meta es que en unos
10 años se pueda disminuir en un 60% las enfermedades
relacionadas con los plaguicidas. Para conseguirlo, se
está dando importancia a las instituciones encargadas del
área de salud, tanto el Ministerio de Salud como
organizaciones como la nuestra, que está intercambiando
experiencias a través de las redes centroamericanas y al
interior de cada uno de los países.

Pero esta misma experiencia nos ha hecho pensar que no
podemos desarrollar este tipo de programas exclusivamente a
través de las cúpulas. Al contrario, debemos buscar que
los municipios y ciertas entidades del gobierno jueguen un
papel más fuerte. Incluso creemos que la misma
organización local, que tienen alguna incidencia en cada
uno de los municipios del país, se pueda articular con las
comisiones intersectoriales sobre plaguicidas.

De la misma manera, estamos en un proceso de integración de
los poderes locales, porque esto también afecta el
desarrollo de la población municipal. Creemos que el
gobierno local tiene que jugar un papel en proyectos como
este. Por esta razón, estamos desarrollando un proceso de
educación sistemático a la población. Esto si bien no
resuelve el impacto y las consecuencias negativas de los
plaguicidas en forma inmediata, sí puede aportar para que
se vaya comprendiendo mejor esta problemática y se vayan
buscando medidas preventivas a futuro.

En todo este proceso de trabajo, el movimiento de mujeres
también ha aportado. La ATC, con apoyo de otras
organizaciones, hemos logrado crear tres clínicas médicas,
que funcionan en zonas de producción de café, tabaco y la
tercera en el banano. Es decir, estas clínicas dejaron de
ser espacios que simplemente atienden la salud primaria,
para convertirse en hospitales integrales de atención a la
mujer del campo. Estas clínicas están reconocidas en el
sistema de salud del país y sus principales servicios se
hacen a través de los seguros sociales que tienen las
mismas empresas del Estado.

Considero que es importante reflexionar sobre estas
experiencias de las mujeres, que vienen a contribuir a los
problemas que enfrentan las mujeres en temática de salud,
porque al momento no existe una alternativa o un sistema de
salud que no esté privatizado.