Paraguay ocupa el segundo lugar en el mundo y el primero en América Latina
(junto con Brasil) en la concentración de tierra. La tierra de buena calidad,
está concentrada en manos de muy poca gente, mientras la mayoría de personas del
campo no tienen acceso a la tierra. El 72% de la tierra está en manos del 2% de
la población. Esto significa que 32.000 hectáreas de tierra están en manos de
apenas ese 2%. En cambio, 250.000 pequeños propietarios tienen, en conjunto, un
millón 500.000 hectáreas; es decir, solo el 2% de la tierra está en manos del
pueblo indígena y del campo.

En el norte del país, un solo empresario en particular es dueño de un millón
200.000 hectáreas de tierra, o sea, una sola persona es propietaria de lo que
250.000 campesinas y campesinas disponen en su conjunto. Algo parecido sucede
en la región oriental, en Concepción, que colinda con Brasil, donde otro
empresario es propietario de 3 millones 500.000 hectáreas de tierra. Todas
estas grandes extensiones de tierra, llamadas "improductivas", podrían estar
produciendo arroz, papas y otros alimentos para la población paraguaya. En
cambio, los grandes propietarios y empresarios están utilizando esas tierras
para campos, para el alimento de su ganado.

Dentro de la lucha de las organizaciones campesinas hubo un momento en que se
expropiaron algunas tierras, pero gran parte de esas tierras recuperadas fueron
nuevamente perdidas. Así que el problema del acceso a la tierra es todavía un
asunto grave y sin resolver.

La estrategia que han seguido los grandes propietarios es empujar a la gente a
lugares lejanos donde no hay acceso a salud, educación y ni siquiera servicios
básicos, como agua potable. Además, esta estrategia se sigue como una forma de
dispersar a la gente y hacer desaparecer las organizaciones campesinas.

Hasta el momento, el problema de que los campesinos e indígenas no tengan
derecho a acceder a la tierra no ha sido resuelto porque no existen leyes que
protejan a esta población. En realidad, dentro de la Constitución Nacional
paraguaya se dice que todos y todas las paraguayas tienen derecho al acceso a la
tierra, pero esta aseveración es solo una ley que no ha podido ser llevada a la
práctica.

Peor aún, nuestras organizaciones se han visto enfrentadas a casos absurdos.
Por ejemplo, la organización a la que pertenezco estuvo tratando de resolver el
caso de un terreno de 140.000 hectáreas que no tenía dueño. A través de la
organización estuvimos haciendo averiguaciones para conocer a los dueños de
estas tierras pero no encontramos a ninguno, así que se decidió hacer una
ocupación de tierras. Curiosamente, a los tres días de esta ocupación llegó una
resolución y la orden de desalojo a los campesinos y campesinas que ya ocupaban
ese terreno. Es decir, mientras que por mucho tiempo ese terreno estuvo
desocupado y no hubo dueño, tres días después de la ocupación el propietario
apareció. Así mismo, el proceso para pelear por esas tierras resultaba largo y
complicado, mientras que la orden de desalojo llegó muy rápidamente. Además, a
los pocos días de la ocupación descubrimos que en ese terreno había una hectárea
y media utilizada para el cultivo de marihuana, y cuando denunciamos a la
Fiscalía General de este hecho, nos respondieron que no tenían ni medios ni
recursos para verificar si esto era cierto o no. Así que finalmente los
cultivos fueron quemados y no pasó nada más.

Frente a esta realidad, ¿cuál es la estrategia que están siguiendo los y las
campesinas y sus organizaciones? Algunas organizaciones han decidido ocupar
tierras. Lo que es importante recalcar es que dentro de estas ocupaciones, la
mayor parte de las personas que intentan defender estas tierras para sus
comunidades son las mujeres y sus niños/as. Esto sucede porque mientras la
mayor parte de los compañeros tienen que ir a trabajar, son las mujeres las que
muchas veces deben llevar adelante una ocupación. Por esta misma razón, son las
mujeres y los/as niños/as quienes muchas veces se enfrentan a la represión
policial que existe en contra de las personas que ocupan terrenos.

Por su parte, las autoridades no están dando ninguna respuesta a esta realidad.
No les preocupa nuestra situación en esta lucha por acceder a la tierra ni los
peligros que corremos en las ocupaciones. Sin embargo, sí existen intereses
politiqueros frente a esta situación de conflicto. Por eso, en época de
elecciones y campañas electorales, los colorados, los liberales o cualquier otro
partido político hacen grandes ofertas a los campesinos, y prometen que van a
dar soluciones a sus problemas de tierra, así como a sus necesidades de
educación y salud. Pero este supuesto interés solo dura lo que dura una campaña
electoral. Así mismo, cuando conseguimos conquistas, son los partidos políticos
los que dicen haber luchado por estas conquistas.

Hasta el momento, en Paraguay no hay leyes que se planteen seriamente realizar
una reforma agraria y dar una solución integral al problema de la tierra. Por
ello, cuando se logra una conquista y un grupo de campesinos y campesinas
acceden a la tierra, son ellos mismos los que deben pelear, por su propia
cuenta, por acceder al crédito y a insumos para trabajar estas tierras, deben
pelear por materia prima, infraestructura y por tener acceso a agua o educación
en esas áreas. Siempre estos proyectos empiezan por el autofinanciamiento que
hace la misma comunidad. Entonces, somos las mismas comunidades las que estamos
llevando adelante el desarrollo.