Los campesinos (as) que persistían en su pacífica movilización en el
Departamento del Cauca, decidieron regresar a sus parcelas y pequeñas
fincas, para evitar sufrir más agresiones, asesinatos, detenciones y
desapariciones, y ante todo, por preservar organización y ánimo para
la necesaria continuidad de su justa lucha.

En total más de 125.000 personas, entre campesinos (as) y jornaleros
rurales, que se movilizaron en 15 Departamentos, principalmente en
Tolima, Cauca, Huila, y otras regiones como Sucre, Cundinamarca, Eje
Cafetero, Chocó, Costa Atlántica, Nariño, Santander, Arauca, Putumayo
y Boyacá, consideran un éxito político su protesta, porque lograron
romper el aislamiento y el cerco de terror que pretendía acallar su
justa protesta contra el neoliberalismo y el ALCA y por la reforma
agraria el derecho a la vida, la tierra, el trabajo, la organización
y otras demandas sociales.

La movilización del campesinado colombiano despertó enorme simpatía
nacional e internacional, también en las centrales obreras e
inclusive en la propia prensa local, y en casos como en Cauca y
Valle, la activa solidaridad de organizaciones políticas y sociales.
En Popayán los estudiantes en forma valiente bloquearon por algunas
horas una carretera principal. Desde ya, la Coordinación Nacional de
la Movilización en nombre del campesinado colombiano, agradece la
inmensa solidaridad desplegada nacional e internacionalmente.

Esta movilización demostró como el campesinado rechaza la política
neoliberal que lo ha golpeado duramente, y como se opone a los
tratados de libre comercio como el ALCA y a las políticas del Banco
Mundial que fomenta la aparcería y el mercado de tierras. El
movimiento campesino levantó su programa de reforma agraria, en el
que pide la distribución de 5 millones de hectáreas de latifundio,
extremadamente desaprovechadas en la actualidad, y exigió la defensa
de la producción nacional para recuperar la soberanía alimentaria.

El gobierno sólo concedió la audiencia solicitada con el Presidente o
el Ministro de Interior y Justicia, un día después de iniciada la
protesta y luego dilató 10 días la respuesta, sin comprometerse a la
concertación establecida en la Constitución Nacional, dedicándose a
estigmatizar la movilización, distorsionando la información sobre su
autonomía, criminalizándola y desatando una fuerte oleada de
represión y violencia, tratando de desbaratar y aislar la pacífica
movilización.

El gobierno se ha comportado como una dictadura, al detener y
deportar o expulsar a varios observadores internacionales, en la
clara intención de ocultar al mundo la represión de la protesta
popular y la persistente violación de derechos humanos. Recalcamos
que el objetivo de este comportamiento es invisibilizar los desmanes
del Estado y sus agentes.

Todo parece indicar que probablemente habrá una nueva audiencia, esta
vez con el Ministro de Agricultura el próximo jueves 26 de
septiembre. Con audiencia o no, los campesinos (as) de Colombia
seguirán levantando su grito de lucha por la paz, por la reforma
agraria integral y democrática, y por el respeto a los derechos
humanos, y respaldamos las conclusiones del encuentro obrero y
popular celebrado el pasado 20 de septiembre en Bogotá, que aprobaron
la realización de un paro cívico nacional, razón por la cual
mantenemos en alto y en vigencia nuestro pliego nacional de
peticiones que motivó la Movilización Agraria y Popular iniciada el
pasado 16 de Septiembre:

Pliego Nacional

1. Garantías efectivas para la vigencia de los derechos a la vida,
la organización, la movilización y la protesta; por garantías a la
participación decisoria de las organizaciones campesinas, sociales y
populares en los asuntos claves de la vida nacional.

2. NO firma del tratado de libre comercio de las Américas ALCA ni de
los tratados de libre comercio con Estados Unidos o Canadá por la
llamada "Vía rápida".

3. Respeto y autonomía del patrimonio genético de las comunidades
rurales, a los recursos naturales d el país y al medio ambiente; así
como establecimiento de mecanismos de producción sostenible que
recojan el saber tradicional de las comunidades. No a la eliminación
o limitación del requisito de licencia ambiental, derogatoria del
decreto 1728 de 2002.

4. Fortalecimiento de la economía campesina y la pequeña producción
rural y defensa de su espacio. Rechazo a la implantación de
proyectos paneleros monopólicos; apoyo al sector productivo artesanal
( minería, pesca, etc.), actuando en consecuencia con su importancia
y derogatoria de cualquier medida legislativa que lo vulnere.

5. Suspensión inmediata de la importación de productos
agropecuarios, garantizando la soberanía alimentaría.

6. Condonación de las deudas a pequeños y medianos productores,
suspensión de los procesos judiciales de embargo y cobro jurídico
contra estos, devolución de los predios embargados, establecimiento
de créditos de fomento y subsidios para los campesinos y pequeños
empresarios.

7. Eliminación inmediata de las fumigaciones sobre los cultivos de
coca, amapola y marihuana, implementando la sustitución gradual a
través de la concertación comunidades rurales- Estado-Comunidad
internacional, con financiación de planes de desarrollo sostenibles y
planes de vida.

8. Revisión de la política pública cafetera para que brinde
garantías a la pequeña y mediana producción.

9. Cese del desplazamiento forzado, los asesinatos, las
desapariciones y torturas, la guerra sucia. Atención inmediata,
oportuna e integral a las comunidades desplazadas e indemnización y
retorno a sus tierras de las familias campesinas, indígenas y
afrocolombianas desplazadas, con plenas garantías de seguridad y
proyectos productivos subsidiados por el Estado.

10. Indemnización a las mujeres campesinas, indígenas y
afrocolombianas y sus familias afectadas por el conflicto social y
armado, protección a las líderes y sus organizaciones para el trabajo
social y organizativo y, vinculación de ellas a los programas de
inversión social, en especial a las mujeres cabeza de familia.

11. Reconocimiento del derecho a la tierra de las comunidades
campesinas como derecho fundamental. Por una reforma agraria
integral y democrática que incluya la extinción de dominio de los
latifundios inadecuadamente explotados, así como la expropiación por
vía administrativa de otros predios que se requieran para este
programa y su entrega gratuita a los campesinos.

12. NO liquidación de las instituciones estatales nacionales del
sector agropecuario, fortaleciéndolas mediante su dinamización,
financiación y coordinación. NO a las facultades extraordinarias la
Presidente para liquidar los institutos agropecuarios. Preservar y
fortalecer el INCORA como eje de la reforma agraria con participación
decisoria de campesinos, indígenas y afrocolombianos.

13. Subsidio a la producción nacional e inversión social a pequeños
y medianos productores sin condicionamientos del Estado a políticas
de alianzas o de cadenas productivas.

14. Respeto y reconocimiento legal a la inalienabilidad de las
tierras colectivas de los pueblos indígenas y comunidades
afrocolombianas, a su integridad cultural y autonomía. Derogatoria
del decreto 1320 de 1998 sobre consulta previa a las comunidades
indígenas y afrocolombianas para la explotación de recursos naturales
en sus territorios. Que el Estado eleve a la categoría de
inalienables los territorios declarados Zonas de Reserva Campesina y
bienes comunales. No a la eliminación de la Acción de Tutela para
defender los derechos colectivos de las comunidades.

15. Garantías para el ejercicio del derecho de asociación sindical y
de contratación laboral colectiva; aplicación en Colombia de los
Convenios 141 sobre organización campesina y 110 sobre Plantaciones
de la OIT.

16. Revisión concertada con los trabajadores, campesinado y la
comunidad en general de las leyes Ley 100 sobre seguridad social,
salud, pensiones y riesgos profesionales y 50 sobre código del
trabajo; NO al proyecto de reforma laboral del gobierno que atenta
contra los dominicales y otros derechos de los trabajadores.

17. Derogatoria de la Ley 715 por ser contraria a los intereses de
la comunidad al recorta los recursos de las entidades territoriales
para salud, saneamiento básico, umatas y educación y contra el
congelamiento de la planta docente que ha sido reemplazada por
órdenes de prestación de servicios.

18. Sustitución de la Ley 617 de que modifica el régimen político
municipal determinando una ley territorial perversa. Derogatoria de
la normatividad que prohibe la movilización de los vehículos de
tracción animal.

19. No a la privatización de las empresas públicas y el alza de
tarifas de los servicios públicos; así como la reubicación en estrato
cero (o) para los pequeños y medianos productores campesinos.

20. Establecer una veeduría de las organizaciones campesinas,
afrodescendientes e indígenas internacionales para que monitoreen la
situación de derechos humanos de las comunidades rurales de Colombia
y el cumplimiento de los acuerdos suscritos con el gobierno, bajo los
parámetros de los sectores participantes de esta movilización.

21. Respeto a los derechos humanos y libertades ciudadanas. No a su
limitación por la conmoción interior.

22. Salida política negociada al conflicto social y armado con base
en reformas sociales y económicas para el logro de una paz duradera.

23. Cumplimiento de todos los acuerdos, que los diferentes gobiernos
o entidades del Estado han suscrito con organizaciones sociales
movilizadas, a nivel local, regional o nacional y reactivación de los
mecanismos de negociación.

24. Solución de los pliegos presentados por las organizaciones
regionales en comisiones que para tal efecto se establezcan en cada
región.

Septiembre, 23 de 2002

Consejo Nacional Campesino para la Acción Rural – CNC
Coordinación Movilización del Suroccidente Colombiano
Consejo Regional Campesino de Cundinamarca y Sur de la Sabana
Consejo Regional Campesino del Eje Cafetero
Coordinadora Campesina del Tolima