La Coordinación de la Movilización Nacional Campesina denuncia, que en
algunas regiones de Colombia autoridades militares y de policía, y en
otras grupos paramilitares, están tratando de impedir por la fuerza, la
pacífica movilización de los campesinos y campesinas de Colombia. La
represión contra el campesinado se realiza al amparo de los últimos
Decretos expedidos en el marco de la Conmoción Interior decretada por el
gobierno. Hoy se anunció que en 14 Departamentos se aplicarán rigurosas
medidas excepcionales, decretando ?Zonas de Rehabilitación y
Consolidación?. Denunciamos que la verdadera intención es convertir estas
zonas en teatros de guerra, y además, en ellas se otorgarán facultades de
policía judicial a la Fuerza Pública.

En el Departamento del Cauca, grupos paramilitares con la abierta
complicidad de autoridades militares y de policía, están tratando de
impedir la pacífica movilización de los campesinos y campesinas de La
Vega, Argelia, Balboa, Corinto, Piendamó y El Tambo. Los grupos
paramilitares han instalado retenes en algunos lugares, en los que están
incautando alimentos e inmovilizando los vehículos, y profiriendo amenazas
de muerte a quienes participen de la marcha. El Ejército ha detenido a
numerosos campesinos en La María ? Piendamó.

En el Departamento de Sucre, el Ejército ha instalado retenes en el
municipio de Colosó, donde se ha dedicado atropellar al campesinado, y ha
realizado anuncios que no permitirá la protesta social. En este mismo
Departamento, en Chalán, grupos paramilitares están obligando, bajo
amenaza de cometer una masacre, a que los campesinos se refugien en sus
casas y no marchen.

En el Departamento del Tolima, el Ejército ha prohibido la salida de
vehículos en casi todos sus municipios y está amenazando a los campesinos
que intentan buscar otros caminos. En el oriente de este departamento, el
Ejército y la Policía ha decomisado los alimentos pertenecientes a la
pacífica movilización agraria.

En el Departamento de Caldas, han sido retenidas por el Ejército
aproximadamente 90 familias pertenecientes a comunidades indígenas, por el
solo hecho de haber acudido a la movilización. Los grupos paramilitares
han anunciado que asesinarán a quien participe en esta movilización.

En Cundinamarca y Boyacá, fueron impedidas las marchas de jovenes
campesinos y de estudiantes, que pretendían caminar desde Tunja a Bogotá
para participar en las protestas que han convocado las centrales obreras.
Las carreteras han sido intensamente militarizadas y son sobrevoladas por
helicópteros artillados en actitud provocadora. En el Sumapaz el Ejército
está intimidando al campesinado y adelanta detenciones arbitrarias,
mientras personas de civil, sin identificación alguna y que se mueven
libremente han intentado detener (desaparecer?) a algunos líderes
agrarios.

En atención de los anterior, las organizaciones campesinas y populares
exigimos que cesen las amenazas, los atropellos y las detenciones, y que
se permita la libre protesta social. También exigimos que cese la
difusión de volantes y demás propaganda que el Ejército y organismos de
inteligencia vienen propagando, criminalizando la pacífica protesta
campesina.

Denuncian retenciones

La Asociación Nacional de Campesinos denunció la detención de un
grupo de labriegos que se movilizaba desde el departamento del Cauca hacia
Bogotá, con el fin de participar en el paro nacional anunciado por la
centrales obreras para este lunes.

Según Carlos Rico Álvarez, organizador de la movilización campesina, las
autoridades detuvieron al grupo de personas sin justa causa, e incluso,
les decomisaron los víveres que portaban.

De acuerdo a los líderes campesinos con este hecho y con la militarización
de los municipios del país, se intenta frustrar la realización del paro
nacional. Incluso, denunciaron que se utilizan megáfonos en varios
poblados para pedirle a la población civil que no salga a marchar.

Álvarez indicó que las organizaciones campesinas del país recibieron el
respaldo internacional para continuar con la marcha programada para el
lunes.

"Hay una comunicación firmada por 152 organizaciones de varias partes del
mundo y que fue dirigida al Estado colombiano, en la que se apoya esta
movilización campesina", explicó.

Los manifestantes advirtieron que contemplan la opción de demandar al
Gobierno Nacional por la violación de sus derechos de libre expresión y
protesta consagrados en la Constitución.