MST Informa, Año IV - nº 97. Viernes, 26 de agosto de 2005

Queridos amigos y amigas del MST,

El tema de la corrupción, que involucra al actual gobierno y a algunos partidos políticos que les dan apoyo, acaparó los noticieros. Los medios de comunicación no hablan de otra cosa, como si la "corrupción estatal" hubiese sido una invención del gobierno del Partido de los Trabajadores (PT). De lo que se culpa a este gobierno es de haber dado continuidad a la forma burguesa de hacer política.

Se dieron cuenta algunos parlamentarios de que ciertas Comisiones Parlamentarias de Investigación (CPI) les dan suficiente entrada en los medios de comunicación como para masajear sus vanidades personales y para desarrollar sus campañas políticas con vistas a las elecciones de 2006. Así, tenemos un parlamento que en vez de legislar, está más preocupado por investigar. Todos, en su mediocridad, procuran parecer eficientes investigadores policiales. Y, además, procuran aparecer como paladines de la moralidad pública, de la transparencia ética y en defensa de los intereses del pueblo brasileño. Incluso el nieto de António Carlos Magalhães (ACM) está con esa preocupación de descubrir corrupción en las entrañas del gobierno. Si fuese ésa su preocupación real no necesitaría ni siquiera ser parlamentario, tendría suficiente con quedarse en casa y conversar más con su abuelo...

Reafirmamos la necesidad de punir a todos los responsables de corrupción, corrompidos y corruptos. Pero creemos también que el verdadero combate a la corrupción pasa por la creación de instrumentos políticos que realmente den poderes al pueblo para participar en las decisiones políticas del país y en el control del poder del Estado. Sin eso, los corruptos de hoy y los de ayer conseguirán institucionalizar sus métodos para continuar apropiándose del patrimonio público y penalizando al pueblo, en beneficio de una pequeña minoría de la población. Por eso lamentamos que el diputado Roberto Freire (Partido Popular Socialista -PPS- por el estado de Pernambuco) tenga guardado en el cajón el Proyecto de Ley, ideado por el jurista Fábio Konder Comparato, con el que se pretendía legislar la participación popular en las decisiones importantes del país mediante plebiscitos.

Pero combatir únicamente la corrupción no resuelve los problemas que afectan al pueblo brasileño. Es necesario combatir, sin tregua ni concesiones, la política económica del gobierno Lula, que impide que las reivindicaciones sociales sean atendidas (Reforma Agraria, vivienda, educación pública, salud, seguridad social, generación de empleos, etc.) y prioriza lucros gigantescos del capital financiero, nacional e internacional.

Por eso es vergonzosa la actuación de este gobierno en la cuestión de la Reforma Agraria. Durante la Marcha Nacional por la Reforma Agraria, del 1 al 17 de mayo de 2005, cuando 12 mil caminantes recorrieron la distancia que separa Goiânia (estado de Goiás, GO) de Brasília (Distrito Federal, DF), presentamos una serie de reivindicaciones para agilizar el proceso de Reforma Agraria. Además de exigir que se cumplieran los objetivos en número de asentamientos establecidas por el propio gobierno, pedimos la reestructuración del INCRA (Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria), de la asistencia técnica, los créditos financieros, apoyo a los programas especiales de educación, de preservación al medioambiente y a la agricultura familiar y la inmediata revisión de los índices de productividad. Si se mantienen como hasta ahora, estos índices sólo hacen que asegurar la improductividad de las grandes propiedades rurales.

Todas estas reivindicaciones constan en el acuerdo firmado por el gobierno y sus ministros. Algunas, como la orden ministerial que establece nuevos índices de productividad, dependen exclusivamente del presidente Lula. Hasta hoy no fue firmada. Otras quedaron paradas en los meandros de la máquina administrativa o se pierden en las disputas entre ministerios, que caracterizan a un gobierno que no tiene unidad política ni, mucho menos, un proyecto estratégico para Brasil.

El fracaso de la Reforma Agraria del gobierno Lula no se debe a la falta de cumplimiento de las metas que él mismo estableció en 2003 de asentar a 400 mil familias antes de acabar su mandato. Al dar continuidad a la política neoliberal del gobierno de Fernando Henrique Cardoso, el gobierno redujo el Plan Nacional de Reforma Agraria a simples metas de asentamientos a ser cumplidas por el Ministerio de Desarrollo Agrario (MDA). El gobierno se eximió de la responsabilidad de ese compromiso histórico con la sociedad brasileña. Y así, en vez de promover el enfrentamiento con el latifundio, el gobierno Lula transfirió el enfrentamiento por la Reforma Agraria hacia el interior de su propio gobierno. Ahora el Ministerio de Desarrollo Agrario (MDA) discute con el Ministerio de Hacienda para conseguir mayores recursos financieros, luego se responsabiliza a la máquina administrativa de parar las desapropiaciones, más tarde llega el desacuerdo con el Ministerio de Agricultura, que disputa migajas de los grandes recursos y privilegios destinados al agro-negocio. Todo sucede. Todo menos enfrentarse al latifundio.

Mientras perdure la política neoliberal, la agro-exportación será de vital importancia para mantener los saldos de la balanza comercial y así esterilizar la riqueza nacional con el inacabable pago de intereses al capital financiero. En este modelo no hay espacio para la Reforma Agraria.

La derrota política neoliberal pasa por las movilizaciones populares en defensa de la Reforma Agraria. En un documento entregado al gobierno federal en septiembre de 2003 defendemos la Reforma Agraria como política prioritaria para resolver los graves problemas del desempleo, del hambre y de la pobreza en el medio rural. Enfatizamos el carácter popular de la Reforma Agraria, exigiendo la desapropiación de todos los latifundios improductivos, como establece la Constitución Federal. Defendemos la implantación de la agro-industria, de un programa de educación y de un nuevo modelo tecnológico, con asistencia técnica compatible con la agricultura familiar y cooperativa en las áreas de la Reforma Agraria. Pasados tres años de gobierno Lula, es grande la deuda que éste ha contraído con tales compromisos con la Reforma Agraria. La deuda es todavía mayor cuando recordamos la otrora disposición de Lula para promover la Reforma Agraria de un plumazo, así que asumiese el gobierno.

Así, esperamos derrotar esa política neoliberal y derrotar el latifundio con grandes movilizaciones populares, promoviendo debates sobre la urgencia de un proyecto de desarrollo que atienda las necesidades del pueblo brasileño. El propio gobierno Lula manifestó, una vez más, que la política que atiende los intereses de los ricos no sirve para los pobres.

¡Vamos a la lucha!

Secretaría Nacional del MST