El gobierno de Paraná fue encontrado culpable, por unanimidad, de violación a
los derechos humanos. Este es el veredicto que dictó el "Tribunal Internacional
de los Crímenes del Latifundio y de la Política Gubernamental de Violación de
los Derechos Humanos en Paraná", que se realizó en Curitiba, Brasil, el 1 y 2 de
mayo. El juicio simulado, en el que participaron más de 1500 personas, contó
con las características de un juicio oficial. Este es un recurso utilizado
universalmente por la sociedad civil en protesta contra las prácticas
sistemáticas de violación de derechos humanos.

La sentencia señala que el Gobierno del Estado de Paraná a impedido que la
reforma agraria se cumpla, como manda la Constitución Brasileña; que el Poder
Judicial de Paraná está aliado a las fuerzas reaccionarias del latifundio; y que
la Policía Militar del Estado de Paraná, cumpliendo las ordenes del Gobierno
local, ha actuado como un poder paralelo siendo directamente responsable por las
violaciones de los derechos humanos. Por lo que es necesario imponer reformas
en la manera de actuar de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial para no
aplazar la aprobación de proyectos de ley que instruya según los principios que
privilegian los derechos humanos. También se pide que se suprima la potestad de
la Justicia Militar para juzgar crímenes cometidos por policías militares contra
civiles. La sentencia será encaminada a las distintas autoridades brasileñas e
internacionales.

Según la Comisión Pastoral de la Tierra, en el Estado de Paraná se registraron
16 asesinatos, 478 presos, 7 torturados, 323 heridos, 45 amenazas de muerte, y
131 acciones de desalojo de trabajadores sin tierra, desde 1995. Durante el
juicio fueron presentadas varias pruebas entre las que se incluyeron varios
videos realizados por la propia policía de Paraná.

El gobernador de Paraná, Jaime Lerner, previamente fue notificado y llamado a
asistir a este juicio, pero no se presentó ni envió algún representante. El
Orden de Abogados Brasileños (OAB) nombró un abogado de oficio, quien fue
presionado, para no asistir. Por estas razones se decidió presentar una carta
firmada por Lerner, enviada a la presidencia del Tribunal y a otras entidades
como la Conferencia Nacional de Obispos del Brasil y la Comisión Pastoral de la
Tierra, en la que se califica al juicio como un "Tribunal de Excepción" y un
"evento cínico" equivocado y parcializado. La carta fue considerada por el
jurado como una confesión.

El juicio fue presidido por el presidente de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (OEA), Hélio Bicudo, actual vise-alcalde de Sao Paulo y ex
presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados (CDH).
El abogado acusador fue el jurista y profesor argentino Eugenio Raúl Zaffaroni.
En el jurado se destacó la presencia del Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez
Esquivel y del sociólogo estodunidense James Petras. Asistieron también otras
destacadas personalidades internacionales del campo de los Derechos Humanos.

El Tribunal Internacional cuenta con el apoyo de organizaciones como la CDH, la
Comisión Nacional de Derechos Humanos de la OAB, el Foro Nacional Contra la
Violencia en el Campo, el Movimiento Nacional de Derechos Humanos, Global
Exchange, Foodfirst Information & Action Network, la congregación religiosa
Dominicans for the Justice and Peace y el Foro Paranense de Derechos Humanos.