El Ministro de Justicia, Col. Jarbas Passarinho, instituyó, a través de la Procuraduría General de la República, una Comisión de
Encuesta Pública para receptar los planteamientos de las diversas entidades nacionales y elaborar un informe oficial sobre las
causas de la violencia en el campo. El Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) al ser recibido en audiencia
pública el día 4 de junio, presentó el documento que reproducimos a continuación.

Características de la violencia

La violencia en el medio rural brasileño existe desde los tiempos del colonialismo. Siempre fue una forma predominante de
dominación de las clases gobernantes, primero sobre las poblaciones nativas, después sobre los trabajadores esclavos, luego
sobre los trabajadores "libres" y, más recientemente, en todas las relaciones de trabajo existentes en el medio rural. En los
últimos años podemos clasificar la violencia en dos tipos: la violencia social y la violencia física.

La violencia social

Como violencia social caracterizamos a las formas de violencia generalizada que afecta a la mayoría de la población que vive
en el medio rural y representa una permanente represión y cercenamiento de los mínimos derechos y libertades individuales de
los trabajadores y sus familias. Son practicadas por la clase dominante en general, en la figura del latifundista, del patrono, del
moderno empresario rural capitalista; así como por el Estado, con sus tentáculos de poder judicial, ejecutivo y legislativo. Y en
muchos lugares, esa situación generalizada de violencia tiene, también, el respaldo y la justificación de la estructura de poder de
las iglesias.

Esa violencia social está representada por la falta de trabajo, por los salarios ridículos, por la existencia de trabajo esclavo y
semi-esclavo, por jornadas de trabajo superiores a 50 horas semanales, por falta de habitaciones en las haciendas, por falta de
asistencia médica y social, por la inexistencia de derechos laborales, por la falta de escuelas para los hijos de trabajadores, etc.
Como si esto fuera poco, los trabajadores están sometidos a todo tipo de discriminación social, de persecución política,
especialmente cuando se revelan. Y hasta de abuso sexual por parte de los latifundistas o patronos contra las mujeres de los
trabajadores, esposas e hijas.

Esas formas de violencia social son de mayor alcance y mucho más graves que la violencia física porque afectan a la mayoría
de la población trabajadora del medio rural, y terminan transformándose en la verdadera causa de las violencias físicas que
tienen lugar.

La violencia física

En general, la prensa y las entidades de la sociedad civil han destacado más el tipo de violencia que se presenta en forma de
torturas, atentados, represiones masivas y hasta asesinatos. En los últimos años, esa violencia practicada por los latifundistas,
por la clase dominante y por el Estado que las representa, ha evolucionado en su forma de actuar y de reprimir a la clase
trabajadora. Veamos.

En los años 70, y a mediados del 80, la violencia física se caracterizaba básicamente por la contratación de pistoleros por parte
de los latifundistas que buscaban asesinar a líderes de los trabajadores, sea en una determinada región en conflicto o de un
sindicato. Esos líderes podían ser los propios trabajadores o, a veces, agentes de pastoral, sacerdotes, abogados, etc.

En la medida en que los trabajadores fueron organizándose y se desarrollaron movimientos de masas en la lucha por sus
derechos a la tierra, por mejores salarios, contra la construcción de represas, etc., la figura del pistolero ya no consiguió
resolver más el "problema" para los latifundistas, para las autoridades locales. Se pasó entonces a utilizar las fuerzas represivas
de la policía militar que, también con la evolución de las luchas, pasaron a especializarse en forma de pelotones y a implicarse
en la represión. En un primer momento, tan solo venían fuerzas policiales locales, pero últimamente se ha acentuado el uso de
tropas de choque especializadas, con comandantes especializados, que usan armamento cada vez más moderno y tácticas
cada vez más parecidas a los manuales de contra-insurgencia interna. Más, en muchas regiones, ni el servicio de estas tropas
ha resuelto el "problema" y la clase dominante ha optado por utilizar a grupos paramilitares, a veces entrenados o comandados
por ex-oficiales de las fuerzas armadas, que operan con armamento moderno, con brutalidad y completamente al margen de la
ley.

Si las dos últimas formas de represión sobre los movimientos de masas no han producido tantos "asesinatos", como en la
década anterior, esto no significa que la violencia ha disminuído. Al contrario, la violencia represiva, incluso física, ha adquirido
carácter masivo y se han multiplicado los casos de golpizas, de torturas, de capturas ilegales y de persecución y de amenazas
de muerte. El MST tuvo, solamente en el año 90, más de 60 casos de prisión de trabajadores rurales, de 3 días hasta seis
meses, la mayoría ilegales. Y en 1989, fueron 164 los presos.

Por otro lado, las clases dominantes en el medio rural están desarrollando cada vez más a una alianza, una verdadera simbiosis
de intereses para actuar contra los movimientos y organizaciones de trabajadores, conformada por los latifundistas,
contrabandistas de armas, de cocaína, plantadores de marihuana y grupos del llamado crimen organizado que actúan en el
medio urbano. En algunas regiones del país hay también indicios similares a los de la violencia en Colombia.

Causas de la violencia

La estructura agraria

Brasil es uno de los países del mundo con mayor índice de concentración de la propiedad de la tierra; pese a tener inmensas
regiones de tierras fértiles propias para la agricultura. En resumen, podemos indicar, según la clasificación del propio gobierno
(INCRA), que el 67,5% de las propiedades son catalogadas como minifundios; o sea, que producen básicamente para la
subsistencia y no consiguen progresar, y ocupan apenas el 9.5% del área total. En tanto que los latifundios, caracterizados
como aquellas propiedades improductivas y ociosas, representan el 29% de los inmuebles y controlan el 85% de todas las
tierras. Existen 275 latifundios clasificados "por extensión", que controlan, ellos solos, cerca de 37 millones de hectáreas, con
una media de 135.640 hectáreas por propiedades. Los veinte mayores latifundios del país controlan alrededor de l7 millones
de hectáreas de tierra. Según estadísticas gubernamentales, cerca del 45% de las tierras en manos de latifundistas son aptas
para la agricultura pero están completamente abandonadas, sin explotación alguna, y hoy representan más de 160 millones de
hectáreas. Una enorme extensión de tierras, incluso para las características de la agricultura brasileña, si consideramos que
actualmente en Brasil apenas 80 millones de hectáreas están dedicadas a la agricultura. Se estima que solo las empresas
multinacionales controlan cerca de 36 millones de hectáreas de tierra. La mayoría de esas empresas tienen esas tierras como
especulación y reserva de valor.

De otro lado, tenemos hoy en nuestro país cerca de 23 millones de trabajadores rurales con más de 10 años de labor. De
estos, alrededor de 8 millones son campesinos con poca tierra, que precisan migrar para la ciudad. Cerca de 7 millones
trabajan como asalariados y "bóias-frias", 6 millones de trabajadores son campesinos sin tierra que viven como medianeros,
arrendatarios, parceleros, etc.

En términos de renta, existen 1,3 millones de trabajadores en el medio rural, que no reciben ninguna remuneración y 5.2
millones que reciben hasta un salario mínimo mensual, lo que equivale, hoy, a 60 dólares. El nivel de concentración de la renta
en el medio rural brasileño, según la CEPAL, es de los más altos del mundo. Esa concentración de tierra, de los medios de
producción, de riqueza y de poder, es la principal causa de la violencia social y física que existe en el medio rural.

Poder político de los grandes propietarios de tierra

La clase de los grandes propietarios de tierra no está más formada sólo por algunos coroneles perdidos en el interior: existe ya
una simbiosis de los latifundistas con los grandes comerciantes, con los grandes industriales y con los grandes bancos. Un
levantamiento realizado por el MIRAD reveló que 46 grandes grupos de industriales y financieros tienen 22 millones de
hectáreas. Revolver el problema de la tierra es afectar los intereses de todos esos segmentos sociales, que son los que
controlan, de hecho, todo el poder político del país.

El coronelismo aún está presente en algunas regiones

El coronelismo fue caracterizado por los historiadores y sociólogos como un verdadero régimen político impuesto por los
latifundistas, especialmente en el nordeste, quienes dominaban todas las formas de poder local existentes en su región o
dominio de sus tierras, como: prefectura, policía e iglesia. Ese régimen político dictatorial, al margen de la ley y bajo control
total y absoluto del latifundista, todavía está presente en algunas regiones del país, si bien no es predominante.

No obstante, en muchos lugares, aunque el latifundista no detente más el poder real de la sociedad, continúa comportándose
como tal, y esa es una de las causas de la violencia practicada contra los trabajadores que se organizan por sus derechos.

La impunidad de los practicantes de la violencia

A pesar que la última Constitución aprobó leyes aparentemente justas y progresistas, en la práctica, el Estado brasileño, a
través de la policía y de los poderes ejecutivo y judicial, ha garantizado completa impunidad a los mandantes, asesinos y
responsables de las varias formas de violencia social y física practicadas contra los trabajadores. Valga un ejemplo: en los
asesinatos de líderes y trabajadores rurales, entre 1964 y 1990, hubo 1629 casos registrados y comprobados (en realidad son
muchos más), de los cuales apenas 17 tuvieron un procedimiento legal hasta el final, con la realización de juicios, y de estos
apenas dos casos tuvieron condena (Júlio Rodrigues, de Minas Gerais, y Chico Mendes, del Acre). En el primer caso, fue en
segunda apelacióÀn, con una pena meramente simbólica. En ningún otro caso los mandantes hacendados fueron condenados.

Inoperancia y connivencia del Estado

Existe una total inoperancia del poder policial, del poder judicial y otras formas de poder y control del Estado, cuando se trata
de actuar en defensa de leyes que favorecen a los trabajadores rurales. No hay investigaciones serias. La policía solamente se
moviliza para defender los intereses de los latifundistas, y los jueces, en muchos casos, son venales. En el caso de la policía,
hay diversos casos de colusión de sectores de la policía con cuadrillas de contrabando de armas y de drogas, y en la formación
de grupos paramilitares para reprimir a los trabajadores.

Las investigaciones policiales y las decisiones judiciales normalmente son utilizadas incluso para ocultar a los verdaderos
mandantes y responsables de las violencias cometidas contra los trabajadores.

Las vinculaciones de los latifundistas con el poder judicial, en muchos casos, llega a ser personal, con el propio juez
acumulando tierras y haciendo parte de las relaciones sociales y de amistad con el núcleo de poder de los latifundistas en los
municipios del interior. Esta inoperancia y connivencia del Estado y de sus poderes terminan por estimular la impunidad de los
mandantes y ejecutores.

Las causas inmediatas o coyunturales

No solución de los conflictos del campo.- El gobierno federal ha adoptado la política de no negociar donde existe
conflictos. Justifica con la paranoia de que los conflictos son "planificados" y que, por tanto, su solución será estimular nuevos
conflictos. Esa tesis es equivocada y mentirosa. La no solución de los conflictos sólo agrava la naturaleza de los mismos y
provoca otros de mayor proporción.

Promesas gubernamentales no cumplidas.- En todos los casos de conflicto que producen procesos de negociación, los
gobiernos estadual y federal asumen compromisos, promesas, y en casi 100% de los casos lo ratifican en documentos
firmados. Sin embargo, esos documentos oficiales, esas promesas, no son respetados, y esto conlleva al agravamiento de los
conflictos sociales puesto que los trabajadores, cansados de esperar y de ser engañados, se ven obligados a tomar otras
medidas de presión que causan más problemas. Si los gobiernos asumieran los documentos que firman, la mayoría de los
conflictos estarán resueltos.

Los procesos de expropiación detenidos.- En el INCRA existe más de 500 procesos de expropiación con su tramitación
burocrática ya concluída; falta tan sólo la firma de los decretos. La demora y retraso de esos procesos lleva a una situación de
conflicto y al aumento de la tensión social, pues la mayoría de las áreas están en regiones donde ya existe mucha tensión y
problemas sociales.

La incompetencia y falta de voluntad política.- El INCRA se transformó en una casa en ruinas. No tiene capacidad
administrativa, ni recursos, ni funcionarios, y la mayoría de los funcionarios no tiene calificación profesional para lidiar con los
problemas sociales y agrarios. En general, la intervención del INCRA en áreas de conflicto aumenta aún más los problemas ya
que noconsigue dar una respuesta política, ni las soluciones necesarias debido a su total falta de preparación y de recursos.

Actualmente el INCRA es una institución desacreditada tanto para los latifundistas como para los trabajadores. Según la
asociación de empleados, para atender las metas de asentar unas 500 mil familias sería necesario contratar por lo menos más
de 5 mil funcionarios. Pero el actual gobierno los están despidiendo.

Vinculación de las policías militares con latifundistas.- La actuación de los policías militares en todos los Estados es
lamentable, actúan vergonzosamente a contra de la ley; solamente recurren a la ley contra los trabajadores y es frecuente la
denuncia de que los propios gobernadores no consiguen controlar las acciones de los comandantes de las policías militares,
quienes actúan por cuenta propia y en colusión con los latifundistas, sea por coincidencia de posiciones políticas o a cambio de
favores. La PM siempre actúa en forma violenta contra los trabajadores y muchas veces sin mandato judicial. El abuso de
autoridad, el uso indiscriminado de la fuerza, los malos tratos y hasta algunos casos de tortura, son frecuentes. La policía militar
no debe implicarse en los conflictos agrarios.

La total impunidad en los casos de asesinato.- Incluso en los casos en que la prensa da amplia cobertura, la impunidad de
los mandantes de los crímenes contra los trabajadores es total. Con excepción del caso del asesinato del Presidente del
Sindicato de los Trabajadores Rurales de Cabo Frio, ningún otro mandante ha sido tomado preso hasta hoy. Incluso en el caso
de Chico Mendes hay otros co-autores intelectuales que no fueron siquiera señalados.

Procesos a favor de los trabajadores, parados.- Cuando existen procesos contra las autoridades, aún en casos que no son
de asesinatos, ellos quedan parados. El poder judicial solamente funciona a favor del gran propietario y en contra de los
trabajadores rurales.