MST Informa Año II- Nº 46 viernes, 22 de agosto de 2003

Las recientes ocupaciones en diferentes ciudades
brasileñas de edificios urbanos desocupados y de un
terreno de la empresa Volkswagen en São Bernardo do Campo
(en el estado de São Paulo), llamó la atención de la
sociedad sobre la cuestión de la falta de vivienda en
Brasil. En el campo, la existencia de más de 100 mil
familias acampadas desde los tiempos del gobierno de
Fernando Henrique Cardoso y la expectación generada por
la victoria electoral de Lula motivaron también
movilizaciones y nuevos campamentos de familias de sin
tierra. El funcionariado público, duramente castigado
durante ocho años de gobierno conservador, promovió
incontables manifestaciones populares contra la reforma
de la Asistencia Social que está siendo discutida en el
Congreso Brasileño.

Bastaron esas movilizaciones para que la burguesía
brasileña mostrase con el mayor énfasis su resistencia a
cualquier tipo de cambio en Brasil. La elite intentó
crear un clima de caos social. Algunos llegaron a decir
que el país estaba viviendo un clima de efervescencia
política similar al que precedió el golpe militar en
1964. Raciocinio típico de una burguesía antidemocrática,
antinacional y antisocial, como ya alertaba Florestan
Fernandes.

Interesa a la burguesía alimentar ese clima de caos
social, con los objetivos de inmovilizar al gobierno,
crear posibles divergencias entre los que luchan por la
transformación social y, principalmente, criminalizar a
los movimientos sociales. En la retórica de las elites,
las movilizaciones populares son las responsables de la
existencia de la violencia social y no sus víctimas.

Algunos sectores del Poder Judicial y algunos
gobernadores, con fuertes vínculos con el latifundio (por
ejemplo, el caso extremo ocurrido en São Gabriel, estado
de Rio Grande do Sul), trataron de cumplir con su parte,
apresando a líderes de trabajadores y haciendo retroceder
procesos de desapropiaciones de latifundios, mostrando
total inoperancia frente a los hacendados armados y a los
asesinatos de trabajadores rurales.

Las grandes redes de comunicación trataron de amplificar
todavía más ese discurso conservador de las elites,
transformándose en sus verdaderos partidos ideológicos,
substituyendo a los partidos que resultaron debilitados
del fracaso del modelo neoliberal. Esa postura no sólo
desenmascaró las prácticas de combate contra los
movimientos sociales, sino que también evidenció su
estrecha ligazón con el latifundio.

Afortunadamente, los brasileños reaccionaron frente a ese
conservadurismo de las elites y de ciertos sectores de la
prensa brasileña. Entidades sociales, personalidades,
religiosos, políticos, intelectuales, y líderes
sindicales y populares manifestaron la importancia de los
movimientos sociales en la consolidación de la democracia
y en la lucha por justicia social. Y todavía fueron más
allá, defendiendo la legitimidad de las organizaciones
populares para presionar al gobierno tanto para que sus
reivindicaciones sean atendidas como para oponerse a la
presión que las elites hacen sobre el gobierno para
conservar sus privilegios.

Cabe a los movimientos sociales y populares aumentar
todavía más el nivel de organización y de conciencia
política. Las demandas sociales, las necesidades de la
población brasileña, agravadas con una década de
neoliberalismo, exigen cambios radicales en la política
económica con el objetivo de garantizar trabajo, tierra,
vivienda, escuela y condiciones dignas de vida. Esas
conquistas serán el resultado de las movilizaciones de
los movimientos organizados que anhelan la construcción
de un país socialmente justo y democrático. Este país
jamás será una concesión de las elites conservadoras.
Solamente tendremos un gobierno progresista y de cambios
sociales, atendiendo a la voluntad de la población
brasileña manifestada en las elecciones de 2002, si
tenemos un movimiento social activo.