A los presidentes de la Cámara de Diputados, del Senado Federal y del Poder Judicial
 
Febrero de 2010.
 
Apreciados señores,
 
El Parlamento Brasileño instaló nuevamente una Comisión Parlamentaria Mixta de Investigación - CPMI (con la participación de Diputados y Senadores) para investigar los convenios firmados entre el Gobierno Federal y entidades y movimientos de trabajadores rurales.
 
A pesar de que la Bancada Ruralista y de la gran prensa insiste que es una “CPMI del MST”, la demanda que creó la Comisión establece objetivos más amplios, como explicita la enmienda: “investigar las causas, condiciones y responsabilidades relacionadas al desvíos e irregularidades verificados en convenios y contratos firmados entre la Unión y organizaciones o entidades de reforma y desarrollo agrarios, investigar el financiamiento clandestino, evasión de recursos para invasión de tierras, analizar y diagnosticar la estructura agraria brasileña y, en especial, la promoción y ejecución de la reforma agraria”.
 
A diferencia de lo difundido por la gran prensa, los reales objetivos de los autores de la demanda -Bancada Ruralista del Congreso- de centrar las investigaciones sólo en convenios firmados entre el Poder Ejecutivo y entidades populares, es criminalizar los movimientos sociales, en especial el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST).
 
Esta es la tercera Comisión Parlamentaria de Investigación con el mismo objetivo en los últimos siete años.  En el 2003 se creó la “CPMI de la Tierra”, que funcionó hasta noviembre de 2005, y nada probó contra el MST o cualquier otra entidad agraria.  En aquella CPMI, la Bancada Ruralista consiguió rechazar el informe presentado por el Diputado João Alfredo (PSOL/CE), entonces relator de la CPMI, y aprobó el informe del Diputado Lupion (DEM/PR), que propuso clasificar las ocupaciones de tierra como crimen siniestro.
 
En junio de 2007, el Senado aprobó la creación de la CPI de las ONGS, destinada a investigar la utilización de los recursos públicos por entidades de la sociedad civil organizada.  Nuevamente, valiéndose de semejante tesis -es decir, que las entidades populares y movimientos sociales desvían recursos públicos-, los enemigos de la reforma agraria volvieron a atacar, pidiendo que se levante el sigilo bancario, fiscal y telefónico de entidades fraternas del MST.  La CPI todavía está funcionando y su cierre se prevé para febrero de 2010.  Además de analizar la aplicación legal de los recursos, sería importante analizar los resultados de los convenios, y si los objetivos propuestos se cumplieron.
 
Ahora, la Bancada Ruralista volvió a atacar a los movimientos sociales rurales, en especial al MST, con la creación de otra CPMI, buscando dar respuesta a las presiones de su base social, y utilizándola como un medio de impedir la actualización de los índices de productividad.  Los argumentos y la tesis son siempre los mismos: movimientos sociales y entidades populares no tienen derecho a acceder a los recursos públicos.
 
Por otro lado, la instalación de esta CMPI, teniendo como objeto de investigación la actuación de entidades en medio rural, es una excelente oportunidad para investigar, por ejemplo, el destino de los recursos recibidos por el Sistema S.  Esta investigación es oportuna, no sólo por la cantidad de recursos públicos involucrados (entre 2000 y 2009, el SENAR y el SESCOOP, entidades dominadas por las entidades de los hacendados, que recibieron sólo en recursos de contribución obligatoria, más de R$ 2 mil millones), pero también por las varias evidencias de malversación de los mismos.  En reiteradas decisiones del Tribunal de Cuentas de la Unión, por ejemplo, estos recursos no habrían siendo utilizados para educar y entrenar al pueblo del campo, sino para mantener de forma irregular, las estructuras administrativas y privilegios de las Federaciones patronales.
 
Además, siguiendo lo que está propuesto en la enmienda de la demanda aprobada, es una excelente oportunidad para investigar la compra fraudulenta de tierras publicas en los más diversos Estados de la Federación, que la prensa denunció y que relaciona inclusive a parlamentarios como la senadora Katia Abreu, en el estado de Tocantins, o banqueros bajo sospecha, como es el caso de la compra de 36 haciendas en apenas tres años en el sur de Pará por el Banco Oportunity, lo que fue denunciado en la investigación de la Policía federal.
 
O aún más, como la compra de tierras por empresas extranjeras en la franja de frontera. Como sucede con la empresa Stora Enso, en Rio Grande do Sul (RS), y la secta Monn en Mato Grosso do Sul (MS). Además de la notoria desnacionalización de los recursos naturales y de la agricultura brasileña, que pasa a ser controlada cada vez más por empresas transnacionales, que imponen su lógica de lucro y afecta la soberanía alimentaria de nuestro país.
 
La violencia en el campo (y sus causas) es otra realidad a ser investigada.  En los últimos años, han muertos diversos líderes del MST y de otros movimientos agrarios.  Desde el retorno a la democracia, en 1985, hasta estos días, han sido asesinados más de 1600 líderes de los trabajadores rurales, incluyendo agentes de pastoral, abogados, etc.  De estos apenas 80 casos llegaron a los tribunales y menos de 20 han sido juzgados. La CPMI necesita investigar a los responsables y por que el Poder Judicial es tan tolerante con los latifundistas, autores intelectuales de esos crímenes.
 
Recomendamos que el Parlamento brasileño investigue porque un verdadero oligopolio de empresas extranjeras domina la producción de agrotóxicos, y transformó a Brasil en el mayor consumidor mundial de venenos agrícolas, afectando la calidad de los alimentos y la salud de la población, sin ninguna responsabilidad.
 
Entendemos que estos serían algunos de los temas que esta CMPI deberá investigar, contribuyendo a la construcción de una sociedad verdaderamente democrática, apoyando las iniciativas populares, inclusive de las organizaciones y movimientos que, en conquista de un pedazo de suelo, producen alimentos para la población brasileña.  La restricción del trabajo de esa CMPI a la investigación sólo de convenios de entidades fraternas del MST representará únicamente una iniciativa parlamentaria de criminalización de los movimientos sociales y no una contribución al desarrollo y democratización del campo brasileño.
 
Queremos manifestar a los señores nuestra total solidaridad con el MST y a todos los movimientos sociales y entidades que ponen sus esfuerzos en la lucha por una reforma agraria justa y necesaria.  El Brasil nunca será una sociedad democrática, ni justa, si no resuelve esa vergonzosa concentración de la propiedad de la tierra, en que apenas 15 mil hacendados son dueños de 98 millones de hectáreas, como denunció el último censo, y que menos de 2% del total de los establecimientos controlan más de 45% de todas las tierras.  Y quien lucha por la democratización de la propiedad, no puede ser criminalizado justamente por aquellos que quieren mantener el monopolio de la propiedad de la tierra.
 
Atentamente,
 
(La carta firmada puede ser enviada por correo electrónico a: Diputado Jilmar Tatto relator - dep.jilmartatto@camara.gov.br  y al Senador Almeida Lima presidente de la cpmi - almeida.lima@senador.gov.br)