A la violencia desatada contra las ocupaciones de tierras improductivas en Brasil no se le ha asignado
"intensidad", pero su cronología da cuenta de una guerra declarada, cuyas características apelan a reflexionar
sobre las condiciones bajo las cuales la palabra guerra se vuelve objeto de notificación.

Para desalojar a los/as sin tierra de los asentamientos, los pistoleros usan armas de grueso calibre, hay presencia
de tanques y helicópteros, suenan disparos, se lanzan bombas lacrimógenas, hay vejaciones, violaciones,
deportaciones masivas, muertos y heridos. Las barracas y pertenencias de los/as campesinos son quemadas,
robadas o destruidas y, como si eso fuera poco, la mayoría de veces son los/as agredidos quienes terminan tras
las rejas.

Asimismo, aunque el artículo 172 del Código de Procesamiento Civil de Brasil prohíbe los desalojos antes de
las 6 de la mañana, 'estos casi siempre se realizan durante la madrugada y por lo general carecen de mandato
judicial.

Según el Jornal do Brasil (19/03/99), los hacendados han llegado hasta a anunciar la utilización de minas
terrestres contra las ocupaciones de tierras improductivas, que en los últimos dos años, en razón del incremento
del desempleo, se han multiplicado. Hoy existen más de 10 mil familias acampadas, tan sólo en el región del
nordeste 1.134 familias acampadas esperan su asentamiento.

En algunos desalojos interviene directamente la policía militar y civil, en otros existen sospechas
fundamentadas de que algunos de los pistoleros, pagados por los hacendados, son policías; no obstante, el uso
invariable de máscaras hace imposible reconocerlos. En todo caso, su presunta neutralidad frente a la acción de
los pistoleros se convierte en colaboración, pues no impiden las acciones violentas ni arrestan a los
responsables.

La segunda semana de mayo, Querencia do Norte, en Paraná, actualmente en estado de sitio, fue escenario del
"montaje de un operativo de guerra contra los trabajadores sin tierra, con la movilización de más de dos mil
policías, tanques, perros entrenados para atacar a multitudes, helicópteros, grupos anti-secuestro y anti-guerrilla,
más de cien camiones, más de 30 autobuses, tropas de choque, bombas lacrimógenas, etc.

Este tipo de mega operativos no son aislados, en el Municipio de Mariluz, también en Paraná, "aproximadamente
700 miembros de la policía militar realizaron un desalojo durante la madrugada (07/98), los policías
destruyeron todas las pertenencias de los trabajadores y robaron el poco dinero que encontraron. La policía
utilizó 15 autobuses para llevar a los trabajadores hasta la frontera con Paraguay, donde fueron abandonados
apenas con la ropa que llevaban y sin alimentos, muchas familias fueron desmembradas". En los últimos
acontecimientos represivos en Paraná se habla incluso de limpieza étnica.

Estos ejemplos ilustran la magnitud de los desalojos, pues en cualquier parte del mundo 2.000 militares con
tanques, helicópteros y demás implementos, son un ejército actuante, y los desplazamientos forzados son
condenados por la legislación humanitaria internacional, como lo son los allanamientos, la tortura y
encarcelamientos sin mandato judicial.

No obstante, el caso de la guerra contra los/as sin tierra no ha sido aún objeto de condena ni de la Comisión de
Derechos Humanos de la ONU ni de aquella de la OEA y, mientras los expedientes sobre estas agresiones se
apolillan en los archivos de los juzgados locales, el gobierno de Fernando Henrique Cardoso es considerado
autoridad en temas de derechos humanos.

En Paraná, uno de los Estados más afectados por la represión, días después de un desalojo realizado por la
policía militar, el propio secretario de seguridad C'andido Martins de Oliveira, declaró a la prensa que había
pedido moderación y que "los policías sólo debían haber disparado a las piernas", pero hubo heridos y muertos.

Descabezar al MST

Las indagaciones sobre la violencia son rápidamente archivadas o reposan como pendientes en las gavetas, la
impunidad reina y más bien se han hecho públicas listas de líderes del Movimiento Sin Tierra - MST - marcados
para morir.

El caso del equivocado asesinato de Eduardo Anguinoni (03/99), dedicado a su hermano Celso Anguinoni,
miembro de la Dirección Nacional del MST, cuyo nombre figura en dichas listas, puso en evidencia que en
Paraná la persecución contra los líderes ya no se agazapa más.

El pasado 5 de abril, el coordinador regional del MST Seno Staat, fue secuestrado y torturado durante 5 horas en
el Municipio de San Francisco Beltrao (Paraná). En ese lapso, "unos 10 torturadores, contratados por la
maderera Santana, insistieron en que si el MST no para de ocupar haciendas, 'el y una lista de personas
claramente mencionadas iban a morir.

Seno Staat, sufrió quemaduras en los brazos, ahogamiento, estrangulamiento, golpes en todo el cuerpo, golpe del
vacío y, en todo momento, permaneció con un revolver apuntando hacia su cabeza, con la amenaza de apretar el
gatillo en cualquier rato".

Celso Anguinoni y Seno Staat, vienen sufriendo amenazas de muerte y sus vidas corren peligro, ellos figuran en
una lista de marcados para morir atribuida a la organización derechista UDR, donde están también Jaime
Calegari, Ademir Dalazen, Antonio Arrepiado, Claimar Jairo Zatta, Delfino Becker, Pedro Cabral, Julir das
Chagas Martins y otros líderes del MST.

Por su parte las autoridades, que en muchos casos han sido advertidas sobre las amenazas y el peligro de la
violencia, mantienen una aparente "neutralidad".

"Celso Anguinoni participó a la audiencia pública de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de
Diputados (12-02-98), donde denunció la situación de violencia en el noreste de Paraná y advirtió que los
miembros del MST, incluso él, estaban sufriendo amenazas de muerte. Y que, además, era de conocimiento de la
Secretaría de Seguridad Pública del Estado la referida lista de personas amenazadas por la UDR y, no obstante,
nada se hizo para evitar el episodio que culminó en el asesinato de Eduardo", señala un comunicado del MST.

La guerra económica

Mientras el Movimiento Sin Tierra ha sido reconocido con significativas preseas internacionales por su
proyecto colectivo de desarrollo sustentable y sus acciones efectivas de lucha contra la pobreza, el gobierno de
Fernando Henrique Cardoso se ha empeñado en desmantelarlo a través de la puesta en aplicación de mecanismos
económicos, encaminados a dar soluciones individuales a algunos casos.

La estrategia de aplicación de estos mecanismos comprende cuatro puntos principales: substituir la
expropiación de latifundios por la venta de tierras, facilitada por préstamos de poca cuantía otorgados por el
Banco de la Tierra, un programa conjunto del gobierno brasileño y el Banco Mundial; desmantelar el Instituto
Nacional de Reforma Agraria - INCRA - y transferir la responsabilidad a los gobiernos estatales; acabar con los
créditos y subsidios del Estado para los pobres; e introducir una nueva política de desarrollo para los
asentamientos, a través de la cual por el otorgamiento de unos 1.800 dólares por familia, 'estas se hagan
individualmente responsables de la contratación de empresas de topografía, construcción de carreteras y casas.

En síntesis, el gobierno está descomprometiendo al Estado de su responsabilidad en lo relativo a la reforma
agraria y transfiriendo al mercado el futuro de los millones de sin tierra del país.

La posibilidad individual de acceder a los créditos del Banco de la Tierra es vista como una estrategia para
disminuir las posibilidades de acción colectiva, autonomía y proyecto común, propuesta por el MST.

La guerra ideológica

Mientras las movilizaciones del MST han ido ganando simpatía y legitimidad en la opinión pública brasileña, el
gobierno ha desatado grandes campañas mediáticas de propaganda para restar importancia a su enfoque colectivo
y ponderar el modernismo del enfoque mercantil.

La propuesta de la salida económica para comprar la tierra, al precio que los latifundistas impongan, endeudando
de por vida a los sin tierra, es presentada como una solución a las ocupaciones de tierra, cuya lógica interpone
una solución mercantil a la idea de co-responsabilidad social y desarrollo colectivo inherente a los
asentamientos.

También se verifica, particularmente en los recientes hechos acontecidos en Paraná, una suerte de lineamientos
para la información que se difunde y hasta se habla de restricciones a la libertad de prensa.

La intensidad de los derechos humanos

El silencio sobre la correlación y complicidad entre las acciones del gobierno y aquellas de los latifundistas,
que han llevado a una agudización de las violaciones de los derechos humanos de los sin tierra en Brasil,
interpelan a la comunidad internacional en varios sentidos, entre ellos el de actuar inmediatamente para que el
gobierno de ese país garantice la vida y la integridad de los trabajadores rurales sin tierra y de sus líderes; como
también actuar para que cesen la impunidad y la violencia, los desplazamientos forzados, los desalojos, las
violaciones y encarcelamientos ilegales.

Más aún, sería de esperar que las Comisiones de Derechos Humanos de la ONU y la OEA, llamen la atención del
gobierno brasileño tanto sobre la persistencia y magnitud de la violencia como sobre la impunidad reinante.

La propia existencia de los sin tierra es un producto de la violación de los derechos económicos, sociales y
culturales, en un país que tiene el premio de ubicarse entre los de mayor concentración de la riqueza y más
amplia magnitud de la pobreza, cuyas soluciones pasan por el desarrollo de una propuesta de sociedad que
respete todos los derechos humanos: universales e indivisibles.