En el Brasil existen más de 3 millones de propiedades rurales catastradas, que ocupan un área de 331 millones
de hectáreas. De este total, los minifundios representan el 62,2% de las propiedades que ocupan el 7,9% del
área total. Mientras que los latifundios equivalen a una concentración del 2,8% y ocupan el 56,7% del área total.
A esta situación se suma la improductividad de la tierra que alcanza a una media nacional del 62,4%, según datos
del Incra (Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria), lo que significa que más de 35 mil latifundios
repartidos en 166 millones de hectáreas están desaprovechados.

Enmienda constitucional

Frente a esta desproporcionada realidad el "Foro Nacional por la Reforma Agraria y Justicia en el Campo"
presentó una propuesta de enmienda constitucional que busca establecer un límite máximo a la propiedad de la
tierra en el Brasil.

El texto de la enmienda que se incluiría al inciso V de la Constitución Federal, propone la condición que el "área
total de un inmueble no debe ser de más de 35 módulos fiscales (*), único o en conjunto en todo el territorio
nacional, bajo el dominio o cualquier título, de una misma persona física o jurídica". Y un párrafo único al
artículo 186 que plantea que "el requisito fijado en el inciso V será auto aplicable, siendo que la incorporación al
patrimonio público del inmueble rural con un área superior al límite establecido en ese inciso será libre de
indemnización, al titular, del respectivo valor de la tierra correspondiente a la parcela del área excedente a los
treinta y cinco módulos fiscales". Estas medidas darían la garantía de una repartición más justa de la tierra y se
evitaría la concentración en pocas manos.

La Campaña

Para esto, el Foro Nacional por la Reforma Agraria y Justicia en el Campo, lanzó la Campaña Nacional por la
Enmienda Constitucional que establece un límite máximo a la propiedad de la tierra en el Brasil "Límite de
Justicia: Un millón para repartir la tierra y multiplicar el pan" con el fin de recoger un millón de firmas en
respaldo a la petición de enmienda constitucional.

La campaña fue lanzada en Brasilia, en el Espacio Cultural de la Cámara de los Diputados, con la presencia de
los representantes de los miembros del Foro. El documento del proyecto de enmienda, fue entregado al
presidente de la Cámara, Michel Temer, quien lo consideró "muy importante". También fue entregado en el
Palacio de Planalto y en el Tribunal Supremo Federal, mediante una audiencia con su presidente, Carlos Veloso,
quien motivado por la campaña, propuso un foro de debates con juristas sobre la función social de la propiedad.

De esta manera la campaña inició su recorrido por todo el país, buscando firmas de apoyo, tomando en cuenta
que el proyecto de enmienda ya tiene las 171 firmas necesarias para su presentación formal en el Congreso. De
cualquier manera este millón de apoyos serían una presión para que el Congreso lo tome muy en cuenta.

El gobierno de FHC

Si bien el presidente Fernando Henrique Cardoso (FHC), se vanagloria de su política de reforma agraria y su
oposición al latifundio, la actual situación del país demuestra lo contrario. La política agraria se redujo y casi
desapareció, tanto así que entre 1995 y 1999 se produjo un éxodo rural de más de 4 millones de personas, al
tiempo que el gobierno habla de haber asentado a más o menos 1,8 millones. Se calcula que al ritmo de
asentamientos que lleva el gobierno se demoraría no menos de 50 años para asentar a todos los trabajadores
rurales sin tierra del Brasil.

El programa más reciente del gobierno, llamado "Nuevo mundo rural", prioriza la descentralización de las
acciones de reforma agraria: del gobierno central a los Estados y municipios. Mas esta medida tiene sus
limitaciones como las que ellos no tienen competencia, ni recursos, peor aún estructuras creadas, que permitan
la ejecución de una verdadera reforma agraria.

Este programa gubernamental pretende entregar a los terratenientes la responsabilidad de la redistribución de la
tierra por medio de la implantación de los programas Cédula de la Tierra y Banco de la Tierra. Estos programas,
que cuentan con el apoyo del Banco Mundial, están orientados a sustituir el proceso de expropiación de la tierra
conforme lo determina la Constitución, estableciendo un mercado de tierras que permitiría que los latifundistas
vendan sus peores tierras a precios más altos.

Como consecuencia inmediata de estas acciones, la estructura del Incra sería desmantelada y perdería su
capacidad de cumplir su mandato consitucional. Si se genera un mercado de la tierra en el cual el Estado ya no
garantice la función social de la tierra, serán los latifundistas los que controlarán la situación. De modo que se
anularía la principal conquista social incluida en la Constitución Federal y en el Estatuto de la Tierra: la
exigencia del cumplimiento de la función social de la propiedad de la tierra.

Foro por la Reforma Agraria

El tema de la reforma agraria en el Brasil nunca ha sido tratada como una prioridad por los gobiernos. De cara a
esta realidad, en 1995 se conformó el Foro Nacional por la Reforma Agraria y la Justicia en el Campo, con el
propósito de articular las acciones de las entidades de la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales que
trabajan por la reforma agraria.

La actividad del Foro se orienta a lograr que la reforma agraria no sea vista solamente como un asunto de la
gente del campo, sino que sea entendida como un problema nacional, en tanto es un factor de generación de
empleo y de renta, de disminución de éxodo de campesinos a las ciudades, de distribución de la tierra y de la
renta, o sea un asunto de desarrollo sustentable. Según datos mundiales, Brasil es uno de los dos países del
mundo donde las personas de las ciudades quieren volver al campo. En las ciudades, el desempleo y el deterioro
de la calidad de vida hace que los centros urbanos sean cada vez más insustentables. En este contexto la reforma
agraria es un elemento central del nuevo rumbo en el desarrollo del Brasil.

(*) Un módulo fiscal es la denominación técnica que el gobierno da al tamaño mínimo que debe tener una
propiedad rural de acuerdo a la región del país. El tamaño lo determina el INCRA sobre la base estudios
técnicos.