Ciudad de México

En la década de 1960, los tupamaros luchaban contra el mayor latifundio de Uruguay, que tenía 33 mil hectáreas. Hoy, sólo una empresa norteamericana posee 120 mil hectáreas de plantaciones de eucaliptos. “Uruguay está viviendo un proceso de concentración de la tierra que jamás habíamos visto. Son los nuevos latifundios, pero muchos más extensos", afirma el ecologista uruguayo Carlos Santos, de la Red Amigos de la Tierra. En esta entrevista, realizada durante el Foro Internacional en Defensa del Agua, en Ciudad de México, Santos cuenta sus experiencias de cómo fue la lucha de los uruguayos para expulsar a las transnacionales del agua del país y cómo fue el plebiscito que incorporó un artículo en la Constitución que impide la privatización del agua. Para los ecologistas uruguayos, la lucha contra las fábricas de celulosa forma parte de la lucha por la defensa de los recursos hídricos.

- ¿Como se gestó el proceso del plebiscito que incorporó al agua como derecho y bien público en la Constitución de Uruguay?

El proceso del plebiscito se desencadena a partir de la firma de la carta de intención entre el gobierno uruguayo y el Fondo Monetario Internacional, donde el país se comprometía a extender la privatización a todo el país. La privatización había comenzado en la segunda mitad de la década de 1990, con la participación de la empresa francesa Suez, y se extendió hasta el año 2000, con la empresa española Aguas de Bilbao. Con esas dos empresas, se privatizó todo el sistema de agua del Departamento de Maldonado, ubicado en la costa atlántica de Uruguay, que, en el contexto de las empresas públicas de agua, era el segundo en recaudación. Cuando comenzó la concesión del agua, en 1993, era presidente Luis Alberto Lacalle. La expansión de la Suez continuó bajo la presidencia de Julio María Sanguinetti, y la entrada de Aguas de Bilbao se efectúa en el período de Jorge Batlle. O sea, todo un conjunto de presidentes neoliberales que fueron dejando su rastro en la privatización del agua.

La carta con el FMI fue suscrita por el presidente Batlle. En 2002, en plena crisis financiera del Río de la Plata, en Argentina y en Uruguay, la garantía que el país dio para la renegociación de su deuda fue la apertura del servicio público del agua a la participación privada.

Cuando se suscribe la carta de intención, varios actores sociales empiezan a movilizarse. Algunos ya estaban organizados en la Comisión de Usuarios de la Costa, donde se extendería el proceso de privatización del agua. Este grupo comienza a movilizarse, entra en contacto con el sindicato de trabajadores de las empresas de agua, con organizaciones ecologistas, como la que integro, y ahí empieza a formarse una especie de núcleo, con la entrada también de la comunidad de Maldonado.

Así, se forma una Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida. La primera idea que se gesta es un proyecto de ley de iniciativa popular. Sin embargo, justo en el proceso de discusión del Area de Libre Comercio de las Américas, que de aprobarse se colocaría por encima de todas las leyes nacionales, la estrategia fue trabajar en el nivel constitucional, que es el marco legal más alto del país. Entonces escribimos un manifiesto y comenzamos a recolectar firmas, en octubre de 2002. En octubre de 2003, se entregaron las 300 mil firmas necesarias para hacer el plebiscito en octubre 2004, junto a la elección presidencial. Cuando se concluye la votación, el plebiscito del agua tiene un 64% de apoyo de la sociedad, mientras el Frente Amplio, de Tabaré Vásquez, tuvo un 51%, lo que significa que conseguimos un consenso bastante amplio en la sociedad.

- ¿Cuál es el contenido de la ley?

Es un artículo bastante extenso, pero básicamente expresa que el agua es un derecho humano fundamental, la gestión del agua corresponde exclusivamente a entidades públicas, con criterios de participación, control social y gestión sustentable. Después, hay disposiciones muy puntuales, por ejemplo, se prohíbe pagar indemnizaciones a las empresas por las utilidades que podrían ganar.

- ¿Qué organizaciones participaron es este proceso?

El núcleo que fundó la comisión estuvo compuesto por la Federación de Empleados de las Empresas Estatales de Agua, la comisión de los habitantes de La Costa, los habitantes de Maldonado y la Red Amigos de la Tierra. Así que este núcleo comenzó a funcionar, luego se sumaron organizaciones como la Central Única de los Trabajadores, otros sindicatos, organizaciones de productores rurales, institutos académicos, activistas, etc. Cuando conseguimos las 300 mil firmas, logramos el apoyo del Frente Amplio, que formó parte de la comisión entre 2003 y 2004, promoviendo el plebiscito, y también de un sector del Partido Nacionalista, que veía el plebiscito como una manera de defender la soberanía del país sobre los recursos naturales. Después del plebiscito, los partidos se retiraron de la comisión, que actualmente sigue funcionando.

- ¿Cuáles son los desafíos de la comisión hacia el futuro?

El primer problema que tuvimos fue que el Gobierno Tabaré, presionado por las multinacionales, suscribió un decreto que va en contra la Constitución. Esta dice que las transnacionales deberían retirarse del país, porque la gestión del agua debe ser pública, pero el decreto permitía la presencia de las dos empresas: la española y la francesa. Entonces, en un primer momento, estuvimos dedicados a esto. En octubre de 2005, la Aguas de Bilbao se retiró del país. Ahora, en febrero, le tocó a la Suez. Con la tranquilidad de la primera gran tarea cumplida, estamos comenzando una discusión sobre una política nacional del agua, o sea, cómo hacer que el principio que está en la Constitución sea aplicado. Necesitamos reglamentar, entonces el debate que está dándose a nivel parlamentario. Se creó una secretaría de aguas, con la participación de la sociedad, y estamos estimulando la participación de las comunidades locales en la gestión del agua. Y otro problema que la comisión debe enfrentar ahora es el conflicto por la construcción de las fábricas de celulosa, que también es una de nuestras preocupaciones. La Comisión Nacional en Defensa del Agua considera que esas dos empresas contaminantes no sólo van a traer efectos ambientales graves, sino que también van a consolidar, en Uruguay, un modelo de desarrollo que no fue definido democráticamente, que es el modelo del monocultivo ambiental para la producción de celulosa. Estamos impulsando un debate, tomando como punto de partida nuestra propia Constitución, que dice que el uso del agua debe estar orientado primero por objetivos sociales antes que económicos.

- ¿Son solamente esas dos fábricas que se están instalando en Uruguay?

Existen actualmente dos pequeñas plantas, que en la realidad atienden la demanda de papel de Uruguay y aún exportan. O sea, la demanda del país está cubierta. Una de las fábricas que está por construirse, perteneciente a la empresa finlandesa Botnia, es una de las mayores del mundo y va a producir pasta de celulosa para Europa, que es la parte más contaminante del proceso de la producción del papel. Afectará no sólo a Uruguay, porque la demanda es tan grande que va a demandar eucaliptos de Uruguay pero también del sur de Brasil y de Argentina. Todo esto va a provocar un efecto muy significativo en el modelo de desarrollo de toda región. Además de las dos fábricas finlandesas que deben instalarse, tenemos informaciones de se prevé instalar por lo menos otras dos plantas más. Una sería la Stora Enso, que está instalándose en Rio Grande do Sul, y otra sería de capital norteamericano. Pero hay gente que habla de hasta siete fábricas de celulosa para Uruguay. Vamos a dejar de ser un país que produce carne y alimentos, para ser un país productor de monocultivo de árboles. Para nosotros, la preocupación no es sólo por los efectos ambientales de este modelo sobre el agua y el ecosistema de la pampa, sino por los efectos sociales que ese tipo de cultivo genera. Se está expulsando a los trabajadores del campo, porque los dueños venden la tierra y los trabajadores que la ocupan se ven obligados a salir, o porque los trabajadores se ven rodeados de eucaliptos y no pueden ya trabajar, porque crecen las plagas y no tienen agua.

Además, está generando un proceso de concentración de la tierra que jamás habíamos visto en Uruguay. Son nuevos latifundios, pero muchos más extensos. Los tupamaros, guerrilleros uruguayos, siempre enfrentaron uno de los mayores latifundios del país en la década de 60, que tenía 33 mil hectáreas. Actualmente, una empresa norteamericana tiene 120 mil hectáreas en Uruguay, o sea, se está produciendo una latifundización y una extranjerización del país. Los propietarios de estas plantaciones de eucaliptos son norteamericanos, españoles, finlandeses, chilenos, argentinos. Por lo tanto, asistimos a una de las transformaciones más fuertes en el medio rural uruguayo y, si se permite a todas estas fábricas, este proceso será irreversible.

- ¿Cuál es su opinión sobre la acción de las mujeres de la Vía Campesina contra Aracruz Celulosa, en Rio Grande do Sul?

Es muy buena. Creo que en Uruguay no pueda suceder algo así, porque la población es mucho menos densa que en Brasil, y también por cuestiones culturales y de organización política. Entiendo perfectamente que las mujeres de la Vía Campesina hayan reaccionado de esa manera, porque todos esos efectos de los monocultivos de eucaliptos y de las fábricas de celulosa son contrarios a los derechos humanos de la población y favorecen a los intereses de las grandes corporaciones.