Tribunal del Agua condena la obra de Geraldo Alckmin

2006-03-22 00:00:00

Ciudad de México

El Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA), que terminó este martes, en Ciudad de México, emitió un veredicto final responsabilizando al Departamento de Aguas y Alcantarillado del Gobierno del Estado de Sao Paulo “por el perjuicio ambiental causado al depositar material de drenaje en la Laguna Carapicuíba, provocando su contaminación”. La obra cuestionada era la niña de los ojos del gobernador Geraldo Alckmin, que en 2002 comenzó a despejar el material del drenaje del Tietê para hacer un terraplén en la laguna con el propósito de construir un parque.

El Tribunal Latinoamericano, una de las actividades paralelas al IV Foro Mundial del Agua, que se desarrolla en la capital mexicana, analizó un total 13 casos de contaminación y explotación predatoria de recursos hídricos en América Latina. Participaron como jurados magistrados y especialistas de diversos países, entre ellos el brasileño Alexandre Camanho de Assis, procurador general de la República. El brasileño Rodrigo Ferreira, de la Defensoría del Agua, fue invitado a rendir testimonio sobre el caso en el Tribunal, pero se le negó la visa en el consulado mexicano, pese a que presentó toda la documentación exigida. Tarso Marraccini, de la Escuela Chico Mendes, sustituyó a Ferreira.

La laguna de Carapicuíba es producto de un proceso artificial de 20 años de extracción de arena, cuya excavación fue inundada después mediante un desvío del río Tietê. La laguna actualmente se encuentra en Barueri, Osasco y Carapicuíba; con una superficie de aproximadamente 1,6 millones m2, fue declarada área protegida en 1987.

Después del inicio del Proyecto Tietê, en la década de 1990, el material retirado del drenaje del río fue trasladado a un terraplén en la laguna de Carapicuíba. El responsable de la ejecución de estas obras fue el DAEE, que debía cumplir la función de despejar los materiales peligrosos o inertes a otras zonas, para evitar daños. El terraplén comenzó en el 2002. En mayo del año siguiente, hubo una mortandad masiva de peces en la laguna, despertando sospechas sobre la naturaleza del material depositado en la laguna. El DAEE, en vez de separar los materiales contaminados y trasladarlos a otra área, colocó indistintamente todo el material dragado en la Laguna.

El TLA también responsabiliza al Supremo Tribunal Federal que, aún reconociendo los daños ambientales, autorizó la continuación del trabajo por razones económicas. Además del STF y del DAEE, el veredicto menciona al Gobierno del Estado por "omisión, falta de compromiso y por decisiones contradictorias, siempre en perjuicio de la vida, la salud y la naturaleza".