"Es inaceptable la injerencia que el Banco Mundial promueve para ejercer programas de política agraria en nuestros países, cuyas consecuencias son la liberación de los mercados y la extensión de los planes de ajuste estructural, lo que los ha llevado a la extrema pobreza. Ese escenario genera la mercantilización de los servicios básicos y de la tierra, del agua y de la biodiversidad; disminuyendo el papel del Estado dejan ese control en manos de la oligarquía financiera". Esa es la posición defendida por el nicaragüense Fausto Tórrez en este segundo Foro Tierra, Territorio y Dignidad.

Tórrez es dirigente de la Campaña Global por la Reforma Agraria de la Vía Campesina, que se contrapone a la reforma agraria de mercado vendida e implementada por el Banco Mundial en varios países de todos los continentes. La organización defiende el principio de la propiedad social de la tierra, donde se democratice la estructura agraria y los pueblos tengan su soberanía alimentaria garantizada.

Implementada por el Banco Mundial en cerca de 30 países en desarrollo, su política tiene como lema: ‘‘aliviar la pobreza rural''. Los resultados de diversas investigaciones y experiencias en naciones como Colombia, Brasil, Sudáfrica, Guatemala y Tailandia, muestran sus problemas y demuestran que el proyecto no alivia la pobreza y endeuda a los campesinos.

Según el estudio realizado por la Red de Investigación Popular, constituida por las organizaciones de la Vía Campesina, los proyectos agrarios del Banco Mundial benefician a los grandes propietarios de tierras, que son pagados por mantener áreas improductivas, consideradas reservas de valor. La iniciativa viola la Constitución Federal, que determina la desapropiación de tierras improductivas.